El Gobierno contesta a Ayuso tras su recurso en el Supremo por el decreto de universidades: "Estrangulamiento de lo público"

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar un paso más allá en su cruzada contra Moncloa en materia universitaria, llevando el Real Decreto del Ministerio ante el Tribunal Supremo alegando una “invasión competencial”. Un movimiento que, desde Moncloa, lo han replicado desgranando la razón de ser de la normativa gubernamental.

El decreto estatal impulsado por el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación dirigido por Diana Morant el pasado mes de octubre fija controles comunes para la creación de nuevas universidades públicas en España, así como establecer coto al auge de los centros privados. En este sentido, tal y como han trasladado fuentes del departamento gubernamental este miércoles, actualmente se está atendiendo en España a “una eclosión de universidades privadas que, en algunos casos, no están cumpliendo con los criterios mínimos de calidad en docencia e investigación”.

Estas fuentes han asegurado que “no es ninguna sorpresa” que el Ejecutivo de la Puerta del Sol se muestre “contrario” a la normativa estatal “porque colisiona con su estrategia de apoyo a la expansión de las universidades privadas, sin importar su calidad, al tiempo que recorta la financiación de las públicas”. De esta manera, perciben que Díaz Ayuso ha utilizado “la misma fórmula” que con la educación y la sanidad públicas de la región: “Estrangulamiento de lo público para dejar hueco a lo privado, provocando un debilitamiento del Estado del bienestar”, han reprochado.

La razón de ser del Real Decreto de universidades

Entrando en detalle, las fuentes del Ministerio reiteran que esta nueva normativa “introduce criterios de supervisión y control”, además de “endurecer los criterios de calidad para asegurar que todas las universidades sean solventes, impartan una docencia de calidad y se comprometan con la investigación”. Unas pautas que “no son arbitrarias”, como bien ha argumentado el Ejecutivo de Ayuso en su recurso ante el Supremo, sino que son “muy meditados, ponderados y realistas” para que todos los centros, independientemente de públicos o privados, “garantices sus estándares altos de calidad, sostenibilidad y masa crítica”.

Haciendo hincapié en la principal acusación del Gobierno madrileño sobre las competencias en materia universitaria, el departamento de Morant incide en que el Real Decreto “no vulnera competencias autonómicas porque es competencia del Estado definir los principios normativos generales del sistema y velar por su calidad”.

Al igual, tampoco es cierto “que limite injustificadamente la libertad de empresa”, otro de los argumentos de peso de Díaz Ayuso, debido a que “respeta el libre mercado, pero lo regula para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y la sociedad, de la misma forma que existen regulaciones muy exigentes por ejemplo en sanidad o en el mercado bancario o energético”.

Entre otro de los puntos a destacar, fuentes del Ministerio también señalan la falsedad de que la normativa se haya tramitado “sin consulta pública previa” como sí ha deslizado el Ejecutivo de Sol, recordando así que hubo una audiencia pública en abril y se recibieron propuestas de hasta 68 instituciones, “incluidas las Comunidades Autónomas”: “Se tramitó de forma totalmente transparente y se aprobó de acuerdo con el Consejo de Estado”.

En última instancia, desde Moncloa reiteran que, en materia universitaria, “Madrid es, claramente, la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades públicas, con una inversión por estudiante 25 puntos por debajo de la media española”. A su vez, cabe recordar que en la región hay seis centros públicos -Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá de Henares, Carlos III y la Rey Juan Carlo- frente a otros 14 privados.

Ayuso lleva el decreto estatal ante la Justicia

Ha sido en la mañana de este miércoles cuando ha trascendido el último movimiento del Ejecutivo madrileño a la contra del dictamen estatal. El recurso ante el Alto Tribunal, tramitado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid justifica que el texto “invade competencias autonómicas” e incorpora parámetros “arbitrarios”, situando como ejemplo la exigencia de un mínimo de 4.500 estudiantes por cada nuevo centro, lo que consideran que es un tope artificial.

El Gobierno de Ayuso se ampara en el artículo 27 de la Constitución Española, por el cual se garantiza a las comunidades la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas, y que el Estado debe limitarse a fijar la normativa básica. Según su interpretación, el nuevo decreto “rebasa claramente ese marco” y deja a las autonomías un papel meramente ejecutor. Por ello, Madrid enmarca su recurso como una defensa de la autonomía regional frente a lo que consideran una “injerencia” de Moncloa.