La Comisión de Calidad Democrática del Congreso votará este miércoles si cita a comparecer en su calidad de denunciante de corrupción a José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos que denunció presuntas irregularidades cometidas por el partido como la contratación ficticia de la consultora 'Neurona'.
En concreto, el PP quiere que Calvente explique su experiencia ante la Comisión de Calidad Democrática, que ha creado una subcomisión para estudiar medidas destinadas a mejorar la protección de las personas que denuncian comportamientos corruptos.
Y Calvente es el denunciante del caso 'Neurona', donde el juzgado de instrucción 42 de Madrid investiga la posible existencia de un contrato simulado entre esta consultora política y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas 'moradas'; y es testigo en el caso 'Dina', donde la Audiencia Nacional trata de averiguar cómo apareció en casa del ex comisario José Manuel Villarejo y acabó publicada la información contenida en un móvil robado a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham.
Claro ejemplo de represalias
Precisamente, el debate sobre si Calvente debe acudir o no al Congreso se producirá justo una semana después de que el Supremo devolviera al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las actuaciones que remitió al alto tribunal el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y exhortara a agotar la investigación en el denominado caso 'Dina'.
Los 'populares' consideran que la experiencia de Calvente puede servir para ilustrar a los diputados sobre las represalias que suelen sufrir quienes denuncian corrupción. Y es que, el exabogado denuncia que, tras investigar y cuestionar los hechos presuntamente delictivos que achaca a dirigentes de Podemos, el partido emprendió contra él un "grave proceso de hostigamiento y represalia personal y laboral".
Podemos le despidió en diciembre de 2019 alegando una denuncia por acoso sexual, aunque después admitió que fue un despido improcedente y acordó indemnizarle con 35.000 euros. Además, un juzgado archivó la denuncia de acoso sexual y laboral que presentó en su contra quien fue su compañera en el gabinete jurídico, Marta Flor.
Errejón pide responsabilidad
Según detallaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Comisión Anticorrupción del Congreso, rechazaron la comparecencia de Calvente solicitada por el PP.
El presidente de este órgano, el líder de Más País, Íñigo Errejón, se abstuvo la primera vez que se abordó el asunto e hizo un llamamiento a todos los grupos para actuar con responsabilidad y no convertir la subcomisión en un espectáculo con asuntos ajenos a la misma.
Pero, dado que Errejón no es partidario de que se impongan vetos en la comparecencias y de que, si no hay acuerdo en la mesa de una comisión el tema puede elevarse al plenario de la misma, se ha acordado votar la solicitud del PP, lo que tendrá lugar el próximo miércoles.
En esa misma sesión, los 'populares' forzarán a la comisión a pronunciarse sobre la conveniencia de la que fiscal general del Estado, Dolores Delgado, comparezca ante la misma subcomisión, pero, en su caso, dentro del grupo de comparecientes que van a proponer mejoras para incrementar la independencia de los órganos reguladores.
CNMV y CNMC
Esta solicitud del PP recorrió el mismo camino que la de Calvente, se topó con el 'no' del PSOE y Unidas Podemos en la mesa de la Comisión de Calidad Democrática, pero ahora se retomará. No obstante, la previsión es que sean rechazadas puesto que, en principio, sólo recibirán el apoyo de Vox y, en su caso, de Ciudadanos.
Tras la votación de las peticiones del PP, la comisión retomará sus comparecencias de expertos, recibiendo a los máximos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para escuchar cómo creen que se podría mejorar su independencia y la del resto de órganos reguladores.
Las comparecencias sobre esta materia arrancaron el pasado mes de diciembre con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), Cristina Herrero.
