El voto en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts impidió que el pasado viernes el Congreso de los Diputados sacara adelante los dos decretos de vivienda aprobados previamente por el Gobierno. Una derrota parlamentaria que volvió a llenar las calles este fin de semana de miles de personas que siguen exigiendo una respuesta a la crisis de vivienda y que llevaba este lunes al anuncio del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre.
Cerca de la medianoche del pasado jueves, los neoconvergentes anunciaban que no darían su apoyo a ninguno de los dos decretos de vivienda que pretendían frenar la compra de vivienda a los fondos buitre hasta 2028, la regulación del alquiler de temporada o la prórroga automática de estos contratos, entre otras muchas medidas. Sin embargo, tres días después de aquella votación en la Cámara Baja, este martes el Consejo de Ministros vuelve a poner sobre la mesa los dos decretos con la intención de aprobarlos.
No obstante, en esta ocasión no será el Congreso el órgano encargado de dar la aprobación o el rechazo definitivo, sino la Diputación Permanente al estar las Cortes disueltas. La diferencia más notable está en que, de esta manera, el voto de Junts ya no será decisivo como sí lo fue en la votación del pasado viernes. Mientras que en el Pleno, el Gobierno de PSOE y Sumar se ve obligado a reunir el apoyo del resto de fuerzas de izquierda, también de nacionalistas e independentistas, en la Diputación Permanente no necesita a Junts. Este órgano está compuesto por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
En él, la principal fuerza es el PP, que cuenta con 27 representantes. El PSOE tiene 25; Sumar y Vox, seis; y ERC, Junts, EH Bildu y Grupo Mixto -con Ione Belarra como representante-, uno cada uno. De esta forma, y a diferencia del Pleno, los decretos se pueden convalidar con la suma de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda que juntos suman 35 votos, frente al bloque de PP, Vox y Junts, que se quedan con uno menos, 34. Por esta razón, el primero de los decretos de vivienda sí que saldría adelante. No obstante, el segundo, que incluía la prórroga automática de los alquileres, tampoco recibiría el apoyo necesario en la Diputación Permanente, ya que el PNV también lo rechazó, por lo que tendría 34 votos a favor, frente a 35 en contra.
Con todo ello, esta no sería la primera ocasión en que la Diputación Permanente da luz verde a decretos aprobados por el Gobierno. En abril de 2019, durante los días previos a las elecciones generales, la Diputación convalidó seis decretos que el Ejecutivo había aprobado cuando ya estaban disueltas las Cortes. Estos decretos fueron uno sobre medidas urgentes en materia de alquiler, el que amplió el permiso de paternidad, el que aumentó los límites de superávit de las instituciones, otro que recuperó el subsidio para desempleados de larga duración desde los 52 años y un acuerdo con Reino Unido.
Las funciones de la Diputación Permanente
El artículo 78 de la Constitución Española recoge que "en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica".
De esta forma, sostiene que entre las funciones de este órgano está la de "velar por los poderes de la Cámaras cuando estas no estén reunidas". Concretamente, se resumen en:
- Aprobar decretos-leyes dentro del plazo constitucional de treinta días desde su promulgación
- Tramitar decretos-leyes como proyectos de ley cuando estos se dictan “entre legislaturas”. La Diputación Permanente puede determinar que se tramiten como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
- Decretar estados de alarma, excepción y sitio
Una vez haya concluido el periodo electoral y se hayan celebrado los comicios con el nuevo Congreso constituido, la Diputación Permanente deberá dar cuenta de aquellos asuntos que se hayan tratado, así como de las decisiones que se hayan tomado.
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