Cada verano, los incendios forestales vuelven a poner en jaque a miles de hectáreas en España y a las instituciones encargadas de protegerlas. No se trata solo de un fenómeno estacional asociado al calor y a la sequía: es un drama social, económico y medioambiental que golpea con fuerza creciente. Las llamas arrasan pueblos, obligan a desalojar a familias enteras, destruyen cosechas, devoran infraestructuras rurales y dejan tras de sí un paisaje de cenizas que tarda décadas en recuperarse. Cada hectárea perdida supone un retroceso para la biodiversidad, una herida en los ecosistemas y, en última instancia, una amenaza directa contra el bienestar colectivo. Y en este contexto, surge una pregunta ineludible: ¿quién debe responder cuando el fuego se convierte en catástrofe?
La respuesta no es sencilla porque los incendios forestales tienen múltiples causas y, por tanto, múltiples responsables potenciales. Según los datos que manejan los expertos, más del 80 % de los fuegos que arden en nuestro país tienen origen humano. Hablamos de negligencias —una quema agrícola mal controlada, una colilla arrojada al monte—, de imprudencias, e incluso de acciones intencionadas. A ello se suma el abandono progresivo de las áreas rurales, donde la falta de actividad agrícola o ganadera favorece la acumulación de biomasa, es decir, combustible para el fuego. El cambio climático hace el resto: las olas de calor prolongadas, las sequías persistentes y los vientos extremos convierten cualquier chispa en un incendio de sexta generación, imposible de contener con los medios tradicionales.
Ante esta realidad, las instituciones se enfrentan al reto de explicar qué están haciendo para prevenir y responder a estas crisis. Las comunidades autónomas tienen la competencia directa en materia de extinción y prevención, pero las críticas hacia su gestión no dejan de crecer. Algunos gobiernos regionales (como la Comunidad de Madrid o Castilla y León) han sido acusados de improvisación, de falta de planificación y de precarizar los recursos humanos de los bomberos forestales. No se trata únicamente de poner más helicópteros o aviones apagafuegos en el aire, sino de contar con brigadas reforzadas, torres de vigilancia operativas, cortafuegos mantenidos y programas efectivos de limpieza del monte.
El Estado, por su parte, cuenta con recursos de apoyo como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con la responsabilidad de coordinar políticas generales. Sin embargo, su papel se percibe a menudo como reactivo, activándose solo cuando la magnitud del incendio obliga a ello. Desde diversos sectores se reclama un enfoque más proactivo, que incluya la puesta en marcha de planes estatales de prevención a largo plazo, mayor inversión en el medio rural y una apuesta decidida por la adaptación al cambio climático.
Tampoco están exentos de responsabilidad los ayuntamientos, especialmente en lo que respecta a la limpieza de áreas periurbanas, la gestión de vertederos incontrolados o el control de quemas agrícolas. La Fiscalía ha comenzado en los últimos años a investigar la falta de planes de prevención en algunos municipios, alertando de que la dejadez local puede ser un factor clave en la propagación de los incendios.
Pero más allá de las instituciones, existe también una responsabilidad social e individual. La población juega un papel esencial en la prevención: respetar las normas, evitar conductas de riesgo y colaborar en el cuidado del entorno. Sin embargo, los datos demuestran que gran parte de los incendios proviene de la acción humana, lo que plantea la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana y endurecer las sanciones frente a conductas negligentes.
En este escenario, la pregunta sobre la responsabilidad final cobra más relevancia que nunca. ¿Es justo atribuir la culpa únicamente a las comunidades autónomas, que tienen las competencias legales? ¿Debe el Estado asumir un papel centralizador y coordinador más fuerte? ¿Son los ayuntamientos corresponsables por la falta de prevención en el territorio? ¿O, en última instancia, somos todos, como sociedad, responsables de mantener vivo y protegido el patrimonio natural?