Iñaki Urdangarin. EFE/Archivo
La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que 15 los reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres. En concreto, el fiscal Pedro Horrach atribuirá al duque de Palma en su escrito de acusación definitivo los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.
Los delitos de Torres
Por su parte, atribuirá a su ex socio Diego Torres los mismos tipos penales que al marido de la Infanta Cristina pero sólo le acusará de un delito contra la Hacienda pública.
600.000 euros
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
500 páginas de escrito
Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.
Podría variar la pena
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar 'in extremis' en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
La oferta del fiscal
Tal y como reveló El Mundo, el fiscal Horrach ha ofrecido durante las últimas semanas al duque de Palma la posibilidad de alcanzar un pacto con el que rebajar considerablemente su petición de condena en su escrito de acusación. La última propuesta de Anticorrupción consistía en la asunción de una condena de seis años de prisión, que implicaría inexorablemente su encarcelamiento, y la devolución del grueso de los fondos públicos supuestamente malversados. En total, seis millones de euros, que es la cifra que adjudicaron irregularmente los gobiernos de Valencia y Baleares a Nóos por la organización de varios ciclos de conferencias.
