El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), ha exigido que los diputados añadan en sus respectivas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales “si tienen o no licencia de armas y de caza”. “Es positivo porque sería una manera gráfica de conocer cuál es su apoyo a la caza, que sabemos que es protegida por todos los partidos políticos pero es una manera muy clara de saber quiénes no solamente la apoyan, sino la practican”, señalaba a este medio Laura Duarte, presidenta de la mencionada formación política.
Una iniciativa que choca con las pretensiones de Vox, que se han mostrado abiertamente a favor de la caza y los cazadores. Por otra parte, el presidente de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, no ha tenido reparos en señalar en más de una ocasión que “siempre va armado”. Unas declaraciones que, unido a la cercanía del 39º aniversario del golpe de Estado fallido perpetuado por el teniente coronel Antonio Tejero, han provocado que algunas voces alerten sobre la posibilidad de que un político pueda portar un arma en la Cámara Baja.
La advertencia llega, además, menos de un mes después de que el líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, sorprendiera a propios y extraños con un vídeo disparando un fusil de asalto en un campo militar. Las imágenes que provocaron una gran ola de indignación en todo el país y llevaron al Ministerio de Defensa a abrir una investigación para esclarecer los hechos.
Pero lo cierto es que nuestro país es uno de los que cuenta con leyes más estrictas en materia de armas.
Aunque una persona reúna las condiciones necesarias para portar un arma, acceder con ella a la Cámara Baja es una tarea más propia de una película de ciencia ficción que de la realidad. Tanto el Congreso como el Senado tienen unos niveles de seguridad máximos, con numerosos controles y agentes de seguridad.
Del mismo modo, el Reglamento Interno de la Cámara Baja recoge en su artículo 101 que “cuando el diputado portare armas dentro del recinto parlamentario” sería suspendido temporalmente de su condición, previo acuerdo del Pleno de la Cámara, que posteriormente sería sometido a un debate en una sesión secreta.
Artículo 101 del Reglamento Interno del Congreso de los Diputados.
“Si la causa de la sanción pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutivo de delito, la Presidencia pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente”, señala el ordenamiento.