La polémica por el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid se ha convertido en un problema cada vez mayor para el Partido Popular. Las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo han abierto una nueva grieta en el relato oficial y han dejado sobre la mesa una pregunta difícil de esquivar: si el presidente del PP sabía desde abril que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso buscaba un inmueble para trasladar temporalmente la Presidencia mientras se ejecutaban las obras de la Puerta del Sol, ¿cómo es posible que la propia presidenta asegure que no sabía nada de la operación?
Feijóo ha contado que en abril participó en una reunión informal con representantes del Gobierno madrileño en la que se habló de las obras que iban a realizarse en la Real Casa de Correos y de la necesidad de encontrar un espacio provisional para trasladar el despacho de la presidenta y parte de su equipo. Según su relato, se estaban buscando locales y finalmente “se ha encontrado ese local”.
La afirmación resulta especialmente relevante porque la compra del ático de Chamberí se formalizó precisamente en abril. El inmueble, de unos 485 metros cuadrados, fue adquirido por Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Comunidad, por 6,3 millones de euros.
La versión de Ayuso, sin embargo, ha sido muy diferente. Desde que trascendió la operación, la presidenta madrileña ha insistido en que la compra no era de su competencia y que desconocía cómo se había realizado. “No tengo la menor idea”, llegó a decir sobre las operaciones de Planifica Madrid. También ha rechazado que el inmueble estuviera destinado a ella personalmente y, más recientemente, ha asegurado que se encuentra en proceso de venta. Ahí aparece la primera gran contradicción.
Si Feijóo recibió en abril información sobre la búsqueda de un espacio para trasladar temporalmente el despacho de la presidenta y su equipo, ¿quién se la proporcionó? ¿Quién participó en aquella reunión? ¿Estaba Ayuso al tanto? Y, sobre todo, ¿cómo pudo llegar esa información al presidente del PP sin que la máxima responsable del Gobierno madrileño conociera el proyecto?
Feijóo no ha aclarado quién le trasladó exactamente esa información. Borja Sémper tampoco ha precisado quién estaba presente ni si Ayuso participó en aquel encuentro. La presidenta, por su parte, ha evitado responder directamente a la existencia de aquella reunión y ha dado por cerrado el asunto con un “chao pescao” después de recordar que el inmueble está en venta. Pero la cuestión no desaparece porque el ático vaya a venderse.
Un ático que era para una oficina… pero no podía ser una oficina
El segundo problema afecta al propio uso del inmueble. Feijóo ha señalado que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué se compró “un local que no se puede destinar a oficina” si el objetivo era instalar allí una oficina.
La afirmación vuelve a abrir un interrogante sobre el destino original del ático. La normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid impide convertir ese noveno piso de un edificio residencial de Chamberí en una dotación pública de oficinas. Su uso es residencial. La Comunidad, sin embargo, ha defendido que se trataba de un inmueble destinado a oficinas que podía albergar despachos y que ahora está en proceso de venta. Las dos versiones difícilmente encajan.
Si el inmueble no podía utilizarse legalmente como oficina, ¿para qué se compró? Si no era para instalar allí la Presidencia, ¿cuál era el destino previsto? Y si sí se contemplaba trasladar allí al equipo de Ayuso, ¿quién decidió realizar una operación sobre un inmueble cuyo uso no permitía ese destino? También queda por esclarecer quién tomó la decisión.
La compra la ejecutó Planifica Madrid, pero Feijóo ha situado el foco en Patrimonio de la Comunidad. El Gobierno madrileño, mientras tanto, ha insistido en que Planifica Madrid compra y vende inmuebles habitualmente y que estas operaciones no dependen directamente de la presidenta.
La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿quién dio la orden de comprar el ático? Hasta ahora no se ha mostrado públicamente un documento que permita reconstruir con claridad la cadena de decisión: quién detectó el inmueble, quién lo propuso, quién autorizó la compra, quién conocía el destino que se pretendía darle y quién sabía que su uso como oficina podía ser incompatible con la normativa.
Feijóo abre una puerta que Ayuso intenta cerrar
Las declaraciones de Feijóo también han introducido dudas sobre la naturaleza de las obras de la Real Casa de Correos. El presidente del PP asegura que en abril se le explicó que se iban a realizar “obras de remodelación” porque existían problemas relacionados con las cañerías, el aire acondicionado y la conservación del edificio. Según su versión, ese era el motivo por el que se buscaba un lugar provisional para trasladar el despacho de la presidenta y parte de su equipo. Ayuso, en cambio, ha hablado de una reforma integral y de daños estructurales, además de referirse a problemas de climatización.
