Los días y horas de esta XV Legislatura están contados. El segundo primer ministro más longevo de la democracia española se enfrenta a un último curso político trepidante y desvergonzado, tras una concatenación de crisis políticas y judiciales que minan la capacidad de gobernar y legislar de Moncloa más si cabe que la fragmentación parlamentaria o la inconsistencia de los socios de Gobierno.
La hoja de ruta prevista por el presidente del Gobierno se ha visto alterada por la profunda crisis de Ceuta derivada de la entrada de miles de personas migrantes los días 30 y 31 de julio. Hasta que la normalidad se instale y perdure en la ciudad autónoma, el plan electoral de Pedro Sánchez deberá esperar. Solo él sabe cuándo se llamará a las urnas. El domingo 22 de agosto de 2027 sería la fecha más tardía en que, legalmente, podrían celebrarse las elecciones.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centrado en desangrar al Gobierno por el costado caballa y habiendo subcontratado la labor de oposición, plantea una estrategia de coordinación que unifique las distintas sensibilidades `populares’, desde Rueda y Moreno pasado por Ayuso y Aznar. Y, la oposición en su conjunto, en la que se encuentra técnicamente Junts junto a PP, Vox y UPN, se prepara para hacer caer sus fichas en el momento crítico cual partida de dominó.
La Cámara Baja afronta este miércoles una sesión de control con el calendario electoral ya instalado en el debate, aunque todavía sin urna a la vista. La crisis migratoria de Ceuta, la desclasificación de 40 documentos sobre las advertencias previas al episodio migratotio y fronterizo y la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo han convertido una sesión ordinaria en una suerte de ensayo general de un curso político que se anuncia largo, áspero y crecientemente preelectoral.
Las preguntas que Feijóo y Míriam Nogueras dirigirán a Pedro Sánchez contienen una misma operación política: obligar al presidente a hablar de la situación general del país mientras se introduce en el hemiciclo la crisis de Ceuta como metáfora del desgaste gubernamental.
Feijóo preguntará: “¿Cree usted que se ha degradado la imagen de España?”. Nogueras, por su parte, planteará: “¿Qué opina el Gobierno sobre la situación actual?”. Dos interrogantes aparentemente abiertos que permiten desplegar un reproche convergente: el primero desde la oposición de Estado; la segunda desde una formación que, aunque ha sostenido al Ejecutivo en momentos decisivos de la legislatura, se presenta ahora como un actor cada vez más dispuesto a marcar distancias.
Un último curso político de alto voltaje
La debilidad parlamentaria continúa siendo el principal condicionante estructural del Ejecutivo. La crisis ceutí ha dejado de ser únicamente un episodio migratorio para convertirse en un asunto de Estado que afecta a la confianza en las instituciones y a la capacidad preventiva del aparato gubernamental.
El Gobierno ha defendido que actuó para contener una emergencia extraordinaria y que la inmensa mayoría de las aproximadamente 72.000 personas que entraron irregularmente regresaron posteriormente a Marruecos. Interior situó en torno a 5.000 el número de migrantes que permanecían en la ciudad a finales de agosto, incluidos unos 1.500 menores.
Pero la publicación posterior de documentación de inteligencia ha alterado el terreno político. El Ejecutivo hizo públicos 40 documentos y comunicaciones procedentes de organismos como el CNI, el CIFAS, la Policía y la Guardia Civil. Las informaciones conocidas han alimentado el debate sobre qué se sabía antes del episodio y, sobre todo, sobre la capacidad del Estado para anticipar una operación de semejante magnitud.
La propia Audiencia Nacional estudia además la investigación judicial relacionada con la entrada masiva, mientras un juzgado de Ceuta ha recibido actuaciones derivadas de distintas querellas contra el delegado del Gobierno.
Ceuta como herida política
La fecha límite para la convocatoria electoral, prerrogativa exclusiva del jefe del Eejcutivo, no es una conjetura política, sino una consecuencia de los plazos constitucionales y electorales. Las elecciones generales de 2023 se celebraron el 23 de julio; agotada la legislatura, el mandato parlamentario concluiría cuatro años después. La LOREG establece que, sin disolución anticipada, la convocatoria debe expedirse 25 días antes de la expiración del mandato y que los comicios se celebran 54 días después de la publicación del decreto. El cálculo sitúa el límite en el 22 de agosto de 2027.
Eso no significa que Sánchez haya decidido agotar los plazos. La Carta Magna permite al presidente proponer la disolución anticipada de las Cámaras, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, siempre que concurran las condiciones constitucionales.
La paradoja es que el Ejecutivo puede gobernar todavía durante meses, pero cada crisis empieza a leerse con una lógica electoral. La legislatura continúa jurídicamente viva mientras políticamente comienza a adquirir una textura de precampaña permanente.
PP y Junts, dos adversarios con una misma palanca
Feijóo ha convertido Ceuta en una pieza central de su ofensiva contra Sánchez. Desde los primeros días de la crisis acusó al Gobierno de no estar a la altura, reclamó explicaciones sobre las posibles advertencias previas y presentó el episodio como una cuestión de soberanía y seguridad, no únicamente como un problema migratorio.
Ahora el PP pretende elevar el conflicto a una dimensión europea. Feijóo prepara una nueva visita a Ceuta junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en una estrategia destinada a 'europeizar' la presión sobre el Ejecutivo español y situar la gestión de la frontera sur en el debate comunitario.
Nogueras juega otra partida, pero su presión converge en el mismo punto: la credibilidad de Sánchez. Junts no necesita compartir el diagnóstico ideológico del PP para aprovechar una coyuntura que erosiona al Gobierno. Ya el 3 de septiembre, durante la comparecencia extraordinaria de Sánchez sobre Ceuta, Nogueras sostuvo que el presidente quedaba "inhabilitado" para seguir gobernando tanto si conocía las advertencias como si no las conocía: en el primer caso, según su argumento, por proteger a Marruecos; en el segundo, por no controlar la seguridad nacional.
'Populares' y neoconvergentes no forman un bloque político, ni comparten necesariamente un proyecto de país. Pero pueden coincidir tácticamente en una conclusión: Sánchez llega debilitado a un curso en el que cada votación, cada crisis y cada documento clasificado puede convertirse en munición parlamentaria.
La campaña que empieza sin haber empezado
El último barómetro del CIS añade una capa electoral a la escena. Tras la crisis de Ceuta, el PSOE baja dos puntos en estimación de voto hasta el 31 %, aunque mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, situado en el 25,5 %. Vox asciende hasta el 16,6 %. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ya alertó sobre la media de sondeos que augurán al bloque de las derechas hasta 213 diputados.
El Congreso no votará sobre el futuro de Sánchez, pero el hemiciclo empezará a comportarse como si ese futuro ya estuviera siendo sometido a examen. No obstante, y pese a que los días humanos en Moncloa valen por siete, existe el margen mínimo suficiente para dar la batalla.
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