El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que encabeza Pablo Bustinduy, ha abierto expediente a una gran inmobiliaria en España que alquila miles de viviendas en múltiples ciudades del país y con pisos en varias comunidades autónomas tras detectar cuatro "potenciales" infracciones.
Durante la investigación llevada a cabo, la cartera que dirige Bustinduy ha detectado hasta cuatro infracciones graves a raíz de las cuales ha procedido a la apertura del mencionado expediente. Entre estas, figura la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión, la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, así como la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros.
Con todo ello, Consumo advierte de que cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito. Con la apertura del expediente, desde la Dirección General de Consumo recuerdan que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación.
Alquiler Seguro, sancionada con 3,6 millones
Este nuevo expediente a una gran inmobiliaria llega dos meses después de que Consumo confirmara la sanción de 3,6 millones de euros interpuesta a Alquiler Seguro por sus prácticas abusivas contra los inquilinos. En esa ocasión, el titular del ramo rechazó el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria, convirtiendo en firme el castigo interpuesto a la inmobiliaria por "vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado".
Con esta resolución, se puso fin a la vía administrativa después de que Bustinduy resolviera el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese el correspondiente expediente sancionador por prácticas abusivas. Con esta sanción, Consumo concluyó que Alquiler Seguro cometió una sanción grave y seis infracciones muy graves. Estas son la imposición al arrendatario la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; la imposición al inquilino de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora; la imposición al arrendatario de cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario; la imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas; la introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles; y, por último, la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.
Según se desprende de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, se prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Además, se detalla que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como sucedió en este caso. Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de un millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
La resolución implicó, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica: obligar a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídica responsable (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.
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