El diputado del PP Carlos Aragonés, exjefe de Gabinete de Aznar y marido de la consejera madrileña de Educación en funciones, Lucía Figar, no declaró al Congreso que es miembro del consejo de administración de Ediciones Rialp,S.A., una empresa vinculada del entorno del Opus Dei, según adelanta este miércoles la SER.

Ultracatólicos
Tanto Aragonés como Lucía Figar están vinculados a sectores ultracatólicos. En el caso de la consejera de Educación, Juventud y Deportes, actualmente imputada en el caso Púnica, es una firme defensora de la gestión privada de centros públicos, especialmente desde organizaciones religiosas, a las que ha favorecido con la cesión de suelo público.

Lo olvidé
Carlos Aragonés ha alegado que no declaró al Congreso su actividad privada en la editorial, en cuyo consejo figura desde 2010, por un “olvido”, y que “lo subsará”. Asimismo, ha asegurado que no cobra ninguna remuneración en la editorial, aunque, como miembro de su consejo de administración, toma parte de la aprobación anual de cuentas.

La norma le obliga a declararlo
En cualquier caso, la norma que regula las actividades de los parlamentarios es clara: deben declarar "el desempeño de puestos o cargos que llevan ajenas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en empresas". Y esto independientemente de que reciban una remuneración o no.

Sin embargo, Carlos Aragonés, jefe de gabinete de Aznar hasta su salida del Gobierno en 2004, cuando entró en el Congreso, no incluyó su actividad en la referida editorial en su declaración en 2011, cuando llegó Rajoy al poder. En esa declaración, el marido de Lucía Figar sólo incluye actividades privadas "cursos, conferencias y clases universitarias".

Una editorial en la órbita del Opus
Ediciones Rialp S.A. es una editorial religiosa, en la órbita del Opus Dei, especializada en las obras de Escrivá de Balager. La editorial lleva el nombre de la localidad leridana donde el fundador del Opus, según defienden sus fieles, tuvo contacto con la Virgen María en 1936.

Además de no haber declarado su puesto en la editorial, se da la circunstancia de que Aragonés es vocal de la Comisión de Cultura, cuyas decisiones legislativas afectan el ámbito de una editorial como Ediciones Rialp.

Los casos de los diputados Conde, Pujalte y el de Trillo
El caso de Aragonés se suma al de otro diputado del PP, Agustín Conde, que tampoco declaró todas sus actividades privadas. Lejos de condenar su actitud, el PP salió en su defensa e impidió al Congreso que le investigara. El escándalo sobre Conde se conoció después de que saliera a la luz que Martínez Pujalte, diputado, y Federico Trillo, actual embajador en Londres, cobraron como asesores de la constructora de obra pública Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, aunque en su caso esas actividades sí fueron declaradas.

La moral relativa del PP
El PP ha hecho gala de su doble rasero al defender a sus diputados e impedir que se investiguen sus labores extraparlamentarias, pero ha exigido por escrito que se investigue al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, porque se ofreció para asesorar al partido PRD de Panamá. Sin embargo, Hernando no llegó a trabajar ni a cobrar de ese partido. El PP lo considera, aun así, un “grave e inexcusable incumplimiento de las obligaciones del parlamentario”.