El Frente Amplio ha presentado, este lunes, su programa electoral, de la mano de su portavoz de campaña y uno de sus principales activos, el todavía ministro Pablo Bustinduy. Un total de 151 páginas con centenares de medidas concretas que supera en mucho las 66 páginas de Vox, muchas de ellas en blanco o reservadas para imágenes, y las 82 del Partido Popular (PP), que ni siquiera ha recogido todas sus propuestas. También a las 114 del PSOE, con 500 compromisos de distinta índole.
Más allá del parecer que pueda despertar la compilación de centenares de medidas recogidas por la candidatura encabezada por Ada Colau, se destaca sobre el resto el carácter técnico y concreto del documento. Las promesas existen, como en todos los demás casos, pero huye de la ‘carta a los reyes magos’ presentadas por otras siglas que, si bien plasman sus deseos y ambiciones (reducir los impuestos, aplacar la deuda, abaratar la vivienda, mejorar el empleo, etc.), evitan dar cifras tangibles y proponer reformas o abordajes concretos.
La formación heredera de la coalición Sumar ha definido 17 bloques temáticos, cada uno con distintos epígrafes: Vivienda; derechos sociales; reforma fiscal; salarios, pensiones y precios; transición ecológica; emprendimiento y política industrial; agricultura, ganadería y pesca; autónomos, pymes y economía social; despoblación e insularidad; empleo público; financiación autonómica y cuestión territorial; política municipal; democratización económica y poder financiero; poder digital y pluralismo informativo; igualdad y derechos de los distintos colectivos sociales; migraciones y antirracismo; antibelicismo y la cuestión de la Defensa; corrupción, represión y otros aspectos clave de la democracia.
Principales aristas del programa electoral
Dentro de esta gran lista, Frente Amplio destaca en primer lugar la vivienda, que ocupa un lugar prominente en su programa, con más de 60 medidas centradas única y exclusivamente en esta materia y la ambición de que las casas sean “para vivir, no para especular”. Entre tantas destacan el establecimiento normativo de la obligatoriedad de destinar un 1% del PIB anual a construir vivienda pública a precio asequible, la prohibición del paso al mercado libre de la vivienda pública y el tope de su renta, la expropiación, el uso del tanteo y retracto y la movilización obligatoria de vivienda vacía.
La segunda gran pata es la materia laboral. “Trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, reza el programa, en el que se insiste en la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, con un horizonte de 32 horas semanales. Asimismo, se reivindica el blindaje por ley del establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) equivalente al 60% del salario neto y la revalorización de las pensiones conforme a la inflación como mandato constitucional. Además, destaca el “reparto obligatorio del 10% del beneficio empresarial entre la plantilla en empresas de 50 o más trabajadores”.
En tercer lugar, aparece el blindaje de los servicios sociales y públicos, con especial énfasis en una Sanidad dotada al 8% de PIB y que incluya bucodental, visual, auditiva y dental y una Educación (7% PIB) gratuita de los 0 años a la universidad y con unas ratios muy por debajo de las actuales. La “Prestación Universal por Crianza de 200 euros mensuales por menor para erradicar la pobreza infantil”, la “prohibición de corte de suministros” y la “ampliación y retribución” de permisos parentales por nacimiento y cuidado destacan entre las medidas concretas.
La cuarta arista señalada por el Frente Amplio como clave para sostener al resto es la reforma fiscal. “Que pague el 1% para que se beneficie el 99%”, destaca el documento. Para los progresistas es compatible mantener la inversión pública y reducir los impuestos a las clases trabajadoras, si bien es necesario elevar la presión sobre aquellos pocos que hozan de ser clase dominante. Para ello defienden un tipo mínimo real del 20 % en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y grupos corporativos, mantenimiento del impuesto a la banca, recuperación del impuesto a las grandes energéticas, implantación de un impuesto a los ultrarricos (más de un millón) y limitación de las herencias a los 10 millones.
El quinto pilar es la transición ecológica “justa” para “reindustrializar el país y vivir mejor”, para la que proponen destinar un 3,5% del PIB. Dentro del bloque destaca la electrificación del transporte y el impulso de las modalidades públicas, con un “abono único estatal e integrado” que no supere los 20 euros al mes para Cercanías y que establezca descuentos del 60-70% para Media Distancia y del 50% para Larga Distancia. Además de descuentos del 75-80% para el autobús y el metro municipal o autonómico, que pude trasladarse en una tarifa plana combinada de 50 euros al mes.
La última de las seis prioridades es la construcción de una “democracia avanzada”, que comprende desde el alineamiento con la paz y la cooperación internacional, pasando por el refuerzo del sistema autonómico y llegando hasta la depuración de la corrupción y el establecimiento de mayores mecanismos para su control y la derogación total de la ley Mordaza y de otros mecanismos de represión utilizados por el Estado y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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