La suspensión del derecho a voto de cientos de miles de personas residentes en el exterior, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, sigue sumando actores a la pelea legal. El Gobierno considera incomprensible la decisión del Tribunal Supremo de limitar el sufragio a los nietos del exilio y, con el Ministerio de Exteriores desplegando todos sus recursos para cumplir con los parámetros decididos por la Justicia, el Tribunal Constitucional, que se pronunciará en los próximos días, será quien tenga la última palabra.
"Los consulados de España están poniendo la máxima diligencia para cumplir las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el voto de las personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Los funcionarios del Servicio Exterior están dedicando todo su tiempo a este esfuerzo. Lo hacen en un plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes, gran parte de ellos sin informatizar, y en un calendario acelerado por la convocatoria electoral. Al mismo tiempo, los consulados mantienen la atención ordinaria a los ciudadanos españoles en el exterior, incluida la organización del voto exterior del 29 de noviembre", explican fuentes de Exteriores a ElPlural.
El Supremo ha mandatado la revisión individual de los 163.020 expedientes de personas residentes en el exterior que recibieron la nacionalidad gracias a la ley de nietos, que ya ha desplegado sus efectos en las anteriores citas electorales, pues fue aprobada en octubre de 2022. Esto obliga a los ciudadanos a conseguir una certificación personal, a través de los registros consulares, que justifique que cumplen los requisitos contemplados en la ley para ejercer su derecho a voto. El principal problema son los tiempos.
"Los consulados recibieron instrucciones precisas por telegrama menos de 24 horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fuera notificado de las medidas cautelares. El telegrama subrayaba la importancia y la urgencia del proceso", apuntan las mismas fuentes. "Desde entonces", prosiguen, "los consulados y los servicios informáticos del Ministerio han trabajado en una plataforma que ya está operativa. A través de ella se trasladan de forma segura a la Oficina del Censo Electoral los datos requeridos. La Oficina ya ha recibido datos de casi una treintena de consulados".
La Oficina del Censo Electoral ya dispone, a través de la herramienta informática DICIREG, de los datos nominativos de más de 70.000 ciudadanos que presentaron el anexo I de la disposición adicional octava en 2025 y 2026. "Los consulados están completando con la mayor rapidez posible las comprobaciones restantes", asegura Exteriores, que concede la máxima prioridad a este cometido. Por eso, "la pasada semana se anularon las vacaciones en curso y las previstas para las próximas semanas de todos los cónsules de las oficinas afectadas por las medidas cautelares", explican.
El Alto Tribunal dio esta orden hace escasas semanas y desde Exteriores aseguran que es imposible desplegar la orden en su totalidad, pese a haber puesto todos sus recursos a disposición de esta materia. Diferentes instancias, como la Abogacía del Estado, ya advirtieron, nada más conocer la decisión, de la incapacidad de dar cumplimiento a lo solicitado. En consecuencia, se espera que un gran número de personas no puedan participar de los comicios, lo que derivará previsiblemente en una larga batalla legal y en la impugnación de los resultados.
"La Abogacía del Estado ya advirtió al Tribunal Supremo, en su informe del pasado día 9, que el tiempo hasta la cita electoral era manifiestamente insuficiente para los consulados con mayor volumen de expedientes. Señaló también que en algunos supuestos el cumplimiento resultaría materialmente imposible, pese a que Exteriores ha puesto en marcha todos sus recursos humanos y materiales", recuerda el Ministerio. El departamento dirigido por José Manuel Albares está trabajando conjuntamente con todas las instancias para recopilar los datos necesarios para los censos.
Decenas de consulados ya han aportado la información, pero la suma está muy lejos de cubrir a la totalidad de interesados. A la par, siguen llegando los recursos de alegaciones contra la decisión del Supremo, entre la que destaca la del Defensor del Pueblo, que presentó la pasada semana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse próximamente.
Ángel Gabilondo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita medidas cautelarísimas tras "haber recibido diversas peticiones de particulares y entidades", "para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo" en las generales. Así, el Defensor del Pueblo actúa en cumplimiento de la ley que le permite acudir al Tribunal garante de la Carta Magna si considera que se han producido "violaciones de los derechos y libertades" que "tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial".
Si el Constitucional atiende este recurso, que ha caído en manos del magistrado conservador Enrique Arnaldo, las medidas cautelares activadas por el Supremo decaerían y los nietos del exilio sí podrían votar. De lo contrario, la situación de los afectados se mantendrá igual, a la espera de que el propio Supremo resuelva sus alegaciones. Independientemente de cual sea la decisión, es previsible que esta genere un choque entre bloques políticos, con la oposición aireando la tesis del amaño electoral.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.