La sentencia firme que aclare los motivos por los que Álvaro García Ortiz fue hallado culpable de un delito de "revelación de datos reservados" por parte del Tribunal Supremo se sigue demorando. El juicio al ya ex fiscal general del Estado ha marcado uno de los episodios más polémicos en la historia judicial española. Tras conocer la condena que se le imponía, la espera para conocer los motivos por los que ha sido considerado autor de los hechos se extiende ya por dos semanas, algo que, según han declarado miembros del sector jurídico, no es habitual ni justo con García Ortiz.
Ante los debates que ha generado este proceso judicial y todos los elementos que han formado parte del juicio, tanto internos como externos, como podrían ser los posibles conflictos de intereses de algunos jueces del tribunal de este caso, ElPlural.com conversa con Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que hace balance de lo acontecido hasta ahora, valora la imagen pública que está quedando de la justicia y reflexiona sobre el futuro por venir.
P: Una vez han pasado ya varios días desde que se conociera la condena de Álvaro García Ortiz y mientras se sigue esperando esperando la sentencia firme, la reflexión sobre lo acontecido continúa. ¿Cómo siguen viendo en la UPF lo sucedido? ¿Cómo encuentran la demora que se extiende ya por dos semanas para conocer los motivos por los que el exfiscal general del Estado fue hallado culpable?
R: Cada día que pasa sin que tengamos la motivación, es un punto de creciente preocupación. Seguimos entendiendo fundamental conocer los motivos y que la sociedad sepa por qué se le condena. Es muy importante para recalcar, porque lo he estado escuchando estos días, que no es comparable lo que sucede ahora a un recurso de casación normal, donde, a veces, el Tribunal Supremo anuncia el fallo sin la motivación. En estos casos, ya existe existe una sentencia previa, ya sabe la persona afectada que, previamente, se ha valorado su presunción de inocencia y que se la ha condenado y se ha razonado jurídicamente
Sin embargo, en este caso que ha afectado al fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo es el único que ha valorado la prueba, por tanto no puede dejar de comunicar los motivos. No puede demorarse tanto y decir algo así como: "mire, yo le condeno pero ya le avisaré de cuándo le digo el por qué le declaro culpable". Es algo que nos parece gravísimo y hay otro elemento importante también, en este caso, en un caso de recurso de casación ya ha habido un juicio sobre la presunción de inocencia pero aquí no, aquí la presunción de inocencia hasta que no haya sentencia es íntegra para la persona afectada, por tanto la ausencia de motivación es ausencia de justicia para nosotros.
No puede demorarse tanto y decir algo así como: "Mire, yo le condeno pero ya le avisaré de cuándo le digo el por qué le declaro culpable"
P: En los últimos días se ha venido debatiendo un posible conflicto de intereses en algunos de los jueces que han conformado el tribunal, por haber sido contratados por parte de la acusación popular para impartir un curso o por haber dirigido la tesis doctoral del abogado de Alberto González Amador. ¿Cómo ha visto la UPF este asunto? ¿Qué les pareció que el magistrado Arrieta anunciara que tenía que redactar una sentencia sin que se conocieran todavía las conclusiones que extraían del caso?
R: Este punto es muy interesante. Cuando hablamos de imparcialidad judicial no estamos haciendo mención sólo a un parámetro técnico o de una solvencia técnica que, sin ninguna duda, tienen sobrada todos los magistrados del Supremo. En este caso concreto, lo que vemos muy importante tenga en cuenta la sociedad es que no sólo se estaba juzgando la responsabilidad penal de una persona, sino también la legitimidad de una institución constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros era imprescindible que el Tribunal Supremo extremara la prudencia en el juicio y en todo lo que había alrededor.
Esa misma prudencia que el tribunal exige, con acierto, a todos los demás tribunales del país y, por tanto, que se cuide no sólo el contenido de las sentencias sino también la forma, el tono y la estética institucional. La ciudadanía, en nuestra opinión, por estas cosas que se han conocido ha podido observar situaciones que no ayudan a mantener la imagen de imparcialidad que debe presidir todo proceso. Todas esas intervenciones, algunas en el juicio y otras fuera del juicio, no ayudan a reforzar esa sensación de posición neutra, la cual es esencial. La justicia para nosotros no sólo debe hacerse, también debe verse cómo se hace. Eso no es retórica, es un principio estructural del Estado de Derecho.
