ENCUESTA: ¿Crees que los responsables de la trama Gürtel han sido sancionados de forma adecuada?

Diecisiete años después de las primeras detenciones, la Audiencia Nacional ha abierto el último juicio del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción vinculada al Partido Popular (PP) que sacudió la política española durante casi dos décadas. En el banquillo se sientan 26 acusados, entre ellos el cabecilla Francisco Correa y su número dos Pablo Crespo, por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Este proceso, que se celebra entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre de 2025, marca el epílogo de una investigación que ha durado 16 años, con más de un centenar de personas investigadas en 13 piezas separadas.

Hasta hoy, 94 personas han sido condenadas, con penas que superan los 750 años de cárcel, y el propio PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en la primera sentencia de Gürtel, dictada en 2018. Aquella resolución histórica declaró probado que el partido se benefició económicamente de los delitos cometidos por sus cargos, provocando una crisis política que desembocó en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa y abrió una nueva etapa en la política española.

La Gürtel nació en 2007, a raíz de la denuncia del entonces concejal del PP madrileño José Luis Peñas, que entregó a la Justicia 18 horas de grabaciones en las que se oían conversaciones sobre sobornos y adjudicaciones amañadas. Las primeras operaciones policiales, en 2009, sacudieron los cimientos del partido con la detención de Correa, Crespo y varios alcaldes madrileños y valencianos. A partir de ahí, la macrocausa creció hasta obligar a su fragmentación en múltiples piezas —Majadahonda, Boadilla, Valencia, la visita del Papa, Arganda del Rey—, cada una con su propio proceso judicial y sus condenas.

La primera gran sentencia, dictada el 24 de mayo de 2018, condenó a Correa a 51 años y 11 meses de prisión, a Crespo a 37 años y medio, y al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses. La Audiencia Nacional describió un ecosistema de corrupción sistémica, donde se amañaban contratos, se fraccionaban facturas y se distribuían comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. El Tribunal Supremo, años después, confirmó la mayoría de las penas y reforzó la idea de una corrupción estructural dentro del entramado político-empresarial del PP.

Ahora, este juicio final —centrado en el dinero oculto al fisco por los líderes de la red— busca cerrar el círculo. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 77 años de prisión tanto para Correa como para Crespo por delitos fiscales, blanqueo y falsedad documental. La mayoría de los acusados ha confesado los hechos para obtener atenuantes, lo que podría acortar el proceso y evitar un nuevo macrojuicio de meses.

Ahora, con este juicio final en marcha y las últimas páginas del caso a punto de escribirse, la pregunta vuelve a la sociedad: ¿ha sido suficiente la respuesta judicial ante uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia reciente? Diecisiete años de investigaciones, decenas de condenas y cientos de años de cárcel después, sigue abierto el debate sobre si los responsables han pagado realmente por el daño causado o si, pese a las sentencias, persiste la sensación de impunidad.