El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por diputados nacionales del PSOE, Compromís, Podemos y Sumar contra la modificación de la Ley de l'Horta, aprobada por el Gobierno socialista en 2018 y cuyos cambios impulsa ahora el Ejecutivo de Carlos Mazón.

"El PP quiere aprovechar un tragedia para legislar contra el medio ambiente. Es una buena noticia que hoy, precisamente el día internacional del medio ambiente, el Constitucional haya admitido a trámite el recurso que presentamos contra la modificación de la Ley de l'Horta que aprobamos en 2018, ha arrancado la secretaria de Ordenación del Territorio del PSPV-PSOE, María José Salvador. 

Los denunciantes valoran que las modificaciones que presenta el Consell vulneran los derechos constitucionales de protección del medio ambiente. La propuesta del Gobierno de Mazón permitiría urbanizar 3.800 hectáreas de huerta, hace caso omiso a los sindicatos agrícolas y, a juicio de los autores del recurso, "se ha usado la DANA de octubre como excusa para desproteger la huerta y favorecer la especulación".

A su vez, el texto del recurso considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica al introducirse cambios en la normativa con efectos estructurales "sin claridad, ni previsibilidad ni debate parlamentario, ya que no solo se altera el ordenamiento jurídico aplicable a la Huerta de Valencia de forma sustantiva, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario". Por su parte, el Gobierno valenciano justificó estos cambios por la necesidad de abordar "carencias y obstáculos surgidos desde su aprobación en 2018", que considera que se agravaron por las riadas del pasado 29 de octubre.

La ley de 2018 protegía 11.000 hectáreas de una huerta que ha ido desapareciendo por los planes urbanísticos. De ella, buena parte se considera zona inundable, por lo que es peligroso edificar en ella. Ahora, tras la devastadora DANA del pasado 29 de octubre, el Consell ha abierto la posibilidad de elevar construcciones residenciales en un tercio de los suelos protegidos, concretamente los de grado 3, y ha suprimido el Consell de l’Horta, su órgano rector, por considerarlo "inoperativo".

"El PP quiere aprovechar una tragedia para legislar en contra de los valores que representaba esta ley y, sobre todo, contra el medio ambiente", ha afeado Salvador. "Lo más grotesco de todo es que su contrarreforma, lo que permite, es construir en zonas inundables y poner en situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las personas", ha lamentado la socialista, precisamente en un contexto donde la reciente catástrofe ambiental afectó a las personas que residían en bloques construidos en zonas inundables.

"Los socialistas vamos a luchar contra las políticas de negacionismo climático que ponen en marcha el PP y sus socios en la Comunidad Valenciana", ha sentenciado.

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