El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció las medidas para hacer frente a la crisis por la guerra de Irán. La crisis en el Consejo de Ministros se resolvió aquel viernes con dos reales decretos ley, uno de ellos el de la prórroga de los alquileres que forzó Sumar, y que este martes llega al Congreso de los Diputados.
Después de cuarenta días en vigor, está previsto que el texto decaiga en la Cámara Baja. A la espera de que se produzca una sorpresa de última hora a lo largo de la mañana, PP, Vox y Junts van a votar en contra de que siga vigente la posibilidad de solicitar la congelación del alquiler para 2,6 millones de personas, según el cálculo del Sindicato de Inquilinas. Esta organización es una de las que más ha presionado, tanto para que se aprobara la medida como para que los partidos que la van a tumbar, al menos, se enfrenten a sus propios votantes y les digan claramente que van a permitir que se les pueda dejar en la calle en uno de los momentos más tensos a nivel económico.
Este domingo lo hicieron frente a la sede del Partido Popular, pero llevan presionando desde que se aprobó el decreto, por ejemplo enviando 70.000 cartas a los diputados de la derecha que pretenden tumbar el decreto, recordándoles que también los inquilinos que hay entre los suyos se verán afectados, y que dos de cada tres votantes del PP apoyan la prórroga, según una encuesta del Ateneo del Dato.
El Sindicato ha estado animando a los inquilinos a beneficiarse del decreto antes de que llegue la cita de este martes en el Congreso, aunque desde el mismo 20 de marzo advierten de que su alcance no es suficiente. Ese día, celebraron su aprobación como un logro propio, aunque lamentaron que no era "una congelación real", además de que la medida "no aplicaría a contratos de habitación o contratos temporales", como alertó su portavoz Valeria Racu. Entre sus exigencias para paliar la crisis de los alquileres estaba también recuperar la moratoria antidesahucios, la prohibición de echar a la calle y cortar suministros a vulnerables, que PP, Vox y Junts también tumbaron por considerar que fomenta la okupación.
Junts reafirma su 'no' a pesar del acercamiento de Sumar
A horas de que se produzca la votación, el PP sigue en un 'no' rotundo. Esto deja la pelota en el tejado de Junts, cuyo apoyo complicó la misma líder de Sumar, Yolanda Díaz, cuando calificó a los de Puigdemont como una organización "clasista" y "racista". Si ya eran tensas las relaciones con el Gobierno, los catalanes tienen ahora en su mano el destino de un decreto clave para la parte de Sumar, que dirige las negociaciones y se niega a darse por vencida.
En ese sentido, este lunes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que las negociaciones con Junts seguían en marcha, y abrió la puerta a conceder algunas de las exigencias de la derecha catalana para convencerles. Lo hizo en una entrevista en La Hora de la 1, pero unas horas más tarde el titular de Cultura y también de Sumar, Ernest Urtasun se reafirmó en que las vías que Junts pone encima de la mesa, "no deben ser un obstáculo" para negociar el decreto.
Lo que habían puesto encima de la mesa es, por un lado, bonificar a los caseros a los que se les pida la prórroga del alquiler con deducciones fiscales, una medida que va en contra de las exigencias de los Sindicatos de Inquilinas, que rechazan de plano las ayudas a los propietarios como forma de atajar la crisis de la vivienda. El propio Urtasun admitía que esta concesión va en contra del propio ideario de Sumar: "No son nuestro modelo", decía, aunque "estamos dispuestos a transitarlas".
La otra exigencia de Junts es el "IVA franquiciado", que parte de una moción de los de Puigdemont para librar de ese impuesto para los pequeños autónomos, que el Gobierno ya apoyó como moneda de cambio. Fue en marzo, cuando PSOE y Sumar votaron a favor en el Congreso de esa PNL (proposición no de ley) no vinculante de Junts para eliminar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, que ahora abren la puerta a convertir en realidad. Urtasun se escudaba en que Sumar sí está "de acuerdo" con esa medida, y recordaba que no es más que la transposición de una directiva europea.
