A falta de un año para las elecciones generales, desde el Partido Popular (PP) y su dirección nacional han comenzado a entonar un discurso con el que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar nuevos votantes a través de la conocida como ‘ley de nietos’, recogida a su vez en la Ley de Memoria Democrática. Unas acusaciones contra las que el Ejecutivo central ya ha elevado el tono y en las que ve una prueba de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, está "frustrado y desesperado".
En una entrevista concedida a esRadio, el presidente del PP ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo de estar buscando nuevos votantes a través de la ‘ley de nietos’ para que “en un espacio muy corto de tiempo” se incremente "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español". Sin embargo, estas declaraciones han encontrado pronta réplica en las filas del Ejecutivo desde donde tildan de “irresponsabilidad mayúscula” las palabras de Feijóo, que, según sostienen, "demuestran la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país". "Parece ya oler una derrota electoral", ha lanzado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
En esta línea, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática advierten de que Feijóo “frivoliza y manosea” la Memoria Democrática "y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es de justicia, porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España”. En este sentido, estas mismas fuentes subrayan que con estas declaraciones, Feijóo no solo “pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites”, sino que “se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles”.
En este orden de cosas, desde la cartera que dirige Ángel Víctor Torres recriminan que el PP “está poniendo palos en las ruedas a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho a ser igual de españoles que ellos” y también “aplicando su sesgo ideológico a una cuestión fundamentalmente de derechos”. Asimismo, estas mismas fuentes ponen de relieve que desde las filas populares se votó en contra de la ley, pero que durante la tramitación aceptaron la existencia de un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados, proponiendo únicamente modificar su alcance mediante enmiendas para eliminar la condición de exilio por orientación sexual y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieran la nacionalidad al amparo de la ley.
Al hilo de ello, recuerdan que el PP en su recurso de inconstitucionalidad no planteó derogación de la disposición adicional octava de la Ley, que establece la nacionalización. “La denominada "Ley de Nietos" no constituye un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y de restitución de derechos. Corrige discriminaciones históricas en la transmisión de la nacionalidad española”, defienden desde la cartera de Memoria Democrática, a la vez que recuerdan que otros países europeos “cuentan con mecanismos que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar”.
La ‘ley de nietos’, basada en "principios de reparación y de justicia"
En otro orden de cosas, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz ha defendido que la 'ley de nietos' viene de una disposición de la Ley de Memoria Democrática "que está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron" de España "por una dictadura". Asimismo, ha recordado unas palabras del actual líder del PP en 2009 en las que, según la ministra, hablaba de que estas modificaciones "requerirían unas amplias mayorías y unos amplios consensos". "Vamos a tener responsabilidad los líderes políticos", ha reclamado la portavoz del Gobierno, que ha lamentado que el principal partido de la oposición se parece una vez "más" a Vox con este tipo de afirmaciones.
Según cifras del Gobierno, se han iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad española de 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados y las oficinas consulares de todo el mundo ya han aprobado 545.000 expedientes, según detalló en abril el ministro de Exteriores José Manuel Albares, que dijo además que 306.500 ya se han inscrito en el Registro Civil consular. Estos últimos son los que ya podrían votar en las elecciones en España, con datos actualizados del 31 de marzo de 2026. Dichas cifras no son definitivas, ya que las solicitudes siguen tramitándose.
En Moncloa defienden que estas personas tienen derecho al voto porque sus familias tuvieron que salir de España por la represión de la dictadura y retan al PP a que defiendan en público lo contrario.
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