El PP ha dado el paso que las acusaciones esperaban. Ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional en el que viene a solicitar que se suspenda el juicio oral por la existencia de la Caja B. Un movimiento coincidente con otros, en especial uno del abogado del despacho de arquitectos de Gonzalo Urquijo, responsable de las obras de Génova 13 pagadas según el juez Pablo Ruz con dinero en negro, en el que se pedía que la Audiencia Nacional pasara el caso a la justicia ordinaria.
El PP irresponsable de la actuación de sus tesoreros
El PP insiste en el arranque de su escrito, de 35 páginas y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en no considerarse responsable subsidiario por las acciones de sus tesoreros Lapuerta y Bárcenas, y por las que se le exige una fianza de casi 1.250.000 euros.
Y, hecha esta salvedad, insiste la defensa del PP en la inexistencia de un delito fiscal y de que se actúe por parte de la Audiencia Nacional ante este delito. Para ello echa mano del argumento de que ni el Ministerio Fiscal, ni la Abogacía del Estado, los dos órganos de la Administración de Justicia, que dependen del Gobierno ‘popular’, han presentado acusación en ese sentido, sino que la decisión del juez de actuar contra ellos se basa exclusivamente en los escritos de las acusaciones populares.
Y, argumenta, el escrito “las acusaciones populares no tienen legitimación para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el supuesto perjudicado (el Estado) renuncia a ella”.
No había delito fiscal, según el PP
Además, dice la defensa del PP, “no existe delito fiscal en relación con el no pago de impuesto de sociedades”. Es decir, el PP no tendría que haber pagado esta tasa por el dinero que recibió en negro. Entregas que el juez Ruz dio por probadas. Y, de nuevo, se basa en argumentos de una instancia del Estado, en este caso la dependiente del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, que consideró que de acuerdo a la ley de partidos políticos no se había cometido delito alguno.
Dice también la defensa del PP que la Intervención General del Estado no considera fiables “los propios papeles de Bárcenas”. De nuevo, papeles que el juez instructor consideró que se habían demostrado ajustados a la verdad, por diversas actuaciones de la policía judicial y de otras instancias, como en algún caso la propia Agencia Tributaria.
Y también argumenta la defensa del PP que éste no sería responsable de la existencia de pagos en B a Unifica, la empresa de arquitectos encabezada por Gonzalo Urquijo, y por la que también han sido acusados por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Las acusaciones temen que se intente arrebatar a la Audiencia Nacional el asunto para quitarle carga política
Todo esto para concluir que “en cualquier caso, el enjuiciamiento de un delito contra la Hacienda Pública corresponde a la Audiencia Provincial y no a la Audiencia Nacional”. Una conclusión ésta, que coincide con la de la defensa de los arquitectos de Unifica, y que ha llevado a las acusaciones populares personadas en la causa de los llamados ‘papeles Bárcenas’, o ‘caja B del PP’, o ‘financiación ilegal del PP’, a temer que se esté produciendo un movimiento coordinado de los acusados para intentar forzar que la Audiencia Nacional acabe derivando este caso a la justicia ordinaria, lo que descargaría en gran medida de carga política a todo asunto.
De momento, el juez José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz, ha pedido no sólo la opinión del fiscal ante estas solicitudes, sino también de las acusaciones, para que argumentan jurídicamente ante él en un asunto que, según fuentes judiciales, podría tener una carga de profundidad contra la apertura del juicio oral, prevista para finales de mayo del año próximo.
El PP irresponsable de la actuación de sus tesoreros
El PP insiste en el arranque de su escrito, de 35 páginas y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en no considerarse responsable subsidiario por las acciones de sus tesoreros Lapuerta y Bárcenas, y por las que se le exige una fianza de casi 1.250.000 euros.
Y, hecha esta salvedad, insiste la defensa del PP en la inexistencia de un delito fiscal y de que se actúe por parte de la Audiencia Nacional ante este delito. Para ello echa mano del argumento de que ni el Ministerio Fiscal, ni la Abogacía del Estado, los dos órganos de la Administración de Justicia, que dependen del Gobierno ‘popular’, han presentado acusación en ese sentido, sino que la decisión del juez de actuar contra ellos se basa exclusivamente en los escritos de las acusaciones populares.
Y, argumenta, el escrito “las acusaciones populares no tienen legitimación para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el supuesto perjudicado (el Estado) renuncia a ella”.
No había delito fiscal, según el PP
Además, dice la defensa del PP, “no existe delito fiscal en relación con el no pago de impuesto de sociedades”. Es decir, el PP no tendría que haber pagado esta tasa por el dinero que recibió en negro. Entregas que el juez Ruz dio por probadas. Y, de nuevo, se basa en argumentos de una instancia del Estado, en este caso la dependiente del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, que consideró que de acuerdo a la ley de partidos políticos no se había cometido delito alguno.
Dice también la defensa del PP que la Intervención General del Estado no considera fiables “los propios papeles de Bárcenas”. De nuevo, papeles que el juez instructor consideró que se habían demostrado ajustados a la verdad, por diversas actuaciones de la policía judicial y de otras instancias, como en algún caso la propia Agencia Tributaria.
Y también argumenta la defensa del PP que éste no sería responsable de la existencia de pagos en B a Unifica, la empresa de arquitectos encabezada por Gonzalo Urquijo, y por la que también han sido acusados por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Las acusaciones temen que se intente arrebatar a la Audiencia Nacional el asunto para quitarle carga política
Todo esto para concluir que “en cualquier caso, el enjuiciamiento de un delito contra la Hacienda Pública corresponde a la Audiencia Provincial y no a la Audiencia Nacional”. Una conclusión ésta, que coincide con la de la defensa de los arquitectos de Unifica, y que ha llevado a las acusaciones populares personadas en la causa de los llamados ‘papeles Bárcenas’, o ‘caja B del PP’, o ‘financiación ilegal del PP’, a temer que se esté produciendo un movimiento coordinado de los acusados para intentar forzar que la Audiencia Nacional acabe derivando este caso a la justicia ordinaria, lo que descargaría en gran medida de carga política a todo asunto.
De momento, el juez José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz, ha pedido no sólo la opinión del fiscal ante estas solicitudes, sino también de las acusaciones, para que argumentan jurídicamente ante él en un asunto que, según fuentes judiciales, podría tener una carga de profundidad contra la apertura del juicio oral, prevista para finales de mayo del año próximo.