Vox y su prioridad nacional copan la conversación política estos días. El Partido Popular ha vuelto a ceder a los de Santiago Abascal que su agenda antimigratoria sea el centro del debate. Alberto Núñez Feijóo sigue una senda que el PP tomó en 2018 en Andalucía, y que sigue recorriendo ahora, obligado por los resultados de las urnas.
La discriminación a los migrantes en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda pública ha sido ahora la llave de la investidura en Extremadura y Aragón. Lo será próximamente en Castilla y León y, previsiblemente, también tras las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. Todo ello para allanar el camino a que Feijóo, si lo necesita, pueda contar con los votos de Vox para llegar a La Moncloa, en el caso de que las matemáticas resulten tras las generales del próximo año.
Pero para entender el camino que culminaría con la ultraderecha en un Gobierno central, conviene echar la vista atrás, y hacerlo ahora, antes de que ocurra. Hay que analizar cómo y en qué ha ido cediendo terreno el PP. Porque de poco sirve alertar de que los postulados de Vox, que ya aceptan como propios en Génova, además de ilegales, van en contra de la lucha feminista, el movimiento LGTBI o los derechos de los migrantes. Sirve de poco, teniendo en cuenta que los de Abascal han hecho oídos sordos a esas críticas, y han desarrollado una estrategia de presión consistente y continuada, consiguiendo que el PP caiga poco a poco en sus redes.
2018: Moreno Bonilla abre la veda de Vox
El camino se abrió en dieciembre de 2018, después de las elecciones al Parlamento de Andalucía. En ellas ganó el popular Juanma Moreno Bonilla, pero necesitó buscar aliados para gobernar la Junta, al no haber llegado a la mayoría absoluta. Esto marcó la primera vez que Vox condicionó un Gobierno del PP. En ese primer pacto de investidura no tuvieron que darles ningún asiento en San Telmo, ya que entonces la ultraderecha era la quinta fuerza en Andalucía y Moreno Bonilla pudo acordar un Gobierno de coalición con Ciudadanos, cuando el PP todavía defendía mirar al centro y no a la extrema derecha.
Aún así, Vox obligó al PP a una serie de compromisos a cambio de apoyar la investidura de Moreno en la Cámara regional. Aunque entonces lo que unía a las tres derechas era el deseo de poner fin a cuatro décadas de Gobiernos socialistas, ese "Acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía" dejó entrever el marco que la ultraderecha iba a obligar a comprar al PP en los años siguientes.
El documento incorpora varias de las marcas ideológicas de la ultraderecha, y resume muy bien la estrategia de ir 'de la medida al eslogan'. Por ejemplo, en la "libertad educativa" y el derecho de los padres a excluir a sus hijos de actividades complementarias "cuando sean contrarias a sus convicciones", que resumieron unos años después en el debate impostado del PIN parental, o la creación de una ley de "concordia" en sustitución de las estatales de Memoria Democrática.
Pero en lo que está ahora Vox es en rechazar la inmigración, y ya entonces iban allanando el discurso actual de la "invasión migratoria". Entonces, eso sí, se limitaban a pedir "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración", aunque ya introdujeron en este acuerdo tesis como combatir el "efecto llamada", la "amenaza del fundamentalismo islámico", o la lucha contra el "turismo sanitario", con el que ahora culpan a los inmigrantes de colapsar unos servicios públicos que el PP, su socio, descuida allí donde gobierna.
En este pacto, Vox plantó la semilla de uno de los postulados que sostienen sus pactos ahora, en concreto el de Extremadura. El PP se comprometió con los ultras en Andalucía a "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social". Este argumento para recortar ayudas a organizaciones, dentro de lo que califican como "gasto improductivo" aparece también en el penúltimo acuerdo de las derechas.
2019: Vox no evita el fracaso de Casado
Abierta la veda por Moreno Bonilla, pactar con Vox fue mucho más sencillo para otros barones del PP en las autonómicas del 26 de mayo de 2019. Tras esa noche, hubo dos casos en los que el candidato del PP replicó el esquema del pacto con Ciudadanos y Vox para poder gobernar, a pesar de la victoria del PSOE en las urnas. Ocurrió tanto en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso ganando su primera investidura por un solo escaño, como en la Región de Murcia, donde los votos de Vox permitieron nombrar presidente al popular Fernando López Miras.
