El Gobierno abre la puerta a tomar "acciones legales" tras la decisión de Almeida sobre el aborto

Este martes el Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid daba luz verde a una proposición que obliga a informar a las mujeres que tomen la decisión de abortar del ‘síndrome post-aborto’ -acuñado por el consistorio y sin evidencia científica- “de manera verbal y escrita, permanente y visible”. Lo hacía, además, a instancias de la extrema derecha, que defiende que este síndrome “es algo conscientemente ocultado, especialmente en España”. 

Una decisión que levantaba el revuelo y la crítica en las filas de la oposición, especialmente, en las de Más Madrid. Desde allí, la concejala Carolina Elías advirtió de que este “síndrome post-aborto” no es un “diagnóstico médico reconocido por la comunidad profesional de la salud mental” sino otro empleado por grupos como PP o Vox “para llenar de miedo y amenazar a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo”. En esta misma línea, la concejala proseguía lamentando que “en la Comunidad de Madrid el derecho al aborto está bajo ataque constante”. “Apenas el 0,31% se realizan en la sanidad pública, obligando a las mujeres a pagar de su bolsillo entre 300 y 500 euros. Es inadmisible que el 75% de mujeres que abortan por riesgo grave para su salud tengan que costearlo ellas mismas”, denunciaba.

Con este telón de fondo, el siguiente en pronunciarse ha sido el propio Gobierno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha anunciado este miércoles que desde el Ejecutivo central dejan la puerta abierta a emprender “las acciones legales que fueran necesarias”, a la vez que ha reprochado que lo que se le está haciendo a las mujeres con este tipo de decisiones es “extorsionarlas”. Al hilo de ello, la ministra portavoz ha recordado que “ni médica ni científicamente existe ese síndrome ni nada parecido”, por lo que insta tanto a PP como a Vox a respetar el derecho de las mujeres a decidir.

Sin evidencia científica y con el respaldo de Génova

Pese al revuelo generado y a que la ciencia no avala la existencia de este síndrome, desde Génova han entregado su apoyo a la decisión de Almeida. Desde el PP nacional, su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha respaldado al alcalde madrileño y ha apuntado que la “información nunca es un problema”. En el mismo sentido, ha afirmado que “quien tiene que explicarlo es quien esté en contra de que las mujeres estén informadas”.

Además, Muñoz se ha quejado de que este asunto aprobado en el pleno del Ayuntamiento de la capital, con el rechazo de la oposición, “es una nueva ardilla lanzada por el Gobierno para que no se hable de sus problemas de corrupción”.

Con estas declaraciones, desde Génova aceptan las medidas planteadas por la formación de Santiago Abascal y aprobadas por el PP de Almeida. Según ha defendido Cibeles, el cuadro clínico de este síndrome incluye síntomas como depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas, afectación de la conducta sexual, flashbacks, pensamientos suicidas y tentativas de suicidio, hemorragias internas o aumento de cánceres en el aparato reproductivo femenino.

Todo ello, sin embargo, cuando numerosos estudios científicos se han opuesto y no respaldan la existencia de un patrón de síntomas universal tras un aborto, además de señalar que las consecuencias negativas de salud mental son mayores para aquellos embarazos no deseados que terminan en un parto. Así, ni la ciencia ni la comunidad profesional de la salud mental, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, respaldan el síndrome post-aborto como un diagnóstico médico reconocido.

En el Pleno, José Fernández, delegado del área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, señaló que “deben ponerse en marcha medidas que favorezcan la natalidad” y que “el Partido Popular es el partido que piensa que el aborto siempre es un fracaso y hay que buscar alternativas”.