Todas las singularidades que se daban en este caso requerían de una sensibilidad constitucional. Sensibilidad para comprender que el juicio tenía una trascendencia institucional enorme. Sensibilidad para entender que millones de ciudadanos lo estaban observando con preocupación. Sensibilidad para percibir que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier interacción tiene un impacto directo sobre la confianza pública en la justicia. Por tanto, sensibilidad para entender que la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma y debe cuidarse, también, durante la deliberación. Entendemos que no se ha mostrado esta sensibilidad.
Aquí debo repetir algo que UPF ya ha expresado muchas veces. Los principios de ética institucional que tienen una traducción en la estética de comportamiento que exigimos a los poderes legislativo y ejecutivo deben aplicarse también a los integrantes del Poder Judicial. El Tribunal Supremo no está fuera del escrutinio democrático, no solamente porque tengan una acreditada imparcialidad quiere decir que se pueda descuidar la apariencia de imparcialidad. Permíteme que haga una relación con que parece que criticar al Tribunal Supremo es como no defender la democracia. No. El Tribunal Supremo, sus sentencias, por supuesto que se acatan y así tiene que ser un Estado de Derecho. Si bien, estas pueden y deben, al igual que los comportamientos de sus integrantes, ser sometidas a crítica institucional cuando afectan a la calidad democrática. En resumen, que en un juicio con esta trascendencia constitucional la imparcialidad no basta. Hace falta una sensibilidad democrática e institucional que nosotros entendemos que no se ha producido del todo, desde luego.
P: Mientras se espera la publicación de la sentencia firme, la Fiscalía General del Estado debe seguir trabajando. Hace unos días se conocía la candidata del Gobierno a ocupar el puesto que deja García Ortiz. ¿Qué les parece Teresa Peramato? ¿Consideran la decisión acertada?
R: Aquí tengo una anécdota que contar. Cuando aprobé las oposiciones me tocó hacer prácticas en Violencia de género y coincidí con ella. Aquella era una época, estoy hablando del 2005-2006, en la que parecía que nadie creía en esta lacra que afecta a la sociedad. Teresa Peramato, además de tener una trayectoria de 35 años de servicio, ha sido una mujer muy valiente, una mujer muy conectada con la vida real, que tiene muchísimas cualidades. Para mí, una de las más importantes, aparte de su solvencia jurídica así su sentido institucional y vocación de servicio, es su visión de poner a las víctimas en el centro. Tiene una visión profundamente humana, sensible y moderna al mismo tiempo, que son más necesarias que nunca ahora.
Será una fiscal general con esta energía, con esta modernidad, con esta visión, además que ha contribuido con su ejemplo a mejorar la legislación en lo que ella ha aportado su enfoque, es imprescindible. Su liderazgo para nosotros en el día de hoy es imprescindible... Creo que estamos en las mejores manos para tratar de recuperarnos de este golpe que hemos recibido
P: Uno de los principales debates que ha despertado este proceso judicial es si está habiendo una entrada de la política en la judicatura o una influencia de los jueces en la política. ¿Qué visión tienen en la UPF de este tema?
R: Entendemos que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política. Ambas cosas. Para nosotros la politización de la justicia no consiste en que los jueces o fiscales actúen movidos por una ideología. Eso para nosotros es una caricatura que no se corresponde con la realidad, porque además hay un sistema de recursos que permite, si uno está de acuerdo o piensa que hay una motivación política de una decisión, escalarlo hacia arriba para que se resuelva. Lo que sí que observamos son actores partidistas que utilizan los procesos judiciales para instrumentos de batalla política. El mensaje que recibe la ciudadanía es devastador, que es que la justicia no es el refugio neutral que debería ser.
Por su contra, la judicialización de la política consiste en trasladar a los juzgados lo que debe resolverse en el Parlamento, en la negociación y en el debate democrático. Cuando para nosotros cada conflicto político acaba convertido en denuncia, recurso o querella, el Poder Judicial se ve abocado a ocupar un espacio que no le corresponde. Se contamina el ámbito judicial y se degrada el ámbito político. El problema es que ahora mismo ambos fenómenos se retroalimentan. También consideramos, no voy a eludirlo, entendemos que en esta posición los jueces, los tribunales y los fiscales, sin perjuicio de que tengan todo el derecho a tener su visión política, deben ser ajenos a introducirse en el debate público. Debemos mantener una neutralidad política, porque si no lo hacemos solo estamos contribuyendo a esa judicialización de la política y a esa politización de la justicia.
El resultado de estas dos cosas, para nosotros, es un círculo vicioso que deteriora la credibilidad del sistema y nos deja a los operadores jurídicos, a los fiscales y jueces de base más expuestos, más solos, más vulnerables ante los poderes reales y fácticos. Porque cuando la política invade los tribunales y los tribunales ocupan el lugar del Parlamento, solo pierde la justicia y, por tanto, pierde la ciudadanía.
