El Ejecutivo prepara para este martes un nuevo paquete de medidas económicas y laborales para una ciudad que, un mes después de la entrada masiva de migrantes, continúa soportando las consecuencias sociales, asistenciales y productivas de una crisis que ha desbordado sus capacidades ordinarias.
El plan elevará al 75 % las bonificaciones empresariales a la Seguridad Social, facilitará ERTE de fuerza mayor y movilizará recursos para pymes, autónomos y servicios públicos. Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha confirmado que Felipe VI visitará Ceuta cuando “se den las condiciones”.
El Estado regresa al corazón de la crisis
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete extraordinario de 168 millones de euros para reforzar la respuesta de la Administración central ante las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. El presidente ha situado la magnitud del programa en una escala poco habitual para una ciudad de estas dimensiones: el volumen de recursos equivale, según sus cálculos, aproximadamente al 8 % del PIB ceutí.
La cifra no constituye un programa aislado. Se incorpora a un plan especial de apoyo económico que entre 2023 y 2026 ya había movilizado alrededor de 180 millones de euros para Ceuta. La nueva dotación pretende responder a la emergencia inmediata, pero también preservar el tejido productivo ante el riesgo de que una conmoción extraordinaria termine convirtiéndose en una recesión local prolongada.
Del auxilio a la protección del empleo
Una de las principales novedades se sitúa en el terreno laboral.
El Ministerio de Trabajo prepara un régimen reforzado de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. La fórmula pretende proporcionar a las empresas afectadas un mecanismo transitorio para sostener sus plantillas mientras la actividad recupera unas condiciones mínimas de normalidad.
Las empresas podrán quedar exoneradas del 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores incluidos en estos expedientes, frente al porcentaje habitual aplicado a los ERTE de fuerza mayor. Para las personas trabajadoras, el Ejecutivo prevé un acceso pleno a la prestación por desempleo, sin exigir el periodo mínimo de cotización ordinario y sin consumir el derecho acumulado a la prestación.
Contratar para reconstruir
Las bonificaciones empresariales pasarán del 50 % al 75 % en Ceuta y también en Melilla, según ha anunciado Sánchez. La extensión a la ciudad autónoma vecina responde a una lógica preventiva: aunque Melilla no ha sufrido una crisis migratoria comparable a la de Ceuta durante este verano, comparte buena parte de sus características fronterizas, económicas y geográficas.
Por un lado, abaratar la incorporación de nuevos trabajadores en un mercado laboral pequeño y particularmente sensible a las oscilaciones de actividad. Por otro, reconstruir confianza empresarial allí donde la incertidumbre puede ser tan dañina como la pérdida material inmediata.
Pymes y autónomos, en el primer plano
El paquete incluirá asimismo ayudas directas a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos, con el propósito de proporcionar liquidez y favorecer la reactivación de la economía local. Sánchez ha presentado este componente como una pieza esencial para revitalizar una estructura productiva especialmente expuesta a cualquier alteración brusca de los flujos fronterizos.
La dimensión económica de la crisis ya ha empezado a hacerse visible. La Cámara de Comercio de Ceuta ha estimado inicialmente las pérdidas empresariales en torno a los 28 millones de euros, aunque ha advertido de que la factura podría aumentar a medida que se incorporen nuevos daños y se prolonguen los efectos sobre la actividad.
Una crisis que también se mide en aulas, hospitales y juzgados
El dinero no irá únicamente a empresas. En un territorio de superficie reducida y población limitada, cualquier incremento repentino de las necesidades asistenciales puede desbordar con rapidez las capacidades ordinarias. El problema deja entonces de ser estrictamente migratorio para convertirse en una cuestión de resiliencia institucional.
La emergencia ha obligado a la Administración a pensar en Ceuta como una ciudad que necesita recuperar simultáneamente seguridad, actividad económica y capacidad de atención pública.
Los menores, la arista más delicada
Existe además una partida diferenciada para atender a los menores migrantes no acompañados. La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia aprobó el pasado 27 de agosto un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, destinado a hacer frente a las necesidades derivadas de la llegada masiva de menores. El acuerdo salió adelante con las comunidades autónomas asistentes, en una reunión marcada por la ausencia de representantes de los territorios donde Vox gestiona las competencias de Infancia y por el rechazo del PP al reparto planteado.
