Este jueves la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional publicaba un informe en el que, además de acusar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber cobrado 200.000 euros del grupo peruano Grupo Gloria a través de Focus Social, filtraban en el anexo datos personales del expresidente que han llevado a que este jueves el juez José Luis Calama haya pedido investigarlo y al propio Zapatero a pedir la nulidad del caso por vulneración de derechos fundamentales.
A través de un incidente de nulidad, el expresidente del Gobierno ha pedido declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia. Asimismo, Zapatero argumenta que se ha incorporado al procedimiento prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales" tanto de él como de otros. "Todas esas resoluciones, que no se han notificado a mi mandante y se dictaron cuando mi representado no formaba parte del proceso, vulneraban derechos fundamentales y de terceros que son susceptibles de ser denunciados a través de este cauce extraordinario", expone el expresidente en el incidente de nulidad.
Por su parte, el juez Calama que dirige la causa desde la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que pide que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente con su secretaria, Gertrudis Alcázar. En el escrito, el magistrado acuerda deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue filtraciones producidas en la causa "dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".
Moncloa muestra "preocupación" por las filtraciones
Bajo este marco, desde Moncloa han expresado su "preocupación" por la "creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso", en referencia a los chats privados entre Zapatero y su secretaria. "Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas", sostienen fuentes del Gobierno.
En esta línea, critican que la intimidad y la privacidad de los ciudadanos son "derechos fundamentales" que "no son negociables" y recuerdan que hay una "obligación" de proteger su "núcleo esencial". "Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial", reiteran. Así, estas mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo seguirá trabajando para "garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas".
Por su parte, la reacción a las filtraciones también ha partido de otros miembros del Gobierno como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En los pasillos del Congreso, Puente ha valorado de "extrema gravedad" la filtración de la agenda del expresidente y ha defendido que hay una “causa general” contra él. En esta línea, el ministro tilda de "escandaloso" la filtración a los medios de comunicación de la agenda de Zapatero porque recoge "muchos aspectos" de la vida privada del expresidente, pero sobre todo teniendo en cuenta la reciente condena y expulsión del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz "por la filtración, bien por su parte o por alguien de su entorno, de extremos que eran de absoluto interés público".
Entre presiones de la oposición
No obstante, distinto tono han adoptado desde las filas de ERC. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha afirmado que el expresidente debería facilitar explicaciones sobre las últimas informaciones relativas a pagos por gestiones en Bolivia, señalando que "ya tarda" en darlas; y ha insistido en la necesidad de regular la figura de los expresidentes.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Rufián ha reconocido que no es "objetivo" al ser preguntado por Zapatero, pero ha señalado que debe regularse la figura del expresidente porque "el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias u otra cosa es muy fina". No obstante, Rufián ha tildado de "barbaridad" la filtración y ha dicho que es algo que pasa en España "desde hace ya muchísimo tiempo sin que ocurra nada". "Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en un digital de derechas, por lo que sea", ha añadido.
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido pronunciarse al respecto señalando que "Zapatero, en nombre del Reino de España, ha hecho todos los negocios, se veía tan impune coqueteando entre las dictaduras y con el amparo del Gobierno que negociaba cualquier cosa, en cualquier ministerio, se sentaba con el fiscal cuando le daba la gana, se sentaba con Puigdemont a cerrar y acordar cuestiones".
En una entrevista a Telecinco, la lideresa regional ha subrayado que Zapatero ha sido "la columna vertebral de sanchismo" durante todo este tiempo y ha reprochado que se viera "tan impune" mientras ahora van saliendo cuestiones relativas a la investigación de Plus Ultra y "saldrá mucho más de Venezuela".
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