Este martes ha comenzado el camino parlamentario para modificar el reglamento del Congreso de los Diputados por el que se permitirá sancionar a periodistas acreditados que obstaculicen la labor de la Cámara, es decir, los conocidos como pseudoperiodistas. En este sentido, en la votación que ha tenido lugar este martes por la tarde, finalmente, las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox han sido rechazadas con el voto en contra de 174 diputados y el apoyo de los 166 escaños de las bancadas de la derecha y la extrema derecha.
El PP de Alberto Núñez Feijóo junto a los de Santiago Abascal han venido defendiendo en los últimos meses que, con el telón de fondo de los altercados protagonizados por figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, las normas de la Cámara Baja ya otorgan las competencias necesarias para resguardar el orden público en dependencias parlamentarias.
No obstante, y ante la iniciativa del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la que pretenden dar respuesta a las peticiones de diferentes colectivos profesionales de periodistas pidiendo medidas para "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo" y actuar contra “activistas de la ultraderecha”, desde la derecha han presentado enmiendas en este debate para dar marcha atrás a la misma; la cual no ha obtenido el resultado favorable que esperaban.
La razón de ser de esta reforma parlamentaria busca regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede el Congreso e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a aquellos que perjudiquen con regularidad la actividad de la institución o el trabajo del resto de compañeros de medios de comunicación. El Reglamento del Congreso, impulsado en 1982, encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios y ahora se pretenden fijar "los requisitos que resulten exigibles". También se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa.
Entre algunos apuntes de calado que conforman esta reforma del reglamento, cabe reiterar que existen dos tipos de infracciones. Las graves serán consideradas por actuaciones como la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, interrumpir durante las ruedas de prensa de portavoces parlamentarios y grabar imágenes o audios sin la autorización, entre otras cuestiones. Mientras, entre las infracciones muy graves, destacan las faltas de respeto profiriendo insultos o amenazas, también la realización de grabaciones ocultas con un fin posterior de difusión pública.
Claves de las posturas del PP y Vox
Al confirmarse el ‘no’ a las enmiendas de la derecha, ha quedado en papel mojado las posturas de ambos partidos en un debate que ya se preveía terminar en estos términos. Por parte de Núñez Feijóo, la alternativa era eliminar todo lo relativo a la regulación de las acreditaciones de prensa al considerar que la Presidencia del Congreso tiene los poderes suficientes de policía en dependencias parlamentarias, pudiendo a su vez “adoptar cuantas medidas consideren oportunas” como posibles expulsiones y puesta a disposición judicial de los autores de los hechos.
“El mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional. Cualquier pretensión para hurtar esa facultad y delegarla en la Mesa o en cualquier otro órgano de la Cámara conculcaría ese principio general, por ausencia de competencias para ello", argumentaban desde el Grupo Popular.
Por parte de Santiago Abascal, dieron muestra de su “rechazo total” a las medidas, aprovechando para incluir en su enmienda su alternativa, en la que incluían suprimir el uso de lenguas cooficiales, regular la fórmula de cumplimiento de la Constitución de los nuevos diputados, recortar el número de comisiones parlamentarias, exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley o prohibir préstamo de diputados para constituir un nuevo grupo parlamentario.
Luz verde al primer paso de la iniciativa
Con todo ello, visto el rechazo a las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y con la consiguiente aprobación del texto impulsado por el PSOE y sus socios, la iniciativa parlamentaria, que se inició por la vía de urgencia, continuará su curso según lo previsto y será este miércoles cuando los grupos parlamentarios presentarán sus enmiendas parciales.
Posteriormente, a puerta cerrada, se discutirá el lunes 14 de julio, mientras que ese mismo jueves ya se debatirá públicamente en la Comisión de Reglamento para lanzar el dictamen de lo que se votará y debatirá en el pleno del próximo 22 de julio.