El pasado 28 de enero, cuando el exministro de Transportes José Luis Ábalos renunció a su acta en el Congreso de los Diputados, una de las peticiones que expresaba quien fuera titular de esta cartera era la de cobrar indemnización. Sin embargo, según ha adelantado la Cadena SER, los servicios jurídicos de la Cámara Baja han desestimado este lunes su petición, negando dicha indemnización y alegando que “ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento de pensiones parlamentarias”.
En este orden de cosas, según expresan los servicios jurídicos del Congreso, “la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario”. Por esta razón, agregan que la indemnización que solicitaba Ábalos resulta “incompatible” con “cualquier otro ingreso”, entre los que figura el de pensión por jubilación. “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”, agregan.
De esta forma, recuerdan que “los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”. Con ello, está previsto que este martes la Mesa del Congreso tumbe la indemnización por cese de actividad solicitada por el exministro.
Cabe destacar que el último diputado que cobró la indemnización por cese fue el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien entregó el acta el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos. En aquel momento, el PP intentó que la Mesa del Congreso impidiera a Cerdán percibir esa cantidad alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar, pero el PSOE y Sumar se ampararon en un informe de los letrados para concederle esa indemnización.
Con todo ello, los servicios jurídicos de la institución concluyeron que el 'número tres' del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el periodo durante el que fue diputado. Cerdán la cobró durante seis meses hasta el pasado diciembre. La diferencia con Ábalos es que Cerdán mantenía intactos sus derechos como diputado cuando abandonó el Congreso, puesto que entregó su acta antes de entrar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.
La renuncia al escaño de Ábalos
El pasado 28 de enero el exministro de Transportes presentaba su renuncia al acta en la Cámara Baja después de que el Tribunal Supremo resolviera su recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en el marco de la causa judicial que le afecta. De esta forma, Ábalos justificaba su salida del Parlamento en el respeto a los procedimientos legales como “pilar fundamental del Estado de Derecho”, así como en la necesidad de preservar garantías como la presunción de inocencia, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva “sin arbitrariedades”.
Al hilo de ello, Ábalos alegó que desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025 ha defendido ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la vigencia plena del derecho de representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución, por lo que reprochó las “prisas” de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender sus derechos y deberes parlamentarios. Así, sostuvo que estas fueron las razones por las que mantuvo su escaño hasta el pasado 28 de enero, aunque reconoció que su actual situación procesal le impedía seguir ejerciéndolo. “No puedo sostenerlo en mi actual situación”, sostuvo, subrayando que a partir de este momento centrará toda su actividad en el ejercicio de su derecho de defensa y en la reivindicación de su inocencia.
En línea con todo ello, el dirigente socialista hizo balance de su trayectoria parlamentaria, que se extiende desde la IX hasta la XV Legislatura, a la vez que agradeció expresamente la confianza de los valencianos que le permitieron representarles en las Cortes Generales y aseguró haber trabajado siempre para “fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo” como valores fundamentales del Estado social y democrático de Derecho. “Ha sido un verdadero honor ser diputado y una responsabilidad emocionante”, concluyó el exministro.