Cuando parecía que Ciudadanos, finalmente, iba a conseguir salir de la fatídica foto de Colón, que colocó a Ciudadanos casi en brazos del PP, con la vigilante compañía de Vox, su negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado ha devuelto a la formación naranja a la primera casilla del tablero. Allí donde la situó el después fracasado Albert Rivera.

Si no hay cambios de última hora, votará en contra de las cuentas del Estado junto a la derecha más rancia y la ultraderecha. El argumento que esgrimió Inés Arrimadas para informar de su posición fue que no se cumplían “los requisitos necesarios para que un partido de centro y moderado los pueda apoyar”.

Insistió en la idea, presente en muchas de sus intervenciones, de que Sánchez ha elegido la radicalidad en vez de la moderación y para justificar las idas y venidas de su partido, proclamó que, al menos, Ciudadanos había sido útil en esta negociación de la que ha obtenido alguna victoria, como la tarjeta sanitaria única.

A juicio de Inés Arrimadas, el hecho de haber negociado demostraba que su partido  “no se había quedado dormido como otros”, ni se había plantado a esperar a que España se hundiera para rentabilizar sus votos, en indirecta alusión a PP y a Vox.

¿Y ahora qué? Los devaneos de Ciudadanos con el gobierno de coalición llevaron al PP a negar la posibilidad de acudir en común a las elecciones catalanas. No se puede estar en misa y repicando, y la formación naranja tendrá que decidir qué hace. Incluso, podría reconsiderar su postura respecto a los Presupuestos, absteniéndose, en la votación final del jueves en el Congreso, para no quedar diluidos en el PP. Algo que ya les salió muy caro.

La derecha se ha tomado muy mal las alianzas conseguidas por el Gobierno de Sánchez para llevar adelante los Presupuestos. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso está que brama con el acuerdo de armonización fiscal en todo el Estado, que ha considerado una afrenta y una concesión a ERC cuyo líder, Gabriel Rufián, situó como objetivo prioritario “acabar con el paraíso fiscal de Madrid”.

No es para tanto. Primero porque se trata de que haya una base fiscal común de mínimos que permita a cada comunidad desarrollarlo después en el marco de sus competencias, evitando situaciones de desequilibrio entre unos territorios y otros. Este asunto ya figuraba entre los planes de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, hace tiempo.

Es de todos conocido que las facilidades fiscales llevan a muchas empresas a instalar su sede en Madrid, al menos sobre el papel, y que las rentas más elevadas se ven muy beneficiadas por la exención de algunos tributos, como el de patrimonio. Ya exploró la armonización, el partido de la señora Díaz Ayuso en 2016, en un comité de sabios convocado por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy Brey.

Ahora, algún colega suyo, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ve esa vía con buenos ojos, si se establecen máximos y mínimos. A Díaz Ayuso se lo ha soplado, con escaso éxito, Pedro Sánchez: "Si habla con presidentes del PP también le dirán que tenemos un problema que resolver, el de armonización fiscal".

Pero Ayuso y Arrimadas tienen algo en común, cuando ponen su interés por delante de lo que los ciudadanos necesitan. Una política errónea. Con una diferencia fundamental, la presidenta de Madrid cuenta como asesor a Miguel Ángel Rodríguez, el experto que consiguió que con sus discutibles estrategias darle a José María Aznar perfil de hombre de Estado.