ENCUESTA: ¿Estás de acuerdo con expropiar vivienda vacía de bancos y fondos buitre?

En los últimos meses, el debate sobre la vivienda vacía ha pasado de los márgenes del activismo a ocupar el centro de la agenda política. España enfrenta una crisis habitacional crónica: los precios del alquiler y la compra continúan disparados, mientras miles de pisos permanecen cerrados y sin uso. Según el INE, el número de viviendas desocupadas aumenta año tras año, especialmente en manos de bancos y fondos buitre que esperan rentabilidades más altas antes de ponerlas en el mercado.

Ante esta realidad, crece el apoyo a una medida que divide a la sociedad: expropiar las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. La coalición Sumar se ha convertido en una de las principales impulsoras de esta propuesta. En abril de 2025 presentó una iniciativa en el Congreso que plantea incorporar al parque público los inmuebles en desuso de entidades financieras y fondos de inversión. Según el grupo parlamentario, se trata de “ampliar el parque público, garantizar el derecho constitucional a la vivienda y frenar la especulación”.

La medida, apoyada también por colectivos como la PAH, parte de una premisa: “no puede haber pisos cerrados mientras miles de familias no tienen un techo”. Desde Sumar defienden que la vivienda vacía representa “una anomalía moral y económica” y recuerdan que muchas de esas propiedades proceden de entidades rescatadas con dinero público tras la crisis de 2008. En su visión, la expropiación serviría para devolver a la ciudadanía parte de los recursos invertidos entonces en salvar al sistema financiero.

Pero las críticas no tardan en llegar. Las asociaciones inmobiliarias advierten del riesgo de inseguridad jurídica y de un posible efecto disuasorio sobre la inversión privada. Los partidos conservadores califican la propuesta de “confiscatoria” y sostienen que el Estado debe centrarse en incentivar la construcción de vivienda asequible, no en apropiarse de la existente. Desde el sector se defiende que las expropiaciones podrían agravar la falta de oferta, encareciendo aún más los precios.

Pese a las diferencias ideológicas, la pregunta de fondo es la misma: ¿puede el derecho a la vivienda depender exclusivamente de las reglas del mercado? Las asociaciones vecinales recuerdan que el artículo 47 de la Constitución reconoce este derecho y obliga a los poderes públicos a garantizarlo, aunque denuncian que “lleva décadas sin cumplirse”.

Algunas comunidades autónomas han intentado actuar en esta línea. Andalucía y el País Vasco aprobaron leyes que permitían la expropiación temporal o el alquiler forzoso de viviendas vacías, aunque los recursos judiciales limitaron su alcance. Los defensores de la medida insisten en que la propiedad privada debe cumplir una función social, y que la intervención pública no es un castigo, sino un mecanismo constitucional.

La cuestión adquiere más urgencia con la presencia de los fondos buitre en el mercado español, señalados por mantener viviendas cerradas o imponer subidas abusivas de alquiler. Según los movimientos por el derecho a la vivienda, “estos fondos han convertido un bien esencial en un producto financiero, ignorando a la gente que queda fuera”.

En medio de esta tensión, España se enfrenta a un dilema estructural: proteger la inversión o garantizar el acceso a un hogar digno. Por eso, te invitamos a participar en nuestra encuesta y dejar tu opinión sobre una de las preguntas más controvertidas del momento: ¿Estás de acuerdo con expropiar vivienda vacía de bancos y fondos buitre?