Pero mientras Bustinduy y Urtasun celebraban en público que "hay tiempo" de que los de Puigdemont se lo piensen, Junts reafirma que votarán en contra. Las fuentes del partido consultadas por ElPlural.com son claras: "El Gobierno sabe lo que planteamos. No debemos negociar nada ni estamos negociando nada", aseguran. Sobre el acercamiento de Sumar, creen que "acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo", y pone la pelota en el tejado del PSOE: "¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas sólo por la puerta trasera?", se preguntan.
Dónde también han hablado es en el PP, "la única fuerza política que se ha negado" a negociar, según Urtasun. Fuentes populares aseguran que no desvelan su posición hasta los debates, aunque se refieren a las declaraciones de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que mantuvo este sábado que rechazan el Real Decreto-ley y pidieron al Gobierno "que reflexione" en una entrevista en RNE.
Sumar presiona al PSOE
Una vez pase la votación, sea cual sea el resultado, en sectores de Sumar habrá una reflexión sobre el apoyo del PSOE a sus iniciativas. Los de Yolanda Díaz han hecho extensiva su presión a PP y Junts a la parte socialista del Gobierno, a la que han pedido una y otra vez que colabore en las negociaciones. La última vez este lunes, cuando Urtasun les lanzó un nuevo "llamamiento". Fuentes de Ferraz aseguran que ellos también han participado en la negociación, y que no dan por perdido el decreto a pesar del 'no' que ha mantenido Junts.
Pero lo cierto es que, desde el mismo 20 de marzo, se notó el gusto del PSOE por este decreto. Empezando porque ese día los miembros de Sumar se negaron a sentarse en el Consejo de Ministros para forzar a que el texto, directamente, existiera. Lo consiguieron, pero Pedro Sánchez lo mencionó en apenas un minuto, después de dedicarle unos treinta a desgranar el otro decreto, el de las medidas anticrisis, que se aprobó unos días después en el Congreso. Desde entonces, el presidente dejó claro que si Sumar quería que su decreto saliera adelante, era cosa suya, dejandoles solos ante un 'no' anticipado el primer día por PP, Vox y Junts.
La caída del decreto abre el escenario judicial
La sesión en el Congreso de los Diputados comienza a las 15:00 horas, y tras varios debates se procederá a la votación, en la que está previsto que decaiga el decreto. Hasta ese momento, todavía pueden solicitar la prórroga aquellos inquilinos cuyo contrato expire antes del 31 de diciembre de 2027, mediante una petición por escrito a sus caseros. El texto, además, limita al 2% del precio actual la actualización anual de los contratos, en sustitución de lo que pueda subir el IPC (índice de precios al consumo) por la crisis derivada de la guerra en Irán.
Urtasun recordaba también que el decreto puede suponer para algunos inquilinos, entre los que hay muchos que votan al PP, un ahorro de hasta 2.000 euros cada año, partiendo de la base de que para muchos otros la medida supone directamente no perder la casa en la que están en alquiler al poder prorrogar su contrato dos años más. Además, en algunas ciudades con los precios tensionados, el ahorro puede aumentar a "entre 600 y 700 euros al mes", según el ministro.
La posibilidad de acogerse a él existe para más de un millón de contratos, según los datos que ha ido aportando el Sindicato de Inquilinas en sus comunicados. Sin embargo, pasada la votación se abrirá un nuevo escenario: el judicial. Y es que, si el decreto decae, serán los tribunales los que tengan que decidir sobre aquellas solicitudes de prórroga que se hayan pedido durante estos cuarenta días, pero que no se hayan tramitado todavía.
Y aquí es donde está otro de los puntos de tensión entre el PSOE y Sumar, con la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, admitiendo que sería un escenario jurídico "inédito", y diciendo que espera que la Justicia se ponga "siempre del lado del derecho a la vivienda", pero no dando pie a que se vaya a tomar ninguna medida para dar garantías jurídicas a quienes se vean en esta situación.