El PP ha criticado al Gobierno Central por la comparecencia el pasado jueves de uno de los tres yihadistas condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, calificando la situación como un “hito en la escalada de degradación democrática” que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está llevando a cabo según los ‘populares’, pero se olvida de cuando su partido reclamó como imprescindible la comparecencia de uno de los principales condenados por el 11M.
La presencia que reclamaba por aquel entonces la formación de derechas, la de Rafa Zohuier, fue reprochada por los demás diputados de aquella comisión, que denunciaron el comportamiento de los parlamentarios del PP y lo vincularon con el interés de este partido de fomentar la teoría de la conspiración.
El pasado jueves la imagen del yihadista Houli, sentado tras un pupitre en primera fila con un chándal rojo, esposado y delante de la Mesa de la Comisión que investiga en la Cámara Baja los atentados de Barcelona y Cambrils, no dejó indiferente a nadie, y resultó complicada para muchas de sus señorías, sobre todo, y más allá de la impactante fotografía, porque, lejos de tratar de esclarecer cuestiones relativas a aquel atentado, indagó en conjeturas de otros comparecientes como el ex comisario José Manuel Villarejo. Este último defiende sin pruebas que el Estado y el CNI podrían haber tenido algún tipo de interés en aquellos ataques que dejaron 16 personas muertas y más de 300 heridas.
Hay que remontarse al verano de 2023 para encontrar el momento en el que se creó la comisión, entendiendo la misma como una cesión a Junts en el momento para poder arrancar la legislatura. Después, con otros socios, aprobó el plan de trabajo que incluía estas polémicas comparecencias.
La presencia del yihadista en la comisión no despejó ninguna incógnita, pero los parlamentarios del Partido Popular condenaron de manera fehaciente su simple presencia en la sala y abandonaron las Cortes. Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo convocó de urgencia a la prensa para denunciar el momento de manera pública y criticar que el PSOE y sus socios habían llevado “a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado”. “Es el último hito en la escalada de degradación democrática y le viva imagen del colapso moral e institucional que Sánchez está provocando en España”, acentuó la portavoz ‘popular’.
Por su parte, Txema Guijarro, de Sumar y presidente de la Comisión, explicó que él se había limitado a solicitar de manera formal la comparecencia de Houli, dando por sentado asimismo que iba a ser telemática y que en todo caso dependía del juez de vigilancia penitenciaria que fuera presencial. Así las cosas, se llegó al pasado lunes, cuando el letrado de la Comisión se lo trasladó a Guijarro, que avisó a su vez a la comisaría del Congreso para advertir de la situación y preparar todo el dispositivo de seguridad, así como dar autorización sin problemas para que pudieran tener también acceso a la sala policías armados.
El presidente de la Comisión concluyó que la presencia del yihadista en la sala al final “no resultó tan grave” e incluso pudo servir para “desacreditar una vez más la teoría de la conspiración y de la participación del CNI en los atentados”, con lo que “la verdad quedó así, de manera presencial, más desenmascarada gracias a esos careos”.
Cuando un condenado del 11M habló en el Congreso
El exdiputado de los socialistas y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, recordó que en 2004, después de los atentados de Atocha, dos portavoces del PP -Jaime Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte- pidieron que el preso Raha Zohuier, uno de los condenados, compareciera, obedeciendo su testimonio a una “necesidad”. En este sentido, los miembros ‘populares’ denunciaron que el PSOE quería “imponer como un rodillo” el rechazo a la comparecencia.
Zohuier fue condenado a 10 años de prisión y escribió hasta una carta a los componentes de la comisión negándose a declarar por escrito o recibir en prisión a los comisionados. Asimismo, reprochó que no le dejasen declarar “espontánea y libremente”. En ese momento, todos los miembros de la comisión se negaron, incluso el presidente de la misma, Paulino Rivero (Coalición Canaria) y criticaron con dureza el comportamiento que llevó a cabo Del Burgo, quien se presentó en la cárcel y realizó sin autorización una entrevista por cuestionario no permitido al condenado, que después publicó el diario El Mundo, diario del que Álvarez de Toledo formaba parte en su sección de opinión.