El Gobierno consigue la probación de su leyes restrictivas, la de Seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, la reforma del Código Penal y la antiyihadista; entrarán en vigor el 1 de julio de 2015, a pesar de las críticas de juristas, grupos en la oposición, de movimientos sociales y ONG y de la resistencia de miles de ciudadanos en las calles durante meses.

La oposición considera "represiva" la ley mordaza
La ley mordaza se impone después de casi medio año de debates en el Congreso, con el rechazo en bloque de la oposición que ha llegado a calificarla de “represiva” a pesar de que ha sido algo suavizada por la presión en la calle y en la Cámara parlamentaria. La ley ha recibido múltiples denuncias por pretender coartar libertades democráticas, a través de penalizaciones de la difusión de mensajes a través de las redes sociales o de protestas pacíficas, al establecer multas de entre 30.000 y 600.000 euros para manifestaciones improvisadas por los ciudadanos, no autorizadas, como lo han sido protestas como el 15-M u otras, contra los recortes y las políticas del Gobierno.

Legaliza las devoluciones en caliente
Incluye, por otra parte, una modificación de la ley de Extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" o "rechazos en frontera”, que va contra los dictámenes al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la ONU.

Prisión permanente
La reforma del Código Penal también ha recibido muchas críticas por la inclusión de la prisión permanente revisable ante las críticas de la oposición parlamentaria en bloque, que ha acusado al Grupo popular de utilizar un "eufemismo" para introducir la "cadena perpetua".

En las redes sociales, la imposición de las leyes restrictivas se ha convertido en tendencia y se acumulan las críticas.