El Pleno del Congreso deliberará este martes, 27 de enero, sobre dos importantes decretos para la extensión de las ayudas al transporte público y para ratificar la subida porcentual de las pensiones. Dos propuestas que el Ejecutivo enmarca en sus planes de "escudo social" y que no tienen garantía certera de aprobación, ya que ni PP ni Junts dan por asegurado su respaldo y, junto con Vox, alcanzan la mayoría absoluta. Iniciativas, además, que llegan en un importante momento de cálculo, con una situación parlamentaria delicada para el Gobierno de coalición y con hasta tres procesos electorales en la lontananza: Aragón (8 de febrero), Castilla y León (15 de marzo) y Andalucía (sin fecha definida, pero presumiblemente en verano), además de con un clima político fuertemente azuzado por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han dejado un total de 46 fallecidos entre ambos.
Los dos decretos a debatir recibieron la luz verde del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Los decretos ley aprobados por esta vía tienen una particularidad: entran en vigor desde el momento que este organismo los aprueba, pero el Gobierno está obligado a remitirlos a la Cámara Baja para votarlos y que se convaliden o deroguen. En este caso, el Pleno tendrá carácter extraordinario por la inhabilidad de enero en términos parlamentarios y constitucionales.
Inicialmente, se esperaba que estas votaciones no supusieran más que un mero trámite, eso sí, con la incertidumbre de la posición de las derechas siempre sobre la mesa. No obstante, el panorama político y social ha sido golpeado por los citados accidentes ferroviarios, y como consecuencia, PP, Junts y Vox han aprovechado para acidizar aún más sus ya habituales críticas al Gobierno de Sánchez. De Vox se espera, como siempre, el voto en contra, pero 'populares' y neoconvergentes aún no han revelado cuál será su postura tras una semana de escarnio a Óscar Puente, ministro de Transportes, y al propio Pedro Sánchez. Entre los tres partidos de derechas suman 177 escaños, una mayoría absoluta que permitiría tumbar los decretos si prolifera la negativa. La ultraderecha de Santiago Abascal, por su parte, ya ha registrado una petición por el cese del ministro de Transportes por la responsabilidad política que le atribuye por los hechos en Córdoba.
"Lo ocurrido en Adamuz lo complica todo"
Por su parte, fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo expresaban que lo sucedido en Adamuz "complica todo" en el terreno parlamentario y aleja el ‘sí’ del grupo, ya de por sí peleado habitualmente. Por su parte, Junts ha reclamado la comparecencia de Puente en el Parlamento ante la crisis de Rodalíes, "la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña". Este sábado, Carles Puigdemont, líder de Junts, pidió la dimisión de la consellera de Territorio de la Generalitat, Silvia Paneque, por su "incompetencia", y en la mañana del domingo, Oriol Junqueras, líder de ERC, se adscribió a la línea del neoconvergente y pidió la dimisión de Puente.
El decreto centrado en el transporte pretende prolongar, desde el 1 de enero y durante todo 2026, las bonificaciones al transporte público ya vigentes. En los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años continuarán viajando sin coste. El bono de diez viajes seguirá con un descuento del 40%, el abono mensual nominativo mantendrá la rebaja del 50% y el abono joven hasta los 26 años conservará la reducción del 70%. Un paquete que incorpora en sus páginas, además, un abono único de transporte válido para todo el territorio nacional, con un precio de 60 euros (30 para menores de 26 años). Este título integra los autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia.
Revalorización de las pensiones
Por otro lado, el decreto de pensiones contempla una revalorización general de las mismas con un 2,7% de crecimiento, junto con otras medidas englobadas en el denominado escudo social, entre ellas la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos de agua, luz y gas a personas vulnerables. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que con este decreto se actualizará la cuantía de cerca de trece millones de pensiones en España.
Según detalló Saiz, las pensiones mínimas subirán un 7%, un incremento que en algunos casos alcanzará el 11,4%, como en las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se elevarán igualmente un 11,4%. La norma también establece la revisión de las bases de cotización del sistema de la Seguridad Social y mantiene para 2026 la misma tabla de cotización de los trabajadores autónomos que rigió el año anterior.
Asimismo, se incluyen incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos y la exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del pasado verano en distintas comunidades autónomas. Hace aproximadamente un año, PP y Junts ya votaron en contra de un decreto ómnibus que mezclaba medidas sociales de calados diferentes, lo que obligó al Ejecutivo a tramitar semanas después un nuevo decreto más adelgazado.
La prosperidad de ambas medidas, en el aire
Como se ha expuesto en líneas anteriores, el éxito de los dos decretos es todavía una incógnita ante las inciertas posiciones de Junts y el Partido Popular. Las críticas de estas formaciones al Ejecutivo y su oposición a la gran mayoría de propuestas que salen del mismo son habituales y duras per se, y con un contexto de cálculo electoral, donde cada movimiento cuenta de cara a las urnas, y de crisis ferroviaria de por medio, se presupone su endurecimiento hasta niveles aún más fuertes. El PP insiste en que lo ocurrido en Adamuz lo complica todo, Junts eleva el tono pidiendo dimisiones, y la prosperidad de estas medidas está en duda.
Por su parte, el Gobierno también reaccionó a las críticas, a través del propio Óscar Puente, que respondió a todas las preguntas, veinte de ellas, que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le planteó sobre la situación en Adamuz. Entre el ramillete de acusaciones del Partido Popular, sobresalía el de una supuesta ceguera del sistema ferroviario ante lo ocurrido. Transportes lo negaba este sábado de forma tajante y exponía que el modelo de gestión de Adif es homologable al de otros grandes países europeos como Alemania, Francia o Italia, que están bajo la supervisión de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA).
Asimismo, puntualizaron que las vías están monitorizadas a través de circuitos de control que detectan la presencia de trenes o bien posibles ocupaciones indebidas. En definitiva, alteraciones relevantes. En caso de incidencia que trascienda los niveles de alarma, es el propio sistema el que actúa de manera automática, eliminado el margen de la interpretación política o humana. Así las cosas, las anomalías detectadas no superaron tal umbral. El titular de Transportes también se encargó también de desmentir algunos bulos como la procedencia del acero utilizado para los carriles, y afeó al propio líder del Partido Popular que se dejara caer en los brazos de la desinformación.