En una democracia madura, la coherencia política debería ser el mínimo exigible. Sin embargo, el rechazo de la derecha a convalidar el decreto social que el Congreso tumbó hace días vuelve a ponerla seriamente en cuestión. Bajo la coartada de una supuesta defensa del interés general, se esconden argumentos que no resisten el contraste con los datos y que solo buscan alimentar un alarmismo interesado.
Tras varios días de negociación, el Gobierno ha optado por una solución que evidencia dónde está realmente el bloqueo político. Ha aprobado dos decretos distintos: uno que incluye exclusivamente la revalorización de las pensiones y las medidas de la Seguridad Social, y otro que agrupa el resto del escudo social, incluida la moratoria de los desahucios. El objetivo es inequívoco: garantizar que los pensionistas no pierdan ni un solo mes de poder adquisitivo y que la subida llegue con plena seguridad jurídica, mientras se sigue trabajando para sacar adelante el resto de medidas sociales.
Esta decisión deja al descubierto una realidad incómoda. Cuando las pensiones se separan del resto del paquete social, desaparecen las excusas. Ya no hay argumentos técnicos ni presupuestarios: lo que queda es la oposición frontal de la derecha a políticas que protegen a la mayoría social, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La excusa vuelve a ser la misma: la “okupación”. Se presenta como una amenaza descontrolada, casi como una epidemia social. Pero la realidad desmiente ese relato. En 2024 se registraron 16.426 ocupaciones en un parque de 26,6 millones de viviendas. Apenas un 0,057% del total. Y el dato clave es aún más revelador: solo el 0,85% correspondieron a allanamientos de morada —viviendas habitadas—, mientras que el 99,15% afectaron a inmuebles vacíos.
Mientras se alimenta ese miedo, la verdadera emergencia avanza en silencio. Solo en el primer trimestre de 2025 se produjeron 7.334 desahucios en España. El 77% no fueron por ocupación, sino por impago del alquiler. Familias que no pueden asumir subidas de precios de entorno al 10% anual. Personas mayores, madres solas, víctimas de violencia machista o personas con discapacidad que pierden su casa porque el mercado se ha vuelto inasumible.
Desde 2020, la moratoria de desahucios ha evitado entre 58.000 y 70.000 lanzamientos. Uno de cada cuatro de los que afectaban a familias vulnerables. Ese es su impacto real. Y aun así, sigue siendo el principal obstáculo para que la derecha avale el escudo social, incluso después de que el Gobierno haya aceptado introducir ajustes y acuerdos, como el alcanzado con el PNV para excluir a pequeños propietarios.
El escudo social no se limita a la vivienda. Incluye ayudas ante catástrofes como la dana, mejoras en la jubilación de bomberos forestales y agentes medioambientales, protección para hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y medidas que afectan a millones de pensionistas con pensiones mínimas. Medidas que siguen en el aire no por falta de consenso social, sino por bloqueo político.
¿De verdad todo esto perjudica a la economía, como afirma la derecha? Los datos dicen exactamente lo contrario. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, pasando de 736 a 1.184 euros. Se auguró un colapso que nunca llegó. Hoy, España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas. Cuando las familias tienen más recursos, la economía se mueve.
No se puede aspirar a un país próspero abandonando a quienes más lo necesitan. Proteger a las familias vulnerables no es castigar a los propietarios. Es asumir una realidad incuestionable: en España hay 3,8 millones de viviendas vacías. El problema no es quien ocupa por necesidad, sino la especulación y la falta de vivienda asequible.
La derecha ya no puede esconderse tras el debate de las pensiones, porque el Gobierno ha garantizado su aprobación por separado. Ahora el debate es a cara descubierta: si se apoya o no un escudo social que impide que decenas de miles de familias sean desahuciadas y queden sin protección social.
Negarse a ello no es una cuestión técnica. Es una decisión política. Es elegir entre un país que cuida o un país que abandona a quienes más lo necesitan, entre una sociedad cohesionada o una sociedad dividida entre ricos y pobres.
Manel de la Vega. Senador