El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha adentrado en una nueva polémica en materia laboral. Desde el Círculo de Empresarios Vascos, ha abogado este martes por reducir sueldos y “prestaciones” a aquellos trabajadores que no acudan a su puesto por una baja, permiso o ausencia de cualquier calado. Una propuesta que afecta de lleno a los derechos laborales de los empleados pero que, a ojos del líder de la oposición al Gobierno, es una situación que debería revertirse.
Feijóo ha cifrado en 30.000 millones de euros anuales los que se gastan en España con motivo del absentismo laboral que ha cifrado que practican 1,16 millones de personas. Bajo este marco, ha prometido que, de ganar las próximas elecciones generales y alcanzar el mando de La Moncloa, tomará “una decisión con el absentismo” de la mano de un diálogo entre agentes sociales, es decir, patronal y sindicatos. “Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir”, ha reprochado.
No obstante, ha advertido de que su intención será, “con o sin acuerdo”, materializar un cambio sustancial al considerar que “no es una cuestión para discutir”: “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha argumentado, aunque la causa sea médica, o de cuidados de un familiar o por diversas causas que puedan acontecer e imposibiliten el desempeño laboral.
En estos términos, ha culpado a la Administración pública por permitir que “un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y siga teniendo el mismo sueldo y mismas prestaciones, pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene”: “Es un cáncer que no podemos pagar”, ha condenado.
Como ejemplos prácticos, Feijóo ha situado los casos de Insalud –donde ha dicho que era “una fábrica de bajas” al repartírselas entre médicos y enfermeras- y en Correos –“donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”-. Ambas entidades fueron presididas por el actual líder de Génova, entre 1996 y 2000 y hasta 2004, respectivamente.
Por ello, ha abogado por retomar este debate de la mano de “las comunidades autónomas, el Gobierno central, la patronal y los sindicatos”, con la intención de llegar a un pacto, porque “todo aquello que supere un 4% o 5% de absentismo, tiene un enorme porcentaje de fraude”. “Y, si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha resuelto.
Ha agregado al respecto que, como otro pilar fundamental de su estrategia, sería un Estado “que incentive y facilite el cambio de paradigma”: “Necesitamos un proyecto nacional que aproveche las capacidades del país”, ha apostado.
El Gobierno condena las palabras de Feijóo: "Los derechos no se recortan, se defienden"
Como primera reacción desde el Gobierno central, se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha reiterado en sus redes sociales que “estar enfermo no es una elección” y “elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es”.
Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 7 de julio de 2026 a las 18:28
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Quien llama “cáncer” a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2026
Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla.
Los derechos no se recortan. Se defienden.…
Antecedente en la Galicia de Rueda
Esta postura ante las bajas laborales no es desconocida en las filas del PP. El pasado mes de abril, desde la Xunta de Galicia, su actual mandatario, Alfonso Rueda, trazó un plan para dificultar el acceso a las bajas médicas secundado por la duración y el volumen de solicitudes de estas incapacidades temporales.
El plan de Rueda vino vertebrado de “un programa integral de abordaje” que traería consigo la creación de un organismo de control de estas bajas temporales, además de reforzar las mutuas privadas.
El planteamiento de la Xunta se encontró de bruces con el rechazo del Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz y organizaciones sindicales. El departamento gubernamental tachó de “absolutamente ilegales” los planes de Rueda al considerar que suscribía a una invasión de competencias estatales, por lo que avanzó que podría recurrir al Tribunal Constitucional.
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