El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha anunciado un convenio de colaboración con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) para formar a 4.500 militares. En medio del huracán generado por sus servicios como protector de Víctor de Aldama, el jefe de la empresa ultra ha aprovechado un vídeo en el que defendía al conseguidor de la trama Koldo para revelar el acuerdo alcanzado con la asociación militar acordándose de la ministra de Defensa. “Querida Margarita Robles, esto con mucho cariño para ti”, ha trasladado Esteve en sus redes sociales.
Este acuerdo llega después de los suscritos con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) para la formación de 30.000 agentes. El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha reconocido a ElPlural la suscripción del convenio, que harán público a no mucho tardar. “Los cursos de Defensa no son homologables una vez abandonas el Ejército”, ha trasladado el líder de la asociación militar, que asegura que esto deja en una situación de indefensión a las tropas cuando quieren buscar un trabajo más allá de las Fuerzas Armadas.
“Cuando salen del Ejército no pueden trabajar”, ha garantizado, defiendo el desarrollo de estos cursos para dotar a sus socios de “una salida laboral” en trabajos de seguridad o protección y “por el futuro de los militares”. “La empresa está muy ligada a las funciones que tienen las Fuerzas Armadas”, se ha referido Gómez al desempeño formativo de Desokupa. Así, ha anunciado que se contemplarán “precios especiales” en el convenio para los asociados de ATME que quieran realizar el curso impartido por el grupo de Esteve.
Asimismo, no se ha mostrado preocupado por la reputación del cabecilla de Desokupa. “Firmamos convenios con muchas empresas y entidades”, ha relatado Gómez a este periódico, “y nuca ha habido ningún problema ni nos ha dicho nada el Ministerio”. ATME espera que en esta ocasión no sea diferente porque “si no han dicho nada nunca” consideran extraño que pudiesen ahora pronunciarse. “La ministra no tiene que decirme nada de los convenios que firmo”, ha zanjado, relatando una larga lista de acuerdos suscritos con instituciones públicas y empresas.
Sobre la reputación y las prácticas de Esteve, cuestionado y acusado en reiteradas ocasiones por coacción y otras prácticas en el desarrollo de desalojos fuera de la legalidad, Gómez no ha querido mojarse. “Lo que Daniel tenga a nivel mediático o personal es otra cosa en la que no nos metemos”, ha trasladado a este medio. Dando otro ejemplo, ha señalado la reunión mantenida con Ortega Smith para la firma de un convenio que oferta 50 plazas del Cuerpo de Agentes de Movilidad para militares temporales de la escala de tropa.
Acuerdos con sindicatos policiales
La empresa de desokupación no es nueva en lo de firmar acuerdos con asociaciones y sindicatos relacionadas con asociaciones y sindicatos vinculados a instituciones españolas. El compadreo mostrado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya ha dado que hablar en anteriores ocasiones, después de que Esteve anunciase en agostouna colaboración con el Sindicato Unificado de Policías (SUP) para formar en defensa personal a 30.000 agentes a través de Club Desokupa.
En aquella ocasión, la Secretaria de Estado solicitó a la Dirección General de la Policía la apertura de un expediente informativo para analizar el acuerdo. El organismo dependiente del Ministerio del Interior zanjó esta investigación a finales del mes de noviembre, sin ninguna sanción ni actuación al respecto. A raíz de este convenio, la Abogacía del Estado también recibió el encargo de analizar si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial.
Es decir, si se destinaban fondos públicos otorgados a dicha colaboración, situación que no ha podido comprobar la Abogacía al no tener acceso al convenio. “Si en algún momento llegase una factura” vinculada al convenio, al presentarse las cuentas, “podría investigarse”, explican fuentes de interior a este periódico. Más allá de lo punible legalmente, las críticas llegan para el Ejercito y la Policía por suscribir convenios con una organización considerada de ultraderecha y que cobija o a cobijado a algunos condenados por amenazas, lesiones y coacción.