El Gobierno volverá a incumplir el plazo establecido por la Constitución para presentar los Presupuestos Generales del Estado. A falta de un día para que expire la fecha límite, el Ejecutivo no tiene previsto registrar las cuentas de 2027 en el Congreso, según ha informado El País a través de la información obtenida por fuentes gubernamentales. De esta forma, las cuentas públicas continuarán prorrogadas después de que las últimas aprobadas, correspondientes a 2023, hayan permanecido en vigor durante los últimos años.
La Constitución establece en su artículo 134 que el Ejecutivo debe presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de que termine la vigencia de los anteriores. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha vuelto a llevar unas cuentas completas a las Cortes desde aquellas de 2023. El incumplimiento de este año se produce además mientras el Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar por primera vez si la ausencia reiterada de nuevos Presupuestos supone una vulneración del deber constitucional del Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, había situado octubre como un horizonte "razonable" para presentar las cuentas y, posteriormente, el Gobierno ha mantenido que su intención es registrarlas antes de que termine el año. Hacienda ya ha activado parte del procedimiento presupuestario, con la aprobación del techo de gasto para 2027, situado en 226.032 millones de euros, y la elaboración de la orden ministerial que inicia formalmente los trabajos.
El problema es que la senda de estabilidad, otro de los pasos previos necesarios, fue rechazada por el Congreso en dos ocasiones. PP, Vox y Junts votaron en contra, dejando al Ejecutivo ante un escenario sin precedentes claros. Pese a ello, Hacienda sostiene que puede continuar con la tramitación y asegura contar con un informe de la Abogacía del Estado que respalda su interpretación. Según esta tesis, el rechazo parlamentario de los objetivos de déficit no elimina la referencia fiscal comunicada a Bruselas y la obligación constitucional de presentar las cuentas debe prevalecer.
El principal obstáculo, no obstante, continúa siendo político. Los últimos Presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022, cuando Sánchez disponía de una mayoría parlamentaria que incluía al PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC. La actual legislatura presenta un escenario mucho más complejo, con Junts y Podemos sin garantizar su apoyo al Ejecutivo.
Las fuentes del Gobierno consultadas por El País sitúan además la negociación presupuestaria en un contexto marcado por otros asuntos, como la emergencia migratoria de Ceuta o la crisis de vivienda. La prioridad inmediata en La Moncloa es cerrar un real decreto ley en torno a este último aspecto que permita sumar apoyos parlamentarios, después del desahucio de una mujer de 87 años. El Ejecutivo teme que unas cuentas sometidas ahora al Congreso puedan encontrarse con un rechazo en las enmiendas a la totalidad.
Ese escenario incrementaría la presión sobre Pedro Sánchez y alimentaría la posibilidad de un adelanto electoral en los primeros meses de 2027, una opción que ya manejan distintos partidos. Otra fuente gubernamental conocedora de las negociaciones, según El País, admite además que el calendario de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont condiciona los tiempos y el contexto de la negociación presupuestaria.
Mientras tanto, el Ejecutivo trata de ganar margen. El Gobierno pretende continuar preparando unas cuentas que todavía no tienen fecha de llegada al Congreso, en un escenario en el que aprobarlas exigirá reconstruir una mayoría parlamentaria que, por el momento, no está garantizada.
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