El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid con motivo del linchamiento de un muñeco con su cara en la sede de Ferraz en la Nochevieja de 2023.
El responsable de Moncloa sostiene que aquel acto, que reunió a decenas de personas que enarbolaron banderas de España y golpearon a un muñeco simulando a Sánchez y un brazalete del PSOE, fue una “apelación directa” a su muerte y que se correspondió con una “ceremonia de escarnio público y de violencia explícita”.
El secretario general de los socialistas emitió que, si bien esa manifestación se había convocado en apariencia como un acto lúdico y de protestas política a través de tomar las doce uvas en la sede del partido, detrás de ella se encontraba una acción perfectamente organizada de “violencia política e intimidación”.
En este sentido, Sánchez recuerda que el encuentro convocado por Revuelta, la marca juvenil de Vox que se quedó con fondos de la DANA, tal y como desveló en exclusiva ElPlural.com resultó “en una violenta manifestación de odio, con exhibición de símbolos preconstitucionales, coacciones y amenazas”.
Asimismo, lamenta que “se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas” que llegaron a miembros de su familia y que simularon a él mismo a través de la figura, “colgada de un semáforo, golpeada, apaleada y despedazada. Todo a la vez que el acto se emitía en directo a través de redes sociales.
El presidente del Gobierno destaca que “los actos eran una manifestación brutal de odio, encaminada a crear un clima de amenaza física real hacia mi persona y familia”. “El grado de violencia y amenaza directa excedía claramente los límites razonables del derecho a la crítica y a la protesta pública amparados por la libertad de expresión y manifestación (…) En ningún caso la amenaza, el odio organizado, el insulto, la insidia y la descalificación personal encuentran amparo en nuestra constitución”, asume.
Algo colectivo
Más en profundidad, Sánchez señala que se trató de una “proclamación expresa de odia” hacia él y sus familiares, lejos de una “simple crítica”. Además, estuvo “acompañada de una ceremonia de escarnio público y violencia explícita, que incluía una apelación directa a mi muerte”. Y no es que solo atentaran contra él, sino que, sostiene, este tipo de acciones “legitiman la comisión de actos violentos contra personas y espacios” vinculados al PSOE: “Fue un salto cualitativo… Suponía una invitación real para que alguien se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real”.
De esta manera, el presidente del Gobierno contempla que no es a él “a quien se estaba colgando, apaleando y quemando en público”, sino a quienes se encuentran dentro del partido o sostienen o exhiben sintonía o simpatía con el proyecto del que forma parte. Pone aquí el acento el líder de La Moncloa en que estos actos de odio pueden suponer un peligro especialmente para los trabajadores, que desempeñan su labor en la sede de la formación y que no disponen de ningún medio de protección a su integridad. De hecho, indica que “desde entonces, teme por la seguridad de todos ellos”.
En última instancia, el presidente del Gobierno concluye que esta amenaza no es solo individual, sino también colectiva. “La simbología del terror nunca ha sido una expresión inocente. Por desgracia, para los españoles es una lección duramente aprendida”.
La Audiencia Provincial reabrió la causa en julio de 2025 después de que la jueza instructora acordara el archivo de la causa al entender la “falta de educación no es delito”. El tribunal descartó delito de odio e injurias, además de rechazar la petición de la representación legal del presidente del Gobierno y el partido de que el tema encontrara su fin en la Audiencia Nacional.