El Gobierno ya había anunciado previamente esa partida, que se suma a los 5,5 millones de euros asignados a Ceuta en el reparto ordinario efectuado en julio.
La cuestión de los menores constituye uno de los principales desafíos de la fase posterior a la emergencia fronteriza. No se trata solamente de alojar. Hay que identificar, proteger, escolarizar, atender sanitariamente y determinar la situación jurídica de cada menor.
El Estado refuerza también la arquitectura de mando
La respuesta económica llega después de una primera reorganización de la gestión de la emergencia.
El Gobierno anunció la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y la creación de un mando único para coordinar la respuesta. La estructura quedó vinculada al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, presentara en Ceuta la ampliación extraordinaria del plan socioeconómico existente.
La secuencia revela cómo ha ido evolucionando la respuesta institucional: primero, control y seguridad; después, asistencia humanitaria; finalmente, reconstrucción económica y social.
Un mes después, la normalidad todavía queda lejos
La intervención económica se produce cuando Ceuta aún no ha cerrado las heridas de la crisis.
Pedro Sánchez ha señalado este lunes que unas 70.000 personas entraron durante el episodio y que aproximadamente el 90 % ya ha regresado a Marruecos, mientras unas 5.000 permanecen en la ciudad, entre ellas alrededor de 1.200 menores, según los datos facilitados por el presidente.
Las cifras, sin embargo, han estado sometidas durante semanas a fuertes discrepancias entre administraciones y fuentes políticas. Un recuento periodístico de EL PAÍS ha señalado que las estimaciones sobre el número total de entradas, los menores y las personas que continúan en Ceuta han variado sustancialmente.
La prudencia resulta imprescindible. Una crisis de estas dimensiones necesita cifras sólidas porque cada número termina determinando una política: plazas de acogida, recursos presupuestarios, efectivos policiales, asistencia sanitaria o distribución de menores. Cuando los datos se contradicen, la incertidumbre también se convierte en un problema de gestión.
La visita del Rey: un gesto institucional pendiente
En paralelo al paquete económico, Sánchez ha avanzado que Felipe VI visitará Ceuta cuando se den las condiciones necesarias.
La eventual presencia del jefe del Estado posee una dimensión que trasciende lo protocolario. El Rey expresó el 1 de agosto su “preocupación e indignación” por los acontecimientos y reclamó que el Estado adoptara las medidas necesarias para impedir que volvieran a repetirse.
Felipe VI ya recibió en agosto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent. El encuentro permitió al monarca conocer de primera mano la evolución de la crisis y trasladar su respaldo a la ciudad. Vivas afirmó posteriormente que el Rey le había transmitido su compromiso de visitar Ceuta, aunque entonces no existía una fecha fijada.
Ahora Sánchez ha vuelto a situar esa visita en el horizonte.
El gesto tiene un evidente valor simbólico: en una ciudad que se ha sentido especialmente expuesta, la presencia del jefe del Estado representa la voluntad de subrayar que Ceuta no constituye una periferia política, sino parte integral del Estado y de la frontera exterior europea.
El dinero no resuelve por sí solo una frontera
La gran incógnita es si la inyección económica bastará para devolver a Ceuta una sensación de normalidad. Los 168 millones pueden aliviar empresas, proteger empleos y reforzar servicios. Los ERTE pueden comprar tiempo. Las bonificaciones pueden estimular contrataciones. Las ayudas directas pueden evitar cierres. El refuerzo de los servicios públicos puede absorber parte de la presión acumulada.
Pero ninguna partida presupuestaria resuelve por sí misma el problema estratégico que subyace a la crisis: la vulnerabilidad de una frontera europea cuya estabilidad depende, en buena medida, de la cooperación con un Estado tercero.
Por su parte, la oposición ha cuestionado la preparación del Ejecutivo, las discrepancias existentes entre distintos departamentos y la respuesta ante las señales previas a la entrada masiva. El propio Gobierno ha defendido su actuación y ha reconocido, al mismo tiempo, la dimensión extraordinaria del episodio. La Audiencia Nacional ha pedido además información a la Guardia Civil para determinar si existieron indicios previos que pudieran haber alertado sobre la magnitud de la entrada.
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