El Partido Popular (PP) ha decidido elevar al terreno penal su ofensiva política contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, en una iniciativa sin precedentes que ha abierto un intenso debate sobre los límites entre el control institucional, la crítica política y la judicialización de los organismos públicos.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha presentado una querella contra el responsable del CIS por un presunto delito electoral contemplado en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), acusándole de alterar de forma deliberada las estimaciones demoscópicas publicadas por el organismo estatal.
La denuncia, registrada hace semanas en los juzgados de Plaza de Castilla y anunciada políticamente el pasado marzo, constituye el primer intento de llevar ante los tribunales al máximo responsable del principal instituto demoscópico público del país por la elaboración de encuestas electorales.
La iniciativa se sustenta en la tesis de que los 'errores acumulados por el CIS' desde la llegada de Tezanos en 2018 no responderían a desviaciones estadísticas habituales ni a fallos metodológicos ordinarios, sino a una supuesta estrategia sistemática orientada a beneficiar electoralmente al bloque de izquierdas.
Desde la dirección popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, sintetizó la acusación con una frase que ha terminado convirtiéndose en el eje argumental de la querella: “No es que el CIS falle; es que deliberadamente se le hace fallar”.
Sin embargo, la decisión del PP ha generado también reparos en ámbitos académicos, jurídicos y políticos, donde se advierte del riesgo de trasladar al ámbito penal una discusión tradicionalmente vinculada a la credibilidad técnica de las encuestas y al debate político.
Diversos especialistas en sociología electoral recuerdan que las desviaciones demoscópicas, incluso las de gran magnitud, no constituyen por sí mismas prueba de manipulación dolosa, especialmente en contextos de elevada volatilidad electoral como los vividos en España durante la última década.
La querella sostiene que las diferencias entre las previsiones del CIS y los resultados reales muestran un patrón estadístico “imposible de atribuir al azar”. El PP enumera una larga serie de procesos electorales —Madrid 2021, Andalucía 2022, Baleares 2023, Galicia 2024 o las elecciones europeas de 2024— en los que el organismo habría sobreestimado el respaldo al PSOE y al conjunto de fuerzas progresistas. Según el escrito, en 37 de las 40 convocatorias electorales celebradas desde la llegada de Tezanos, el CIS habría sobredimensionado el voto de izquierdas.
Los populares subrayan además que esos errores se produjeron paralelamente al incremento presupuestario y al aumento del tamaño de las muestras, lo que, a su juicio, agravaría las sospechas sobre una eventual intencionalidad política detrás de las proyecciones.
El núcleo técnico de la acusación se centra en el denominado “modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos”, sistema empleado por el CIS para sus estimaciones electorales desde 2018. El PP cuestiona la falta de validación científica externa del método y sostiene que opera como un mecanismo opaco que amplifica los sesgos en lugar de corregirlos.
No obstante, expertos en demoscopia recuerdan que la utilización de modelos propios de estimación es una práctica habitual en institutos públicos y privados de sondeos, y que las metodologías estadísticas suelen estar sujetas a márgenes interpretativos y revisiones constantes.
La ofensiva judicial del PP incorpora además un fuerte componente político e institucional. El escrito dedica amplios apartados a la trayectoria orgánica de Tezanos dentro del PSOE, su presidencia de la Fundación Sistema y las subvenciones públicas recibidas por esta entidad en distintas etapas de gobiernos socialistas.
Los ‘populares’ consideran que existe un conflicto de intereses “estructural”, mientras que desde sectores progresistas se interpreta esta línea argumental como un intento de erosionar políticamente la legitimidad del CIS vinculando su dirección con la militancia partidista de su presidente, algo que nunca ha sido ocultado públicamente.
Otro de los elementos utilizados por el PP para reforzar su denuncia es la reorganización interna impulsada en el trabajo de campo de las encuestas. La sustitución de contratos mediante concurso público por encargos a la empresa pública TRAGSATEC es presentada en la querella como una maniobra destinada a blindar el llamado “modelo Tezanos”.
Los ‘populares’ denuncian que la reciente consolidación de centenares de trabajadores vinculados a estos sondeos dificultaría revertir la estructura actual del CIS en caso de un eventual cambio político.
Pese a la contundencia política de la querella, la vía penal elegida por el PP plantea importantes obstáculos jurídicos. El artículo 145 de la LOREG exige acreditar no solo la existencia de una manipulación “grave”, sino también la voluntad concreta de alterar la formación de la voluntad electoral de los ciudadanos. Juristas consultados en distintos análisis publicados en medios especializados recuerdan que demostrar penalmente la intencionalidad dolosa detrás de modelos estadísticos complejos resulta extraordinariamente difícil.
La iniciativa popular se produce, además, en un contexto de creciente polarización institucional y de profunda desconfianza entre los grandes partidos respecto a organismos públicos independientes.
Mientras el PP sostiene que pretende defender la neutralidad de las instituciones del Estado, sus críticos consideran que la querella abre un precedente delicado al intentar convertir los errores demoscópicos en materia penal y judicializar una polémica eminentemente política y metodológica.
En paralelo, la credibilidad del CIS continúa siendo objeto de fuerte disputa pública. Sus barómetros siguen marcando la agenda política y mediática del país, aunque cada publicación reactiva también un debate recurrente sobre la fiabilidad de las estimaciones, la transparencia metodológica y la independencia efectiva del organismo bajo la dirección de Tezanos.
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