El fallo del Supremo agita a la izquierda y exige un cambio integral en el Poder Judicial

La condena al fiscal general del Estado ha removido las aguas del estanque político. Si bien en la derecha descorchan el champán por el fallo de la Sala II del Tribunal Supremo, la indignación y la rabia se apoderan del sector zurdo del tablero político. Las reacciones que se han recopilado desde el jueves apuntan a una ofensiva orquestada por la derecha política, sobredimensionada por la derecha mediática y ejecutada con precisión quirúrgica por la pata judicial. Máxime cuando están plenamente convencidos de que el veredicto no se sostiene sobre ninguna prueba lo suficientemente robusta para sustentarla. Al menos por el momento, pues la sentencia aún no ha visto la luz en su totalidad.

De ahí que el grueso de actores principales del elenco progresista se animen a abrasarse ante el foco mediático para denunciar lo que, como poco, entienden como un “golpe blando” contra el bloque de la investidura, legitimado por el pueblo en julio del 2023. Mientras en Moncloa activan la ‘Operación Sustituto’, los socios afilan sus bayonetas no sólo para cargar contra la derecha y todos sus batallones, sino también para obligar al PSOE – y por ende al Gobierno – a mover ficha para evitar que esa suerte de “golpe” al Estado de Derecha tenga más capítulos.

Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han sido los vehementes. El viernes, el portavoz de los independentistas en el Congreso, Gabriel Rufián, hacía uso de su plataforma favorita – X (antes Twitter) – para dar los trazos de la nueva estrategia del bloque progresista. Así, el diputado del Grupo Republicano tocaba a rebato a los aliados de la coalición para que abandonaran los lamentos, que no conducen – sugiere – a ninguna parte y pasar a la acción. Ese toque de corneta pasa por una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “No es demasiado tarde. 176 votos”, esgrimía Rufián, dejando a un lado la rencilla sempiterna con Junts, cuyos apoyos a la alianza de la investidura en absoluto están garantizados.

En la misma esquina del cuadrilátero, Podemos. Los de Ione Belarra percuten con la idea de la modificación legislativa y lo hacen pasando la factura correspondiente. Los morados se retrotraen al pacto que PSOE y PP firmaron para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Acuerdo al que se opusieron y que ahora intentan volar por los aires. La líder de la formación recogió el guante de Rufián y exigió a las fuerzas del bloque de la investidura unir fuerzas para cambiar la ley y sortear a ese nutrido grupo de togados que “hacen política” desde los tribunales. “Es una guerra sucia, judicial y política de libro”, encuadró.

Belarra, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de recordar toda la operación judicial contra sus siglas en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la trama Kitchen en plena ebullición creativa para destruir al partido que entonces regentaba Pablo Iglesias a golpe de proceso judicial basado en pruebas prefabricadas. De ahí que, toda vez saltara la instrucción del caso Begoña, Podemos intentara la reforma legislativa en el Congreso. Una iniciativa que buscaba centralizar la composición del órgano de gobierno de los jueces exclusivamente en las Cortes Generales y por mayoría absoluta, en caso de que no se lograse el consenso de las tres quintas partes en primera vuelta.

Pie a tabla en Moncloa

Las súplicas de sus aliados se estrellan contra los muros institucionales del Palacio de La Moncloa. Si bien el socio minoritario intentó abrir el debate en el seno de la coalición, el ala socialista pisó el freno del vehículo que pilota Pedro Sánchez. Según cuenta InfoLibre, fue la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la que partió el melón de una tajada con el fin de delimitar un proceso de reflexión sosegado sobre la elección del Poder Judicial y sus ramificaciones. Aduce la integrante de Izquierda Unida que el sistema actual orilla la voluntad popular y la pluralidad. Reivindicaciones históricas, por otro lado, de su formación.

Pero el socio mayoritario opta por meter cloroformo a la respuesta y se limitan a dar la batalla desde la institucionalidad. El ala socialista justifica que Podemos y ERC blanden sus espadas desde la comodidad del Parlamento, pero en la hoja de ruta del Gobierno no se integra una modificación de tal calado. No lo descartan a futuro, pero en el corto plazo, ese puente no está disponible e incluso niegan que se haya debatido al respecto en el seno del Ejecutivo.

Nadie en el Gobierno oculta la indignación que ha despertado el fallo del Supremo, pero encapsulan sus próximos movimientos en la búsqueda de un sustituto para García Ortiz. Única y exclusivamente. Lo que algunos miembros del Consejo de Ministros sí han hecho es confrontar la decisión sin salirse de los márgenes que permite la institucionalidad. Prueba de ello son las últimas intervenciones del titular de Transformación Digital, Óscar López, que el viernes ya deslizaba con cierta sorna que era “más respetuoso” con la Justicia que “incluso algunos jueces”. Al margen de la clásica coletilla, el también líder del PSOE-M ha aprovechado la coyuntura para envolver la crítica judicial en un manto político y señalar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su pareja y su principal gurú e ideólogo del bulo desencadenante de la sentencia, Miguel Ángel Rodríguez, como instigadores. Mensaje que acompasaba este sábado con un mensaje directo a la baronesa conservadora: “Nada va a tapar la verdad de lo que pasa en Madrid”.