En aras de paliar efectos futuros y similares a lo acontecido el pasado 28 de abril con el apagón que dejó en negro a toda la Península, el Gobierno continúa elaborando su real decreto ley en el que priorizará el papel de las energías renovables. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Sara Aagesen incluye en el borrador, al cual ha avanzado este lunes El País, un paquete de medidas que abarcan desde el almacenamiento de energía, la flexibilización de plazos para futuros proyectos eólicos y fotovoltaicos y el control de la tensión, entre otras cuestiones.
El borrador está aún sometido a las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios para encauzar su convalidación en el Congreso de los Diputados y teniendo sobre la mesa la hoja de ruta marcada por el informe sobre el apagón, con el que Moncloa señaló a Red Eléctrica por un posible error de planificación y a las grandes compañías energéticas por una actuación “indebida”, a la vez que descartó el ciberataque como el motivo del fundido a negro. Sin embargo, como conclusión, Aagesen apuntó a un problema “multifactorial”.
El texto aun en elaboración del Ministerio da cuenta del momento delicado del sistema de las renovables en nuestro país, ya que la inversión que se destina al sector cayó en el momento del apagón con fuerza por el estado de los precios de la electricidad, la falta de regulación o el incremento de los costes, lo que declinó en su evolución negativa en clave de financiación. Y es que cabe remarcar que la reactivación del sector de las renovables precisa de más de 200.000 euros de impulso para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marcado por Bruselas.
Almacenamiento y la tensión eléctrica, puntos clave
El borrador del decreto ley del Gobierno para actuar ante futuros apagones traza como ejes vertebradores dos de las demandas más solicitadas por el sector. En primer lugar, destaca el impulso del almacenamiento, con el cual se pone el foco en las plantas solares y eólicas para que acumulen ambas energías para resguardarlas y administrarlas según sea conveniente.
Según reza el texto que ha avanzado el medio citado en anteriores líneas, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez busca que se brinde de “una mayor integración” de estas energías con la consiguiente pérdida paulatina de “dependencia de fuentes fósiles y emociones CO₂”. A su vez, vienen defendiendo que esta medida favorecerá la “reducción de costes, mejora la competitividad y apoya objetivos climáticos”.
Entre las medidas concretas pasan la exención del trámite de evaluación ambiental y la ampliación de plazos para llevar a cabo estos proyectos de renovables que ya cuenten con luz verde pero que puedan estar en peligro de caducidad y pérdida de inversión. A su vez, desde el ámbito judicial, el Gobierno también pretende que esta normativa tenga sus efectos en el caso de los desarrollos que se hayan visto paralizados por medidas cautelares.
Sobre la electrificación de la demanda energética, el texto del Ministerio plantea la agilización en los puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como potenciar las bombas de calor. En segundo lugar, también se pretende prorrogar el apoyo a las industrias electrointensivas.
En lo que concierne al ámbito de las tensiones eléctricas sitúan el escenario de “urgente” para que los principales actores puedan avanzar en su desarrollo. En este sentido, suscribiendo al informe que se dio a conocer tras el Consejo de Ministros de la pasada semana, el apagón se debió a una sobretensión del tendido eléctrico, por lo que las medidas a acometer para evitar un escenario similar pasan por cambios normativos en las plantas renovables que controlen esos puntos de tensión.
En el borrador del decreto, también se incluye la activación de pagos por capacidad, es decir, que las grandes compañías energéticas que quieran que sus centrales ofrezcan respaldo cobren por ello. Además, se pondría en marcha un agregador de demanda para que sea de la mano de los propios consumidores los que brinden esa flexibilidad al sistema.
Para realizar un seguimiento fidedigno del sistema, el Ministerio, a la par que requerirá más información a la CNMC y Red Eléctrica, plantea una revisión periódica de cada tres años de las redes.