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El adelanto electoral al próximo 29 de noviembre no cierra por completo la batalla del Gobierno con sus decretos de vivienda. Apenas tres días después de que el Congreso tumbara las dos iniciativas con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el Ejecutivo estudia ya cómo recuperarlas antes de que las urnas pongan definitivamente fin a la legislatura.
Según informa El País, el Consejo de Ministros ordinario previsto para este martes tiene previsto volver a aprobar los decretos, aunque en La Moncloa todavía se trabaja sobre su redacción definitiva y no está decidido si los textos serán exactamente los mismos que los rechazados el viernes o incorporarán modificaciones.
El movimiento abre un escenario distinto al que se produjo en el pleno del Congreso. Con la disolución de las Cortes, la convalidación de nuevos reales decretos leyes ya no correspondería al pleno, sino a la Diputación Permanente, el órgano encargado de asumir determinadas funciones parlamentarias mientras las Cámaras permanecen disueltas. Y ahí las cuentas cambian de manera sustancial.
El Congreso rechazó el viernes dos decretos relacionados con la vivienda. El primero incluía medidas de protección frente a los desahucios de hogares vulnerables y otras actuaciones sobre el mercado del alquiler. El segundo planteaba, entre otras cuestiones, prolongar determinadas condiciones de los contratos de arrendamiento. Ambos cayeron después de que Junts se sumara al rechazo de PP y Vox.
Una mayoría distinta en la Diputación Permanente
La clave de la nueva estrategia se encuentra precisamente en la composición de la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano cuenta con 69 miembros, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 35 votos.
El PSOE dispone de 25 representantes y Sumar de otros seis. Con 31 votos de partida, al bloque gubernamental le faltarían cuatro apoyos para alcanzar esa mayoría. Según las cuentas que recoge El País, el Ejecutivo podría conseguirlos con las fuerzas que ya respaldaron el primero de los decretos en el pleno, entre ellas EH Bildu, ERC, Podemos y PNV. En ese escenario, la posición de Junts dejaría de resultar determinante.
Eso abre especialmente una vía para recuperar el conocido como decreto antidesahucios, la norma vinculada a la protección de personas vulnerables que el Gobierno considera más viable para superar una nueva votación. Antes de su derrota parlamentaria, el Ejecutivo había negociado ese texto con PNV, Coalición Canaria y Junts, aunque finalmente los independentistas catalanes votaron en contra.
La situación es más complicada para el segundo decreto. El PNV ya se opuso a ese texto en el Congreso y, si mantiene su posición, las cuentas de la Diputación Permanente tampoco permitirían al Gobierno sacarlo adelante.
