Pensar que la Cooperación al Desarrollo no debe estar supeditada a la política migratoria resulta obvio para quienes llevamos años vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con focalizar el dinero en combatir la pobreza y las desigualdades. Pero para una parte de los representantes de la ciudadanía europea esto no resulta una obviedad, más bien todo lo contrario.

Ahora se cumplen 25 años de las grandes movilizaciones que recorrieron España a favor de destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto (PNB) a los países empobrecidos, impulsando un movimiento insólito en el mundo por su fuerza; aunque sus resultados, con la perspectiva que dan los años, no hayan sido los esperados. En la UE, solo seis países alcanzan el 0,7% de ayuda al desarrollo.

Suecia y Holanda fueron los primeros países en cumplir el objetivo, en 1975, según Intermón Oxfam. En los años posteriores se unieron Noruega (1976), Dinamarca (1978), Luxemburgo (2000). Aunque quedaría por detallar cómo llegan a este objetivo, qué contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y qué no. En 1991, Finlandia afirmó cumplir con el objetivo, pero luego redujo su aportación. En 2015, último año del que hay información, aportó el 0,56% de su renta, según los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo OCDE.

En 2005, los entonces 15 Estados miembros de la UE asumieron el compromiso de alcanzar en 2012 la meta del 0,7%; en 2008 revisaron este objetivo y decidieron retrasarlo hasta 2015 con motivo del plazo fijado por la Comunidad Internacional para alcanzar los entonces “Objetivos del Milenio”, que sentaron las bases de la Agenda 2030. Cuando en 2015 se hizo balance del cumplimiento, se comprobó que, salvo dos, ningún otro país había alcanzado la meta en el periodo comprendido entre 2000 y 2015. España se situó muy cerca en el año 2009 con un 0,46% de su PNB destinado a la cooperación al desarrollo, y existe el compromiso del actual gobierno socialista de llegar al final de esta legislatura al 0,5 %.

El movimiento 0,7% catalizó un formidable potencial de movilización social y de simpatías, construyendo en poco tiempo un imaginario colectivo sorprendente. Pero en la actualidad, más bien son las partidas donde muchos miran a la hora de recortar. El 0,7% alimentó otras movilizaciones posteriores, sumándose el trabajo de ONGs, universidades y colectivos sociales. Incluso las acampadas del 15M copiaron su estructura en diferentes ciudades.

Años vista, el mayor logro de esta campaña no puede interpretarse en clave estatal, sino a nivel autonómico y local. El avance que vivieron en España las políticas de cooperación descentralizadas que se llevaron a cabo en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas fue, sin ninguna duda, el mayor éxito de esta campaña. Y resistió a las diferentes crisis, tanto en cantidades como en eficacia.

Quedan lejos aquellos años, y quienes seguimos creyendo y defendiendo que el aporte de la cooperación debe mantenerse para los fines que fue pensado debemos redoblar nuestro esfuerzo para evitar situaciones como la vivida la semana pasada en la Eurocámara. Lamentablemente, el Partido Popular Europeo rompió el consenso alcanzado desde legislaturas pasadas sobre la ayuda al desarrollo en una maniobra que pretende supeditar la ayuda de cooperación al desarrollo a los países más necesitados a su colaboración en la gestión migratoria y al control de fronteras.

El Pleno del Parlamento Europeo votó un informe sobre la eficiencia de la ayuda al desarrollo, y mientras que en la Comisión de Desarrollo hemos defendido que esta debe dirigirse a erradicar la pobreza y la desigualdad, el presidente de dicha Comisión y ponente informe, el popular Tomás Tobé, buscó el apoyo de seis diputados del PP español para firmar dos enmiendas de última hora que cambiaron el acuerdo ya negociado con el resto de grupos parlamentarios.

Esta rápida maniobra rompió el consenso con una postura antinmigración, debilitando así la posición del Parlamento en la reforma del sistema de cooperación europea, que está siendo negociado simultáneamente con los Estados Miembros en el Consejo mediante un nuevo Reglamento sobre Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI). Una normativa que forma parte de los grandes instrumentos de financiación como el Marco Financiero Plurianual, el Plan de Reconstrucción y el Mecanismo de Estado de Derecho, entre otros.

Además de criticar el fondo y la forma de esta maniobra, hemos votado en contra del informe que pretende vincular la cooperación al desarrollo al control migratorio. Lo hemos hecho pensando en las personas que más lo necesitan, en el trabajo de las ONG de Desarrollo y en la reputación mundial de la UE como defensora de los derechos humanos y mayores cooperantes del mundo.

La AOD colectiva de la UE (incluyendo a Reino Unido) en 2019 ascendió a 75.200 millones de euros, frente a los 74.900 de 2018. La UE, más sus Estados miembros, es el mayor proveedor mundial de AOD, siendo responsable del 55,2% del total que destinan los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. Una cantidad que representó el 0,46% de la renta nacional bruta (RNB) de la UE, considerablemente superior a la media de los miembros del CAD no pertenecientes a la Unión, que en 2019 se situó en el 0,21% de la RNB. En cuatro Estados miembros de la UE la AOD alcanzó o superó el umbral del 0,7 %.

Están en juego nada menos que 71,9 mil millones del nuevo instrumento NDICI y 38,5 mil millones del Teams Europe (instrumento aprobado para ayudar a hacer frente a la pandemia de la COVID en países socios), y de prosperar esta posición pasarán a estar condicionados. Algo que no solo rompe el consenso alcanzado en la anterior legislatura, sino que no defiende el nuevo enfoque de partenariado impulsado recientemente desde la Comisión Europea.

Eso lanzaría a los países más necesitados el mensaje de que sólo van a recibir ayuda si hacen la política migratoria que nosotros les marcamos. O lo que es igual, que deberán usar el dinero de ayuda al desarrollo para el control de sus fronteras.

Los y las socialistas seguiremos combatiendo este enfoque y defendiendo la ayuda a la cooperación no condicionada.

 

Mónica Silvana González, eurodiputada socialista y portavoz en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo