El Gobierno ha dado luz verde este martes a varios acuerdos alcanzados durante el Consejo de Ministros. Entre todas las materias que se han visto involucradas, destaca la creación de una nueva especialidad sanitaria, centrada en una de las reivindicaciones históricas del colectivo sanitario. Pilar Alegría, ministra portavoz, ha anunciado la aprobación de la especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias y la actualización de la Medicina de Familia. La también ministra de Educación ha explicado que la formación para los nuevos especialistas tendrá una duración mínima de cuatro años, siendo los dos primeros comunes a la de medicina familiar y comunitaria.

Asimismo, también se cuenta con un procedimiento para que los profesionales de cualquiera de las dos ramas de la nueva especialidad puedan obtener el título de la otra mediante la realización de una prueba de evaluación y un periodo formativo. Con este paso, se da cumplimiento a una de las prioridades que la ministra de Sanidad, Mónica García, estableció al inicio de su mandato al frente de la cartera, con la pretensión de mejorar las condiciones de los profesionales que se desempeñan en estas áreas.

Plan de Empleo Digno centrado en edades avanzadas

También en materia laboral, pero con un carácter general, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la puesta en marcha del Plan de Empleo Digno de 2024. Conocido este martes los datos positivos de empleo y paro, la también vicepresidenta segunda ha abordado una de las principales problemáticas laborales del país: el desempleo de las personas mayores de 52 años. Este grupo acumula casi 1,1 millones de parados, cifra que supera los 1,4 millones sumando a los mayores de 45 años (más de la mitad del total de desempleados).

En consecuencia, este plan dotado con 6.388.584 euros va dirigido especialmente a estos grupos poblacionales, incluyendo novedades importantes. En primer lugar, se establece un objetivo global de mejora de la empleabilidad del 10% a todas las comunidades autónomas (CCAA). En esta ocasión, la cuantificación de objetivos se desagrega territorialmente para cada administración, existiendo penalizaciones en caso de incumplimiento o deficiente implantación y teniendo que visualizarse su estado “de forma transparente y cada tres meses”, ha explicado la titular de la cartera de Trabajo.

“Ser mayor de 45 años, si te presentas a un proceso de selección, significa que probablemente seas excluido del proceso”, ha justificado Díaz la orientación de este plan, presentado una serie de compromisos. Por un lado, se fija un plazo de seis meses para que a todas las personas protegidas beneficiarias del subsidio por desempleo mayores de 45 años se les garantice un perfil realizado por su Servicio Público de Empleo, quedando prevista la elaboración de una herramienta para el seguimiento de esta garantía.

Las personas a las que les dé cobertura este plan tendrán garantizado un plan personalizado adecuado a su perfil, que exigirá la formalización de un acuerdo de actividad suscrito entre el Servicio Público de Empleo y la persona usuaria, así como la asignación de un tutor, que se encargará del seguimiento continuo de los procesos de formación y empleabilidad. Además, se facilitará la información necesaria para que organizaciones sindicales y empresariales más representativas puedan analizar la inversión realizada en políticas activas de empleo en favor de las personas mayores de 52 años.

Dinero a las CCAA para políticas activas de empleo

Pese a los esfuerzos de la Administración central, Díaz ha reconocido que gran parte de las competencias en materia laboral se encuentran derivadas a las CCAA, siendo estas las principales encargadas de las políticas de empleo activo. Para este cometido, el Gobierno ha aprobado la distribución de 771,5 millones de euros que quedaban pendientes entre las todas las CCAA, con cargo de las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Existen diferentes criterios de distribución:

  • 25.009.074 euros para programas o medidas destinadas a reforzar los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y otros 3.037.500 euros para subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva
  • El restante, 743.541.735,00 de euros, que se repartirán en función en del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno del año anterior.