La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, abrió este lunes 5 de mayo un debate político de gran calado al plantear la posibilidad de reformar la Constitución Española para revisar el principio de inviolabilidad del rey, una prerrogativa consagrada en el artículo 56.3 de la Carta Magna. Durante un acto conmemorativo del Día de Europa celebrado en el Congreso, Armengol defendió que España debe avanzar hacia una democracia "más moderna, más transparente y plenamente comprometida con la rendición de cuentas", lo que, a su juicio, incluye someter a control institucional las actuaciones de todas las figuras del Estado, incluida la Jefatura del mismo.
Su propuesta, que se enmarca dentro de una reforma constitucional "más amplia" —en la que también ha abogado por transformar el Senado y reforzar el modelo federal—, ha reactivado un tema largamente pospuesto: ¿debe mantenerse intacta la inviolabilidad del Rey o adaptarse a los principios de responsabilidad democrática exigibles a cualquier poder público?
Esta propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores consideran que es un paso necesario para fortalecer la democracia y la transparencia institucional, otros advierten sobre los desafíos que implica modificar la Constitución, especialmente en lo que respecta a la figura del rey.
La inviolabilidad del rey ha sido interpretada como una protección absoluta, lo que ha impedido que se investiguen ciertas actuaciones del monarca, incluso después de su abdicación. Esta situación ha generado críticas y ha llevado a algunos expertos a cuestionar la adecuación de esta prerrogativa en una democracia moderna.
En este contexto, la propuesta de Armengol busca abrir un debate sobre el papel y las responsabilidades del rey en la España actual. La revisión de su inviolabilidad y el establecimiento de mecanismos de control podrían contribuir a una mayor legitimidad y confianza en la institución monárquica.
Sin embargo, cualquier reforma constitucional requiere de un amplio consenso político y social. La modificación del artículo 56.3 de la Constitución implicaría un proceso complejo, que incluye la aprobación por mayoría cualificada en las Cortes Generales y la ratificación en referéndum.
La iniciativa de Francina Armengol reabre un viejo dilema sobre el equilibrio entre tradición institucional y exigencia democrática. Mientras algunos defienden que la inviolabilidad del rey es un pilar simbólico del sistema parlamentario, otros consideran que ya no tiene cabida en una sociedad que reclama transparencia e igualdad ante la ley. En este contexto, planteamos la siguiente pregunta a nuestros lectores: ¿debería reformarse la Constitución para revisar la inviolabilidad del monarca? Puedes dejar tu opinión en esta encuesta y sumarte a un debate que, más allá de lo jurídico, interpela directamente a nuestra concepción de la democracia.