La decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 por el delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha copado la actualidad informativa. Tras esta condena, García Ortiz ha presentado este lunes al Gobierno su renuncia. En su defensa, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exdiputado del PNV, Emilio Olabarria, ha afirmado que la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es consecuencia de una "sentencia llamativa e irregular".
"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", ha expresado García Ortiz en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En una tertulia de RNE, Olabarria ha detallado varios puntos que han llamado su atención sobre el fallo al fiscal general. En primera instancia, ha recalcado "el nivel de judicialización de la política" existente. Asimismo, ha apostillado que la dimisión García Ortiz es consecuencia de una "sentencia llamativa e irregular".
En su opinión, "no se puede dictar un fallo que está produciendo efectos jurídicos ya, con la sustitución del fiscal general del Estado, sin saber el delito" concreto que se le atribuye. El exmiembro del CGPJ ha denominado “llamativa” esta sentencia porque no se conoce la sentencia, sino sólo el fallo, y no se sabe "la fundamentación jurídica".
"Ni siquiera sabemos por qué delito ha sido condenado, si por revelación de secretos confidencialmente a través de la remisión a los periodistas de esta información, o si ha sido por la nota de prensa elaborada el día siguiente por la propia Fiscalía en defensa de lo que inició todo, que es la tergiversación realizada por un profesional de la materia como Miguel Ángel Rodríguez, invirtiendo lo sucedido en relación al caso de defraudación y de falsificación de documento público del novio de Isabel Díaz Ayuso", ha aseverado.
En este sentido, ha dicho que "parece ser que tocar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid "pasa una factura gravosa". Además, ha indicado que "no hay ninguna prueba constituida, ni siquiera en sede judicial".
El Gobierno niega dar por cerrado el caso
El Gobierno, pendiente de nombrar a un nuevo fiscal general del Estado tras la renuncia y la amortización de Álvaro García Ortiz, no da el asunto por cerrado y, pese al fallo del Tribunal Supremo, sin haberse conocido todavía el cuerpo de la sentencia, cree que la siguiente meta volante podría ser la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que revoque la condena de la Sala Segunda conocida el pasado jueves.
El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó la defensa de la inocencia del fiscal en un viaje oficial desde Johannesburgo, como viene haciendo desde el comienzo de esta casuística. No obstante, el fallo no parece mover ni un ápice la posición marcada por el líder del Gobierno que atestó un cierre de filas total que sus socios han acatado con efervescencia y, cuando no, dureza. Yolanda Díaz, Ione Belarra, Gabriel Rufián, entre otros, han sido los encargados de elevar el tono de crítica para señalar “el asesinato civil” de García Ortiz, víctima de “una guerra contra unas ideas” con “razones políticas” en lo que ha sido un “golpe judicial” que blinda la impunidad que rodea al entorno de Isabel Díaz Ayuso.