Un capítulo más en el caso del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y su chalet ilegal. ElPlural.com ha podido saber que la Fiscalía Anticorrupción fue advertida de las irregularidades de la vivienda del magistrado en plena construcción del inmueble, aunque incomprensiblemente el documento cayó en saco roto.
El chalet del juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo la licencia de obra mientras se encontraba vigente un plan urbanístico que obedecía a las normas subsidiarias de 1996, las cuales consideraba el terreno sobre el que se levanta el edifico como “urbanizable”; no así urbano, nomenclatura necesaria para que la casa -de dos plantas y en un entorno privilegiado- pudiera construirse en ese enclave.
Dicho cambio se produjo en un pleno celebrado en 2016 con los votos favorables del PP y del concejal Juan José Tomás Esteban, quien, por otro lado, ejerce como portavoz del partido a nivel local.
Pero los hechos aquí relatados se producen mucho antes -en plena construcción del chalet- cuando un exalcalde socialista lideró, junto a un grupo de afiliados al partido, la formalización de la denuncia elevada al órgano jurídico mencionado, un documento que, no obstante, no surtió ningún efecto a pesar del carácter ilegal de la construcción. Así lo ha podido corroborar ElPlural.com.
De terreno “urbanizable” a urbano
Tal y como se ha señalado, para que el chalet de lujo se pudiera levantar sobre el terreno en el que se encuentra en la actualidad, el suelo tenía que ser urbano, un hecho que se convirtió en realidad después de aquel pleno de 2016 y con el beneplácito asimismo de Juan José Tomás Esteban.
A pesar de ello, el político -condenado por prevaricación- encabezó en 2023 la lista de los socialistas a la localidad castellanoleonesa, algo que llamó la atención por la sentencia, pero también porque en 2015 fundó un partido independiente que respondía a las siglas de USIA. Lejos de romper relaciones con el PSOE, el propio Tomás asegura que nunca había dejado de ser afiliado socialista y que volvió a ser militante cuando acabó el periodo de su inhabilitación. Actualmente es portavoz del PSOE.
Además de aquella votación, en la actualidad ha facilitado la alcaldía a los ‘populares’ -estos no aclaran a este medio si inspeccionará el chalet una vez se conocen las informaciones- a pesar de que la formación local y progresista Nuestra Tierra había recabado más votos en los comicios.
Él, en declaraciones a este medio defiende que la votación para la aprobación de las normas subsidiarias fue un"mero trámite" y que la situación irregular de la vivienda es responsabilidad del anterior equipo de gobierno.
Condenado por realizar obras en su “almacén”
A pesar de tratarse de una vivienda que en su conjunto ocupa 2.866 metros cuadrados y disfrutar de dos plantas y piscina -además de encontrarse en un terreno amplio, alejado del ruido de los vecinos- el inmueble del juez Peinado está inscrito en el Catastro como “almacén”.
Entretanto, cabe recordar que el magistrado fue condenado a pagar más de 75.000 euros a una constructora de la provincia de Ávila por realizar obras en el chalet. Así se desprende de una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, en respuesta a un recurso de apelación ante la sentencia dictada previamente por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, según pudo comprobar e informó en exclusiva ElPlural.com.
La irregularidad, siempre según la sentencia, tenía que ver con “la necesaria conexión del sistema de saneamiento de la vivienda a la red municipal de saneamiento”. Asimismo, “la única responsabilidad” de los hechos recaía sobre el juez, también según el mencionado documento, que recogía igualmente que no se trataba de una “mala construcción, sino que la vivienda (…) carece de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”.
Peinado intentó alegrar en el juicio que la “planta sótano” de la vivienda se encontraba “totalmente inundado, alcanzando las aguas una altura de unos 30 centímetros y habiéndose producido multitud de humedades en los parámetros de la fachada”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el chalet de lujo no disponía “de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal”.
Polémica histórica
El chalet del juez Peinado ha generado controversia históricamente en el pueblo, siendo fruto de debate social y político desde antes de 2007. De hecho, la construcción de la vivienda se paralizó durante no pocos meses y hace tiempo que aparecieron en la valla de su fachada pintadas de “prevaricador” y “chaletazo ilegal”.
La vivienda se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura que se mantiene en Catastro a día de hoy a pesar de acoger una vivienda edificada sobre una parcela de cerca de 3.000 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad, al que también ha tenido acceso este medio.
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