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Pedro Sánchez ha decidido jugarse el mandato contra el calendario y, en cierta medida, contra las encuestas. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre después de que el Congreso de los Diputados tumbara el viernes los dos reales decretos-ley vinculados a la crisis de la vivienda.
El movimiento llega, además, cuando los sondeos privados dibujan un escenario poco confortable para el PSOE. La fotografía agregada de las últimas encuestas disponibles mantiene al PP como primera fuerza, con Vox en ascenso y una izquierda fragmentada.
Pero Sánchez parece haber concluido que prolongar una legislatura sin mayoría efectiva no garantiza que el escenario mejore y que, en cambio, la irrupción de la vivienda como cuestión de máxima temperatura social puede modificar las coordenadas de la campaña.
Sánchez adelanta las elecciones cuando las encuestas aconsejarían esperar, pero cuando el clima político puede ofrecerle un argumento para hacerlo. El sondeo de Ateneo del Dato, realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, antes de la derrota parlamentaria, otorgaba al PP un 33,2%, al PSOE un 27,5% y a Vox un 19,2%. El sondeo exprés de SocioMétrica, realizado entre el 1 y el 3 de octubre, situaba al PP en el 33,4%, al PSOE en el 26,5% y a Vox en el 18,1%. Y el último 40dB., cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el 25 y el 28 de septiembre, registraba un 31,6% para el PP, un 27,4% para el PSOE y un 18,4% para Vox.
La media de esos tres sondeos deja al PP en el 32,7%, al PSOE en el 27,1% y a Vox en el 18,6%. El espacio de Sumar se mueve en torno al 6%, mientras Podemos obtiene una media próxima al 2,7%. Es decir, el punto de partida de Sánchez es objetivamente adverso.
La vivienda como cambio de escenario
El elemento diferencial es la calle. La crisis habitacional ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un conflicto político transversal. Las protestas y la acampada de la Puerta del Sol han proporcionado al Ejecutivo un terreno narrativo distinto al de la legislatura que agoniza: el de una mayoría social que reclama soluciones y un Parlamento que, el pasado viernes, rechazó las medidas con las que el Ejecutivo pretendía responder a esa presión.
El desahucio de Maria del Carmen Abascal, una mujer de 87 años, actuó como catalizador de una indignación que posteriormente se trasladó a las plazas. La recuperación de dos decretos sobre vivienda fueron concebidos por el Gobierno como respuesta a esa presión social y terminaron derrotados por la suma des derechas españolas y catalanas: PP, Vox y Junts.
Ese encadenamiento ofrece a Sánchez una secuencia electoral de enorme utilidad: calle, vivienda, decreto y bloqueo. El relato permite al PSOE abandonar durante unas semanas el terreno en el que las encuestas lo sitúan a la defensiva y trasladar la discusión hacia una pregunta mucho más favorable para su electorado: quién protege el derecho a una vivienda asequible y quién impide hacerlo.
El precedente del 23J
La decisión contiene una reminiscencia del movimiento que Sánchez ejecutó en 2023. Entonces, tras el golpe territorial de las elecciones autonómicas y municipales, el presidente disolvió las Cortes y convirtió una derrota política en una campaña nacional en la que consiguió movilizar a buena parte del electorado progresista frente al temor a un Gobierno de PP y Vox.
Ahora intenta construir una operación de naturaleza diferente, pero con una lógica parecida: forzar un nuevo tablero antes de que el deterioro parlamentario termine consolidándose como una profecía autocumplida.
Las diferencias son sustanciales. En 2023, el PSOE acudía a las urnas con un adversario que todavía no había demostrado capacidad de gobierno conjunta. En 2026, PP y Vox aparecen mucho más próximos a la mayoría absoluta en los sondeos..
Por eso el 29 de noviembre es una maniobra de riesgo. Pero también una forma de impedir que la legislatura continúe consumiéndose en sucesivas derrotas parlamentarias.
El Congreso deja de ser una ventaja
La caída de los decretos ha cristalizado la realidad de que el Ejecutivo carece de una mayoría progresista estable para sacar adelante iniciativas de cierto alcance social. Junts, decisivo para la investidura, se ha convertido en un socio imprevisible y la suma de sus votos con PP y Vox ha demostrado que puede bloquear medidas emblemáticas del Gobierno.
En esas condiciones, continuar hasta 2027 habría supuesto afrontar una sucesión de votaciones en las que cada derrota reforzaría el argumento de una oposición que presenta al Ejecutivo como agotado. Sánchez ha optado por invertir la lógica: si no puede convertir el Parlamento en una demostración de fortaleza, llevará la disputa directamente a las urnas.
El Gobierno prevé, además, volver a aprobar los decretos de vivienda y trasladar su convalidación a la Diputación Permanente, donde el equilibrio de fuerzas es diferente. La maniobra permitiría que el PSOE llegue a la campaña con la vivienda todavía en el centro del tablero y con la posibilidad de presentar las medidas como una batalla política inconclusa.
¿La calle puede desafiar al sondeo?
La operación de Sánchez depende ahora de una hipótesis todavía no demostrada: que la agenda social sea capaz de modificar las prioridades electorales. Las encuestas son una fotografía; una campaña es una secuencia de acontecimientos.
Hoy esa fotografía favorece al PP. La media de los sondeos recientes le concede unos 5,6 puntos de ventaja sobre el PSOE, mientras Vox roza el 19%. Pero los mismos datos revelan que el PP no crece de manera extraordinaria respecto a su posición de 2023; quien capitaliza con mayor claridad la erosión del PSOE es Vox. En el promedio considerado, PP y Vox reunirían aproximadamente el 51,3% del voto, frente al 35,7% de PSOE, Sumar y Podemos.
La incógnita queda abierta. Las encuestas dicen que el PP parte con ventaja. La calle introduce una variable que todavía no ha podido ser medida plenamente. Y Sánchez confía en que, entre el momento en que se publica un sondeo y el instante en que se deposita una papeleta, existe un territorio decisivo: la campaña.
