La guerra civil en Vox y las purgas internas en el partido de Santiago Abascal no hacen más que ir en aumento en una formación que naufraga de puertas para dentro y, veremos, si este escenario le cuesta también votos a la hora de acudir a las urnas.
Por el momento, cuantos más detalles se conocen de las expulsiones de pesos pesados, más dudas hay sobre la dirección y, muy concretamente, sobre la manera en la que tiene de liderar el responsable último de Bambú.
Al terremoto de salidas y acusaciones de corrupción que han tenido lugar en las últimas semanas se suman este lunes las declaraciones de José Francisco Garre, ex vicepresidente del Comité de Garantías, defenestrado también por su partido, que le acusa ahora de “traidor” y supuesto corrupto.
"No veíamos infracción alguna"
Abandonó el partido un par de días y, junto a otros compañeros que han pasado por la misma situación que él, ha querido tirar de la manta. Lo ha hecho en una conversación con El País en la que, entre otras cosas, cuenta de qué manera se fraguó la caída Iván Espinosa de los Monteros de Vox.
Sitúa el “punto de inflexión” en 2022. Hasta entonces, mantiene al periódico mencionado, “no había inherencias y trabajábamos con plena libertad”. Pero ese año “se celebra la asamblea general y advertimos de que en la candidatura al Comité Ejecutivo Nacional -la que encabeza Abascal- hay dos candidatas -una de ellas Montse Lluis- que no cumplen los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”.
El Comité lo obvia, siempre en palabras del entrevistado, y “las incorpora”. “A partir de ese momento vemos un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial, no del todo porque es un órgano del partido, pero intentábamos actuar con objetividad”, expresa.
Y es ahí donde se produce el cataclismo con Espinosa de los Monteros como eje principal. Un momento “surrealista”, según el portavoz de Torre Pacheco. Llega una denuncia al que fuera una de las personas más importantes del partido por supuesto tráfico de influencias, pero solo una persona ve delito.
“Todos los miembros del comité, excepto una, estábamos de acuerdo en que no había infracción alguna. Hacemos una resolución (exculpatoria) y nos la echan para atrás. Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila, que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”, relata.
Para ello, les presenta “un informe jurídico de un abogado externo al que se ha contratado para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito”. Poniendo de manifiesto que ellos también son abogados, esgrime que “pese a las presiones nos mantenemos firmes y no se le sanción”.
Asimismo, se muestra muy contundente al responder cuál era la pretensión última del partido con este expediente”: “Que lo expulsáramos”. “Al principio las denuncias era entre afiliados, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone”.
Garre habla también de otros expulsados o sancionados del partido. Frente al expediente de José Ángel Antelo, portavoz de Vox en Murcia, se abstuvo por la amistad que mantienen, pero señala que “no se puede ordenar a alguien que dimita”. Y en cuanto a Ortega Smith, se hizo de otro modo: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatuaria (…)”.
"Manu militari"
El partido de extrema derecha acusa al protagonista de estas líneas en dos direcciones: por “traidor” y por supuesta corrupción. Lo primero es que le acusa de haberse vendido al PP y le exige que devuelva el acta de concejal por haber alcanzado un pacto de gobierno con el alcalde de la localidad (del PP), que Vox dice haber conocido “por la prensa”.
Acerca de ello, reconoce que, efectivamente, no consultó a la dirección, pero defiende que hace tiempo que no pide permiso para llegar a acuerdos con los conservadores. “Lo sabían de sobra (…) La situación era desesperada y hablé con mis compañeras. Salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo”, refrenda, apostillando que “en la pasada legislatura tenían cierta libertad”, pero que ahora el partido funciona “manu militari”.
Y en lo relativo a las posibles irregularidades económicas, hace unas semanas Vox ele requirió que justificara un pago de 8.480 euros que se hizo por orden, precisamente de Antelo, días antes de lo que ocurrió con él, según la versión del partido. “Pese a que Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”, añade el comunicado.
En su réplica, el exdirectivo prepara ya una querella por injurias, mantiene que no sabe quién ordenó las transferencias y dictamina que éstas responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martín Alpañez, quien se comprometió a pagarle una iguala por asesoramiento jurídico a los concejales de la formación en la región o elaborar informes o borradores de proyectos de ley.
Los pagos se corresponden a honorarios de 2025. “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”, concluye. Incluso, asegura que habló con Montse Lluis en varias ocasiones, que le dio “todas las explicaciones” y que ésta incluso le pidió perdón.
