Iñigo Errejón, junto a los otros dos líderes más conocidos Podemos, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. EFE/Archivo
Plazo de alegaciones
La Universidad de Málaga abrió un expediente informativo el pasado 21 de noviembre a raíz de las informaciones publicadas por el diario El Mundo. Con dicho expediente la Universidad quiere determinar si Errejón incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la Ley de Incompatibilidades al cobrar de la formación política y por la beca al mismo y tiempo, como demostramos en ELPLURAL.COM, donde mostramos tanto su contrato con la Universidad como varias de las facturas que cobró del partido político. En cuanto al expediente abierto al profesor, se trata de averiguar si cumplió con su obligación de supervisar y controlar que el proyecto se ejecutaba de acuerdo al contrato, en el que entre otras cosas se especificaba que Errejón debía tener una dedicación exclusiva, de 40 horas semanales.
Una de las factura que Errejón presentó a Podemos. Esta en concreto, por la dirección de campaña de las europeas
Errejón está contratado en régimen laboral hasta el 16 de diciembre como investigador externo, y antes de hacerse efectiva la suspensión cautelar de funciones, puede presentar las alegaciones que considere oportunas en un plazo de diez días. Además puede presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la rectora, Adelaida de la Calle, o un recurso contencioso-administrativo.
Proyecto de investigación sobre la vivienda en Andalucía
Íñigo Errejón fue contratado para realizar un proyecto de investigación sobre "la vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas políticas para la desmercantilización de la vivienda", dentro de un programa de colaboración entre la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.
La convocatoria fue pública y entre otros requisitos se exigía ser doctor en Ciencias Políticas. Solo concurrió Errejón, quien ganó el concurso el pasado mes de marzo. El Líder de Podemos siempre ha esgrimido que el proceso fue absolutamente público y transparente.
El profesor presentó a la Consejería de Fomento informes trimestrales de los resultados del proyecto de investigación y el pasado mes de septiembre comunicó a la Universidad que no podría seguir su labor como contratado, por lo que pidió que se volviera a convocar la plaza.