Entendemos que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política. Ambas cosas... El mensaje que recibe la ciudadanía es devastador, que es que la justicia no es el refugio neutral que debería ser
P: Este proceso judicial parece haber dividido a la Justicia. Ha habido manifestaciones claras que han creado bandos opuestos. ¿Esto es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones o que se ha dado debido al juicio a Álvaro García Ortiz?
R: La diversidad de puntos de vista, de sensibilidad, es buena. ¿Por qué? Porque la carrera judicial y fiscal es tan plural como plural es la sociedad española. Y eso no nos tiene que dar miedo. Ahora bien, ahí tenemos que tener como varios límites. Primero, que nuestras decisiones, de los jueces, de los tribunales, de los fiscales, tienen que ser decisiones técnicas. Técnicas, no ideológicas.
Segundo, que nosotros, los jueces, los tribunales, los fiscales, tenemos que que ser neutrales en el debate político. El poder judicial debe controlar al resto de los poderes, pero no tutelar al resto de los poderes. Sería eso tan malo como que el poder legislativo o ejecutivo traten de influir en el judicial y tutelarlo.
¿Debemos asumir nosotros una tutela de la política o introducirnos en el debate? Nosotros entendemos que, por supuesto, no. Por supuesto no. Así lo ha hecho UPF, por ejemplo, con la ley de amnistía. Esa ha sido nuestra postura, hemos entendido que somos obreros de la ley, no arquitectos de la ley, y que íbamos a esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que no íbamos a dar nuestra visión sobre esa ley, porque existe diversidad de opiniones individualmente, ¿no? Entendemos que hay otras asociaciones que, como asociación, han defendido otra postura, pero yo creo que es bueno que la sociedad perciba la pluralidad de las carreras judicial y fiscal como algo que no hace más que abrazar la pluralidad social.
P: ¿Cómo perciben en la UPF la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal? En lo referido particularmente a las acusaciones particulares, ¿qué les parece el cambio que introduce?
R: La UPF es una defensora a ultranza de que las líneas directrices de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal nueva, en lo referido a que se nos dé la investigación, se lleve a cabo. Si bien, es muy importante para nosotros que esto no se entienda como que nos consideramos que somos mejores que los jueces. No, pero sí entendemos que el reparto que hace la nueva leyes más eficaz y más eficiente y da más garantías. Hablo de eficacia y eficiencia y de mayores garantías. ¿Por qué? Porque hace que una misma persona no tenga que decidir a su vez sobre si toma la iniciativa de una investigación, de considerar cómo impulsarla y a la vez decide si va a prisión provisional o no el investigado, o si se acuerdan medidas cautelares o no, que es lo que pasa en la actualidad.
Este poder recae en una sola persona. Lo que estamos diciendo es que si repartimos el juego, que si el Ministerio Fiscal, que no es que tenga mayor capacidad técnica que los jueces, ni mucho menos, pero sí estamos especializados y, por tanto, podemos repartirnos el trabajo por especialidades, vamos a ser más ágiles, más rápidos, más eficientes. Además, habrá otra figura, que somos nosotros, sino que es alguien del Poder Judicial, al que podrá acudir un investigado si no está de acuerdo.
Por tanto, alguien que es ajeno a la iniciativa de la investigación, creemos que el conjunto de lo que sale es más eficaz, más eficiente y más garantista. ¿Eso quiere decir que no puede haber reformas que hagan más confiable para la sociedad el que nos dé la investigación? Lo aplaudimos, lo aplaudimos. Si es necesario, y nosotros nos estamos mirando el proyecto legislativo con mucho interés, que haya garantías que refuercen la autonomía del fiscal que investigue en un asunto concreto, pues bienvenidas sean todas las medidas que refuercen la mayor autonomía del fiscal que conduzca el asunto y que refuercen el control de garantías que debe hacer el Poder Judicial. Sin embargo, ahora mismo lo que tiene que saber la sociedad es que somos una anomalía en Europa. Somos prácticamente el único país donde se está llevando la investigación como se está llevando, en un modelo del siglo XIX que concentra demasiado poder en unas solas manos y concentrar mucho poder en unas solas manos nunca es bueno. Ya se atribuyera un fiscal o a un juez, nunca es bueno. Repartir el juego y hacer que el sistema tenga pesos y contrapesos siempre es mejor.
La sociedad tiene que saber que somos una anomalía en Europa. Somos prácticamente el único país donde se está llevando la investigación como se está llevando, en un modelo del siglo XIX que concentra demasiado poder en unas solas manos