Junts per Catalunya pretende seguir haciendo valer sus siete escaños en el Congreso de los Diputados, de los que depende el Gobierno de coalición para sacar adelante cualquier iniciativa. Los nacionalistas buscan resurgir y, con el furor independentistas deshinchado, han decidido recurrir a su estrategia habitual de confrontar con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que instan a que “considere la oportunidad” de someterse a una cuestión de confianza con la presentación de una proposición no de ley. Una maniobra sin efectos que, además, requiere del dubitativo apoyo de Vox.
La iniciativa de la derecha catalana no tendría siquiera “efectos jurídicos”, como reconocen desde la propia formación, dado que esta figura es una prerrogativa que la Constitución le confiere al presidente. Sin embargo, el Gobierno terminó por aceptar la tramitación de la proposición, pese a que podía bloquearla con la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, a cambio de que los de Carles Puigdemont apoyasen el decreto ómnibus, que contenía la subida de las pensiones o la rebaja del transporte público, en su segunda vista a la Cámara Baja.
Los neoconvergentes han ejercido su cupo en el orden del día, conferido por la Junta de Portavoces, y el próximo martes se debatirá esta cuestión en el Pleno, tal y como ha decidido Junts, y será votada previsiblemente el miércoles. Todo preparado para un golpe al Ejecutivo que podría terminar errando por la dependencia del voto de la extrema derecha. Aun aprobándose, el efecto no iría más allá de la imagen de un Gobierno que cuenta con una mayoría en contra. Imagen potente que daría protagonismo a los nacionalistas, pero intrascendente.
Sin embargo, la tortilla puede darse la vuelta y asestar un sopapo a los representantes de la burguesía catalana, que se verían solos, sin capacidad efectiva de terminar con la legislatura y rogando por los apoyos de un Vox que aseguran repudiar. “Papel mojado”, han calificado los de Santiago Abascal la proposición de Junts, si bien no pueden descartarse todavía sus apoyos. Los votos favorables del Partido Popular (PP), sus homólogos en el resto del territorio nacional, los tienen asegurados, pero son insuficientes. Ahora la formación verde debe decidir en qué bloque se ubica.
La posibilidad de que los que siguen a Puigdemont retiren la proposición no de ley a última hora también está encima de la mesa. Sin embargo, los socialistas tampoco están interesados en que los independentistas sufran una dura derrota que pueda dejar sus ánimos resentidos y afecte a la negociación activa de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, que el Gobierno sigue empeñado en sacar adelante, pese a que las contraprestaciones exigidas por los socios habituales amenazan con ser exigentes.
Un proceso largo que puede morir en la orilla
La duda ahora sobrevuela el reparto de fuerzas, pero unos meses atrás este debate ni se planteaba y el PSOE garantizaba que no permitiría que se diese. Los nacionalistas registraron su proposición no de ley primigenio en 2024, el 9 de diciembre, y los letrados del Congreso de los Diputados dieron su visto bueno, pese a la anomalía de que una cuestión de confianza no salga de la presidencia. Sin embargo, en aquel momento si hizo uso de su mayoría en la Mesa y dejo en barbecho la tramitación.
El 17 de diciembre llegó el primer rechazo en el órgano rector de la Cámara Baja y un mes después, el 16 de enero, el segundo. En ambos casos el PP se mostró disconforme y defendió que no existía problema en que superase ese filtro y llegase a Pleno, evidenciando cuál sería su posición en su debate futurible. Los de Feijóo se apoyaban en lo instado por lo servicios jurídicos de la Cámara, que apuntaron que aunque la cuestión de confianza es una prerrogativa del jefe del Ejecutivo, no existía problema en esta ocasión al no tener efectos legislativos ni jurídico la iniciativa.
El 4 de febrero finalmente la Mesa aprobó por unanimidad la tramitación, si bien con un texto diferente al original, que reclamaba directamente a Sánchez el planteamiento de la moción de confianza. La nueva redacción ya sólo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla y quedó aún más liviana al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que le confiere la Constitución".