El fondo buitre Fidere, propiedad de Blackstone, está a la venta, y con él, las 5.400 viviendas que lo componen y que están en régimen de alquiler en la Comunidad de Madrid. La empresa matriz quiere deshacerse del fondo de inversión en activos residenciales vendiendo todos los inmuebles con los que cuenta a un solo comprador, pero manteniendo la gestión de los mismos. Un movimiento masivo en el que quien más perjudicado saldrá, en caso de satisfacerse, serán las familias que residen en estas viviendas, al ver cómo los grandes propietarios juegan con sus hogares como fichas de una partida de damas y con el más que probable incremento en los precios que traerá consigo el traspaso de la titularidad si termina produciéndose. La Comunidad de Madrid, por su parte, contesta con evasivas y excusas a cualquier pregunta relacionada con el caso, a pesar de tener capacidad para intervenir y asegurar el futuro residencial de todas estas familias.
Así lo denuncia el portavoz de vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, que señala que la situación es doblemente grave: a su juicio, la Comunidad de Madrid "abandona en dos tiempos a los ciudadanos", primero, en cuanto al periodo en el que las viviendas de titularidad pública se mantienen como tal en la región, ya que dicha categorización apenas alcanza los quince años, y en segundo lugar, no ejecutando el derecho de tanteo y retracto, con el que la administración pública podría hacerse con los inmuebles en una simple intervención. "La Comunidad de Madrid tiene en su mano evitar e impedir que echen a esta gente de sus hogares porque le suban el precio del alquiler cuando las vendan. Las viviendas protegidas dejan de estarlo cuando pasan 10 o 15 años y la gente queda abandonada, cuando podrían comprar las viviendas e incorporarlas al parque público de la Comunidad, y no lo hacen", lamenta en conversaciones con ElPlural.com.
A su vez, Moruno planteó en la Asamblea de Madrid dos preguntas: la primera, en relación con la Ley del Suelo y su artículo 182, que se centra precisamente en el derecho de tanteo y retracto, acerca de unas viviendas en Pinto que quedan bajo el paraguas de Fidere. Este mecanismo es un derecho de adquisición preferente que permite a las administraciones públicas comprar una vivienda antes que un tercero, en este caso los fondos interesados, para proteger la estabilidad de los inquilinos residentes en las viviendas. Lo recoge el Artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la propia Ley del Suelo, y a través de este mecanismo, la Comunidad de Madrid tendría el derecho y la capacidad de hacerse con esos inmuebles y hacer que pasen a titularidad pública sin que supusiera, siquiera, coste alguno para las arcas públicas.
La segunda pregunta planteada por Moruno iba en la misma dirección, pero para otro lote de viviendas de Fidere sujetas al tanteo y retracto en el Ensanche de Vallecas. En ambos casos, la respuesta fue exactamente la misma: "Con relación a la implementación del derecho de tanteo y retracto por la Comunidad de Madrid sobre determinadas viviendas, se informa que no se ejercen dichos derechos por haber expirado el plazo de ocho años de vigencia máxima desde la publicación Orden 2907/2005, del 23 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delimitan suelos sometidos al derecho de tanteo y retracto". Este mecanismo, de aplicarse, ahorraría mucha incertidumbre a los vecinos afectados por el traspaso entre fondos buitre, pero la Comunidad de Madrid aporta este argumento para no hacerlo, razones políticas y de agenda aparte.
La venta de Fidere
El fondo de origen estadounidense decidió, el pasado mes de septiembre, poner a la venta sus activos en Fidere, una de las dos filiales de viviendas en alquiler con las que cuenta en España. Esta es la segunda ocasión en la que la firma intenta poner en marcha esta operación, tras un primer conato en 2019. Por aquel entonces, la irrupción de la pandemia y las tendencias del mercado hicieron al fondo buitre echarse atrás con el movimiento, para el respiro de las familias. En 2023, Blackstone refinanció toda la deuda de Fidere para desinvertir y encontrar una ventana de oportunidad de vender todas las viviendas: la del momento actual.
El plan de la macroentidad consiste en desinvertir las 5.400 viviendas de Fidere en régimen de alquiler, valoradas en un total de 1.200 millones de euros. El propósito de Blackstone no es otro que deshacerse de todas ellas y mantener su gestión, preferiblemente todas a un mismo comprador, pero también estudia venderlas por paquetes en función de importe y ofertas. La gestión de los pisos en alquiler del fondo corre a manos de Testa Homes, firma que gestiona tanto las viviendas de Testa como las de Fidere y que ya estuvo en el foco mediático por polémicas subidas de precio a los inquilinos anteriormente. Se prevé que el proceso que se ha puesto ahora mismo en marcha no acabará hasta, como mínimo, el segundo semestre de 2026.