Los disturbios registrados en Barcelona han abierto una nueva vía que la derecha está aprovechando para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox se han valido de los incidentes en la Ciudad Condal para cuestionar la gestión del Ejecutivo, denunciar el deterioro del orden público y vincular la tensión en las calles con las políticas de la izquierda, a pesar de que nadie ha reivindicado la autoría de la convocatoria.
Las declaraciones de los principales dirigentes conservadores han elevado el tono de la disputa. Lo que comenzó como un episodio de conflictividad callejera le ha valido a PP y Vox para volver a traer a la palestra, por enésima vez, las conversaciones sobre seguridad, responsabilidad institucional y la capacidad del Gobierno para gestionar las protestas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado este domingo a Sánchez en el centro de sus críticas. Durante un acto celebrado en Salamanca, el líder popular ha afirmado que sus adversarios "se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", una declaración con la que ha relacionado el clima de tensión política con los disturbios. Feijóo también ha acusado a cargos de la izquierda de justificar la tensión en las calles.
Vox, por su parte, ha adoptado una posición todavía más contundente. El sábado por la noche, la formación de Santiago Abascal responsabilizó a Sánchez de haber trasladado a España el caos y la violencia que, según su discurso, caracterizan la situación de Francia e Italia. El partido acompañó las imágenes de los disturbios con una consigna dirigida a sus seguidores: "O Vox o caos". En la misma línea, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha ampliado las acusaciones al vincular los altercados con una supuesta alianza política entre la izquierda y el islamismo. Garriga ha responsabilizado al socialismo de permitir, a su juicio, que aumenten la violencia y la inseguridad, y ha reclamado explicaciones a las administraciones catalana y barcelonesa. La formación también ha anunciado que solicitará información sobre la nacionalidad y el origen de los detenidos.
El PP catalán exige explicaciones a Interior
Por otro lado, la portavoz del PP catalán, Lorena Roldán, ha reclamado la comparecencia urgente de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para que explique cómo se preparó el dispositivo policial y qué medidas preventivas se adoptaron ante una convocatoria difundida a través de las redes sociales. Roldán ha cuestionado la previsión de los Mossos d'Esquadra y ha considerado insuficiente que las autoridades describan como difícil de explicar la dinámica de los incidentes. También ha criticado a Ada Colau, a quien atribuye parte de la responsabilidad política por sus posiciones en el debate sobre la actuación policial.
La petición de comparecencia, a su vez, abre otro frente: el de la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Más allá de las acusaciones generales contra Sánchez, la discusión se traslada a la actuación de la Generalitat, la planificación policial y la capacidad de anticiparse a una concentración que terminó en destrozos y saqueos.
Los acampados por la vivienda se desvinculan de la violencia
Mientras los partidos endurecen sus mensajes, los acampados por el derecho a la vivienda han querido dejar claro que su movilización no guarda relación alguna con los disturbios pese a algunas acusaciones recibidas. El colectivo lleva cerca de un mes instalado en la plaza de Catalunya, el mismo espacio en el que se concentraron centenares de jóvenes el sábado antes de que se produjeran los altercados. Kiara Monrroy, portavoz de los acampados, ha asegurado que ambos acontecimientos no tienen relación. Según ha explicado, los integrantes de la acampada cerraron su espacio para impedir que los manifestantes entraran y provocaran destrozos. Al mismo tiempo, ofrecieron refugio a familias con niños y personas mayores que buscaban protegerse de los incidentes y de las cargas policiales.
El colectivo también ha denunciado las dificultades para mantener la seguridad dentro del campamento después de que se cortara parte del suministro eléctrico. Sus integrantes han pedido al Ayuntamiento que estudie una solución para disponer de iluminación y energía sin poner en riesgo a quienes permanecen allí.
Los disturbios han dejado, así, dos debates abiertos. El primero es policial y judicial: esclarecer la organización de la concentración, identificar a los responsables de los daños y determinar si las medidas preventivas fueron adecuadas. El segundo es político y gira en torno a la interpretación de la violencia y su utilización en la confrontación entre partidos, especialmente cuando el eje conservador utiliza estas protestas para cargar, en plena precampaña, contra sus adversarios políticos. Para el PP, los incidentes permiten cuestionar la gestión de Sánchez y reclamar responsabilidades a las autoridades catalanas, y Vox va más allá al relacionarlos con la inmigración y el islamismo.
La Generalitat también ha anunciado que se investigará lo sucedido y que los responsables deberán responder por sus actos. El balance facilitado este domingo por los Mossos d'Esquadra asciende a 128 detenidos, 72 de ellos menores, y quince agentes heridos, cuatro de ellos de gravedad.
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