Jueves agridulce para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha aprobado los reales decretos con la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Dos victorias que contrastan con el jarro de agua fría que Junts ha vuelto a dar al Ejecutivo, uniéndose a PP y Vox para tumbar el escudo social y el tope a los precios en situaciones de emergencia. Un mes después de que decayera el 'decreto ómnibus', las derechas han vuelto a escudarse detrás de las okupaciones para derogar medidas de ayuda a colectivos vulnerables.
El Gobierno tuvo que dividir el 'ómnibus' cuando, en enero, el Congreso tumbó el escudo social porque iba en el mismo texto que la subida de las pensiones, que este jueves sí que ha salido adelante. Pero para Junts no ha sido suficiente, ya que medidas como la prórroga del Bono Social Eléctrico o las ayudas para los afectados por la DANA, iban acompañadas de la moratoria de los desahucios: la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables y cortarles suministros esenciales. Los de Puigdemont adoptan el discurso de las derechas nacionales, y aseguran que esta medida "favorece las okupaciones". Una "excusa absolutamente falsaria", según el ministro Félix Bolaños.
El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha pedido a PP, Vox y Junts que no utilicen los okupas, que asegura que "no tienen ni un solo beneficio" en el decreto, para justificar su 'no' y "dejar a la gente en la calle". "Ni okupas, ni okupos", ha dicho Bolaños, que ha recordado que todo el Congreso -a excepción de Vox- apoyó un Real Decreto "idéntico" a este en 2025. Es el Real Decreto ley 1/2025, cuyo artículo 72 recogía medidas en materia de vivienda que son prácticamente calcadas a las que van en el texto que hoy ha decaído en el Congreso.
Junts ha sumado un nuevo argumento a su voto en contra. Su diputada Marta Madrenas ha dicho en la tribuna que "suspender los desalojos fue justo y ponderado" durante la pandemia, pero no ahora, seis años después: "Convierten una medida excepcional en una penitencia indefinida para los propietarios", ha señalado. Al PP, en cambio, no le ha hecho falta buscar ideas nuevas, y siguen enganchados con las okupaciones. El encargado de la ponencia ha sido José Vicente Marí, que ha dicho que con la suspensión de los desahucios "ayudan a los delincuentes en la okupación ilegal".
Pensiones y las ayudas de Adamuz y Gelida: lo que sí ha aprobado el Congreso
El Gobierno llegaba al Palacio de las Cortes con más dudas que certezas. Tras el varapalo de Junts el miércoles Moncloa ya daba por perdido el escudo social, pero aún quedaba la incertidumbre de otras dos de las tres votaciones programadas. Lo que sí tenían resuelto era la subida de las pensiones, a la que todos los diputados menos los de Vox han votado a favor.
De esta manera, los 13 millones de pensionistas del país tendrán en febrero la misma subida -de unos 50 euros- que tuvieron en la paga de enero. El Real Decreto, que salió del Consejo de Ministros nada más decaer en el Congreso el mes pasado, prorroga la subida de las pensiones contributivas según el IPC, es decir, un 2,7%. La revalorización supone unos 570 euros anuales más por pensionista.
El Ejecutivo también ha podido atar el 'sí' de todo el Congreso a las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida. No esperaban que esto fuera a ser un dolor de cabeza, pero han respirado tranquilos cuando el Partido Popular ha anunciado su voto a favor. El Real Decreto, aprobado el 27 de enero, contempla ayudas complementarias para las víctimas. El Gobierno incluyó en él indemnizaciones que oscilan entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, en función de la gravedad de las lesiones y del tipo de daño reconocido, además de establecer cuantías específicas en caso de fallecimiento.
¿Qué medidas decaen?
Otra de las incógnitas que había pendientes era el futuro del tope de precios en situaciones de emergencia, que el Gobierno aprobó el 10 de febrero después de que, por ejemplo, las aerolíneas especularan con los billetes de avión tras el corte de la línea de tren de alta velocidad que siguió al accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. Una medida que Junts ha tumbado porque considera que "otorga una autoridad ingente al Consejo de Ministros", y que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido que no afecta a los pequeños comerciantes.
El decreto fijaba que el precio máximo de los servicios complementarios a los afectados por las emergencias no podían superar el más alto registrado en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación excepcional. Con esta herramienta, el Consejo de Ministros podía acordar topes temporales en sectores concretos - por ejemplo, alojamiento o transporte - cuando considere que concurren circunstancias extraordinarias.
La caída del escudo social va a suponer la desaparición de una serie de medidas para ayudar a la población más vulnerable. El texto, que salió reeditado del Consejo de Ministros el 3 de febrero tras caer en el Congreso dentro del 'decreto ómnibus', incluye puntos en materia de vivienda, los suministros básicos energéticos, el empleo y los impuestos, las ayudas a las víctimas de las catástrofes naturales y a empresas afectadas por ellas y el aumento de la financiación para las Comunidades Autónomas.
La principal de las medidas en materia de vivienda que caerá por el voto en contra de las derechas es la suspensión de desahucios y cortes de recursos básicos contra familias vulnerables. Esta moratoria da cobertura a más de 60.000 familias, la mayoría de ellas con menores a cargo, de cara a que no puedan ser desalojadas sin tener una alternativa habitacional, compensado la renta al propietario, ni ser víctimas de cortes de los suministros básicos (agua, luz y gas) con los que las multinacionales energéticas engrosan sus beneficios.
También decae la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del plazo para la conciliación de los desahucios de grandes tenedores, el traspaso a las comunidades autónomas para impulsar la vivienda social y la prórroga del Bono Social Eléctrico. En materia de empleo, lo más destacable es que las empresas que reciban ayudas y subvenciones públicas dejarán de tener la obligación de no despedir. También decaen la prórroga de las ayudas para personas, empresas y municipios afectados por la DANA y la exención en el IRPF y el Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas a las personas afectadas por esta tragedia.