Posteriormente, la Comunidad de Madrid adjudicó por 60.000 euros el contrato para diseñar la reforma a Pombo Estudio S.L. La documentación del proyecto contempla actuaciones sobre carpinterías, suelos, techos, paredes y mobiliario, además de trabajos en diferentes espacios de la sede presidencial. La diferencia entre las explicaciones tampoco es menor.
Y, si la situación requería realmente trasladar durante un periodo al despacho de Ayuso y a su equipo, surge otra cuestión: ¿por qué se buscó un inmueble de las características y el precio del ático de Chamberí para una solución supuestamente temporal?
La posición del líder del PP resulta especialmente incómoda para la presidenta madrileña porque Feijóo no se ha limitado a respaldar la versión de Sol. Al contrario: ha aportado información que hasta ahora no había aparecido públicamente y que sitúa el conocimiento de la operación en abril, meses antes de que trascendiera la compra.
Hasta entonces, la dirección nacional del PP había mantenido una posición prudente: Ayuso ya había dado las explicaciones pertinentes y el partido se atenía a la versión de la Comunidad de Madrid. Feijóo ha ido un paso más allá. Ha admitido que conocía la búsqueda de un espacio provisional. Ha confirmado que el traslado afectaría al despacho de la presidenta y a su equipo. Y ha reclamado explicaciones sobre la compra de un inmueble que, según sus propias palabras, no podía destinarse a oficina. Todo ello coloca a Génova ante un dilema político.
Si Feijóo dice la verdad, ¿por qué Ayuso sostiene que desconocía la operación? Y si Ayuso dice la verdad, ¿qué información recibió exactamente Feijóo en aquella reunión de abril?. No es necesario concluir todavía quién miente para constatar que las dos versiones no terminan de encajar.
Porque hay una tercera posibilidad: que ambos estén contando partes distintas de una operación que tuvo varios niveles de decisión y conocimiento. Pero, en ese caso, también habría que explicar por qué no se ha ofrecido todavía una reconstrucción completa y documentada de la compra.
La residencia oficial tampoco resuelve el misterio
El debate sobre si el ático podía convertirse en una residencia oficial añade otra contradicción al relato. Feijóo ha considerado “absolutamente razonable” que los presidentes autonómicos dispongan de una residencia oficial. El Gobierno de Ayuso ha utilizado precisamente la ausencia de una residencia oficial de la Comunidad de Madrid como argumento para contextualizar la operación.
Sin embargo, la propia Ayuso ha rechazado que necesitara o hubiera solicitado una residencia oficial. “No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, ha afirmado. Por tanto, si el ático no era una residencia para la presidenta y tampoco podía convertirse en oficina, ¿qué uso justificaba pagar 6,3 millones de euros por él?. Y si originalmente sí se pensó en utilizarlo como espacio vinculado a la Presidencia, ¿por qué se niega ahora que existiera ese propósito?.
La controversia ha dejado de girar exclusivamente en torno a una compraventa inmobiliaria. Lo que empieza a estar en juego es la consistencia del relato del Gobierno madrileño y, por extensión, la posición del PP nacional. Ayuso ha repetido que no tiene más explicaciones que dar. Feijóo, sin embargo, acaba de aportar nuevos elementos que hacen que las preguntas sean todavía más difíciles de cerrar.
¿Quién decidió comprar el inmueble? ¿Quién eligió ese ático? ¿Para qué uso concreto se adquirió? ¿Se pensó realmente en trasladar allí el despacho de Ayuso y su equipo? Si así era, ¿por qué la presidenta afirma que no conocía la operación? Si no era así, ¿qué sentido tenía buscar un inmueble para sustituir temporalmente la sede de Presidencia y terminar adquiriendo precisamente ese? ¿Quién sabía que el inmueble tenía uso residencial? ¿Quién autorizó pagar 6,3 millones por él? ¿Y por qué se exigió confidencialidad en una operación realizada por una empresa pública?
Son preguntas que no quedan resueltas con el anuncio de que el ático está ahora en venta. De hecho, la venta abre una última cuestión: si el inmueble era adecuado para las necesidades de la Comunidad de Madrid, ¿por qué se intenta desprenderse de él tan poco después de comprarlo? Y si no lo era, ¿por qué se adquirió en primer lugar?
La respuesta a todas estas preguntas debería permitir reconstruir una cadena de decisiones perfectamente explicable. Por ahora, esa cadena no se ha hecho pública. Y ahí reside el principal problema político para el PP: Feijóo y Ayuso han ofrecido versiones que, al menos en algunos puntos esenciales, chocan entre sí. Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el ático seguirá siendo algo más que un inmueble en venta: se ha convertido en una prueba de consistencia para el PP y en una incómoda fuente de contradicciones entre su presidente nacional y su principal dirigente autonómica.
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