Consolidar ese sistema de acuerdo a nivel autonómico, no era más que una estrategia del PP, entonces presidido por Pablo Casado, para alcanzar la Moncloa. Pactar con Vox se convirtió en una huida hacia adelante, después de que en las elecciones generales de abril de 2019, a las derechas no les dieran los números para hacer presidente a Casado. Esos pactos autonómicos buscaban ser un seguro para él cuando se repitieran las generales, que se celebraron nuevamente en noviembre.
El resultado, sin embargo, fue otro. Gracias, en parte, a la normalización del PP, Vox consiguió 52 escaños en el Congreso, y la ultraderecha se convirtió en la tercera fuerza política del país. Pero en el penúltimo giro del destino para Casado, ni siquiera esas cifras de los de Abascal le daban para evitar el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ya el que había sido su salvavidas, Ciudadanos, se desplomó hasta los diez escaños.
2022: Vox entra en las instituciones
Esfumada la opción de Albert Rivera como socio, Casado tuvo que lidiar en la oposición con el peso de haber facilitado el camino a Vox. Aunque no fue por mucho tiempo, porque en marzo de 2022, el presidente popular firmó su sentencia política cuando trató de denunciar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso. Casado dio paso a Alberto Núñez Feijóo, al que dejó la herencia del camino emprendido junto a Vox, en el que no se podía dar marcha atrás.
Solo diez días después de la marcha de Casado, el PP dio un paso más. Las elecciones de Castilla y León dieron un resultado que obligó a Alfonso Fernández Mañueco a tumbar una nueva barrera para ser presidente, lo que supuso la primera vez que Vox entró en un Gobierno. El popular cedió una vicepresidencia para el ultra Juan García-Gallardo, además de dejar las carteras de Agricultura, Industria y Cultura en sus manos.
El contenido de este acuerdo pionero sirve como nuevo alto en el camino para analizar qué cesiones consiguió entonces la ultraderecha. Vox desarrollando en el texto fórmulas como la "violencia intrafamiliar", su plantemiento negacionista de la violencia de género, o una educación "libre de adoctrinamiento ideológico". El rechazo a la inmigración seguía estando presente, con los pasos previos a la prioridad nacional. PP y Vox acordaron defender "una inmigración ordenada" y "en contra de las mafias ilegales".
Este pacto abrió una nueva senda que se consumaría en 2023, con un carrusel de pactos autonómicos y municipales que metieron a Vox en las instituciones en varios puntos de la geografía española, concretamente en aquellos en los que al PP no le daban los números. La ultraderecha permitió las investiduras de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón, Marga Prohens en Baleares, y, de nuevo, López Miras en Murcia.
2026: aparece la "prioridad nacional"
En el PP no entendieron que el debate migratorio al que les arrastran los de Abascal es una estrategia, ni siquiera cuando, en 2024, Vox se salió de todos esos Gobiernos autonómicos porque los populares iban a aceptar el reparto de migrantes del Gobierno. Y en esa permisividad del PP es donde la ultraderecha ha colado la prioridad nacional, el eje central de los dos pactos firmados en la última semana en Extremadura y Aragón.
Vox ya no distingue entre comunidades, como defendían antes con acuerdos programáticos adaptados a cada región. Los puntos fuertes de estos dos pactos son idénticos. Ambos incluyen el rechazo al reparto de menores migrantes, las auditorías sobre "gastos vinculados a la inmigración masiva", la supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, la supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, la simplificación normativa en Red Natura 2000, la defensa del sector primario frente al Pacto Verde y la reducción del gasto en cooperación internacional.
Y en ambos aparece la "prioridad nacional", con el matiz de que el eslogan pasa directamente a articular cómo se aplicará la medida. En ambas autonomías será, según han pactado, el criterio para acceder a la vivienda protegida y el alquiler social, así como a "todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". En el caso de Aragón, sí que se especifican las exigencias en vivienda: "arraigo real" —el matiz del PP que en Vox califican como un "coladero"— y empadronamiento histórico mínimo de diez años para la compra, y cinco para el alquiler.
Y en otros asuntos, los pactos permiten ver cómo han ido evolucionando las exigencias y Vox en todo este camino por las cesiones del PP. Por ejemplo, en Educación, en la que Vox ha pasado de reivindicar en 2018 la "libertad de los padres" para elegir, a dictar ellos mismos qué se debe enseñar en los colegios. Esto se ve en la supresión del PLACM (Programa para la Enseñanza de Lengua Arabe y Cultura Marroquí) en ambas regiones, o con la asignatura de "historia del terrorismo en España" pactada en Aragón.